La vivienda popular, la vivienda accesible a los sectores marginados y empobrecidos, debe surgir de programas atentos a las necesidades habitacionales, respetuosos de los valores culturales, apoyados en la capacidad popular (manifiesta o latente) de creatividad y sacrificio que junto con asesoramiento técnico y utilización de tecnologías apropiadas, den como resultado lo que llamamos “vivienda de promoción”; es decir, programas donde la vivienda y la promoción humana se incluyan mutuamente en un mismo proceso.
El nuevo Plan de Vivienda Solidaria del actual Gobierno busca, por una parte, la reducción del déficit cuantitativo a través de una propuesta quinquenal que contempla 10.000 soluciones habitacionales por año; y, por otra parte, plantea un programa de mejoramiento de la vivienda, orientado a reducir el déficit cualitativo. El Plan prioriza la reducción de los déficits otorgando facilidades a los “beneficiarios” para el financiamiento a través de entidades financieras previamente calificadas para canalizar los recursos disponibles para el Plan (del orden de 83 millones de dólares), olvidando que la vivienda más que un mísero refugio tiene un contenido antropológico y cultural que implica una definición colectiva del futuro urbano y se vincula con la accesibilidad a la tierra urbana y a los servicios públicos.
Hoy en día hay una clara tendencia al estudio de los procesos de producción de la vivienda popular, trascendiendo la comprensión del problema de la vivienda como objeto, a la del proceso habitacional como sujeto, ampliando el ámbito de la vivienda al del hábitat entendido como el proceso de utilización del medio ambiente (natural y producido), donde el hombre produce y reproduce, amplía y diversifica sus condiciones de existencia.
En tal virtud, la noción de hábitat incorpora un conjunto de procesos y formas de organización, de signos y códigos, de vivencias y costumbres que consolidan el proceso de cotidianidad de los seres humanos. En el hábitat se crean cultura y valores nacionales, se desarrollan y fortalecen las relaciones sociales, todo lo que genera una trama de procesos en los que la persona humana crea su historia, amplía su mundo y desarrolla su existencia. Esta ampliación del ámbito de la vivienda al del hábitat requiere una estrategia de tratamiento integral para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población, estrategia que debe estar inserta en un Plan de Desarrollo Nacional que garantice prioritariamente las necesidades básicas, especialmente de los más necesitados. Dentro de ésta concepción de desarrollo los programas de vivienda de interés social deberían estar vinculados con programas que tiendan, en una visión sistémica e integral, al mejoramiento de la calidad de vida de la población, buscando elevar su situación de empleo e ingreso, salud, educación, capacitación, recreación y cultura. En este marco, consideramos que la solución al problema del hábitat popular, no debe ser sólo la respuesta a la reducción de un déficit – así sea con facilidades de financiamiento para los más necesitados -, sino la adecuación de la vivienda y del espacio social a las necesidades de promoción humana que abarque, como lo expresó magistralmente Francois Perroux, a “todo” el hombre y a “todos” los hombres.
Pero, a más de la falta de una concepción integral del hábitat popular en el Plan de Vivienda Solidaria, el gobierno central - que paradójicamente se jacta de ser un gobierno con amplia participación – no ha considerado la intervención de los gobiernos municipales (especialmente de las capitales de departamento), olvidando las repercusiones que tienen los asentamientos humanos de los sectores más empobrecidos en la gestión urbana, que exigen una coordinación con las políticas urbanas, pues la localización y tipología de las viviendas de interés social tienen un importante impacto en la configuración urbana y en la orientación de las futuras formas de crecimiento de la ciudad y de sus redes de infraestructura, equipamiento y servicios.
Otra falencia del Plan de Vivienda Solidaria es que no considera que la materialización de la vivienda popular requiere de una innovación tecnológica dirigida a optimizar la producción, de modo que rescatando las formas tradicionales de construir de nuestro acervo cultural, pueda capitalizar las innovaciones tecnológicas exógenas adaptadas racionalmente a las condiciones culturales, sociales, económicas, políticas. La búsqueda de tecnologías apropiadas para la vivienda popular deben surgir de procesos de investigación patrocinados por el Estado, con la participación de los gobiernos municipales, las universidades, las industrias de la construcción y los grupos sociales, pues es obvio que sólo una amplia participación garantizará el éxito de cualquier innovación tecnológica orientada a la búsqueda de nuevos componentes constructivos y nuevos procesos de producción, de modo que de la arbitraria producción de materiales y componentes constructivos, se pueda pasar a una producción planificada que responde a los requerimientos sociales.
Un reportaje sobre este Plan de Vivienda del Gobierno publicado en días pasados en la prensa local, hace referencia a que desde hacen varias semanas hay largas filas en las oficinas de la Mutual Guapay (una de las 14 entidades financieras que calificaron para canalizar los recursos) y que en las filas se oyen comentarios tales como ... “Dice que el Gobierno dará dinero a quienes no cuentan con vivienda”, o, “Hay que inscribirse, van a regalar casas a los pobres....” ¿Será que este Plan de Vivienda Solidaria, así como la nacionalización de hidrocarburos y otras acciones de este gobierno son ... pura demagogia?
Osvaldo Pareja M. * es ingeniero.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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