Escribo estas líneas entre dos fechas memorables para quienes hemos compartido la lucha de nuestros pueblos por una sociedad más justa y hemos sentido la pérdida de dos grandes hombres, dos mártires de la democracia. El uno, sacerdote y jesuita, Luis Espinal, fue asesinado —después de ser torturado salvajemente— el 22 de marzo de 1980, en la ciudad de La Paz, por órdenes de los militares. El otro, Óscar Arnulfo Romero, arzobispo de San Salvador, también fue asesinado dos días después —el 24 de marzo de 1980— por órdenes de otros militares que gobernaban El Salvador. Con dos días de diferencia, en dos países distantes entre sí, pero unidos por la lucha latinoamericana, ambos religiosos eran silenciados porque su palabra molestaba...
Luis Espinal Camps se había comprometido a fondo con los sectores populares de Bolivia: con sus escritos en el periódico Presencia, con su palabra en la radio Fides, con sus denuncias en el semanario Aquí. Pero su compromiso iba a llevarlo más lejos, hasta una huelga de hambre acompañando a las mujeres mineras y a todos los que exigían la renuncia del dictador Banzer y el retorno de los exiliados. El 31 de diciembre de 1977, Luis Espinal inicia en la sede del periódico Presencia la huelga de hambre y desde ella afirma: “Morir por un pueblo puede dar más carta de ciudadanía que nacer en él”.
“Tenemos el vicio de acostumbrarnos a todo —decía Lucho en sus oraciones—. Ya no nos indignan las villas miseria ni la esclavitud ni los millones de muertos de hambre cada año…”, y ante la constatación del peligro de caer en la rutina acababa diciendo: “Señor, que no nos acostumbremos a ver injusticias sin que se nos encienda la ira y la actuación”. Y esa actuación a favor de la justicia provocó su muerte. El 21 de marzo de 1980 fue secuestrado por un grupo de paramilitares que lo torturaron en el matadero y lo asesinaron acribillándolo con 17 balazos. Más de 80 mil personas lo acompañaron luego al cementerio.
Dos días después era asesinado en San Salvador el “Obispo de los pobres”, monseñor Romero. Fiel a su compromiso a favor de su pueblo salvadoreño no dudó en denunciar al Gobierno militar que asesinaba a los campesinos: “Como pastor y como ciudadano salvadoreño —afirmaba en una homilía—, me apena profundamente que se siga masacrando a nuestro pueblo, sólo por el hecho de salir ordenadamente a la calle para pedir justicia y libertad”. Y ante las amenazas que recibía por parte del poder para obligarle a callarse, monseñor Romero denunció: “Esta semana me llegó el aviso de que estoy yo en la lista de los que van a ser eliminados la próxima semana. Pero que quede constancia de que la voz de la justicia nadie la puede matar ya”.
Y así fue. El 24 de marzo se cumplió la amenaza y mientras celebraba la misa, en el altar de la capilla del hospital La Divina Providencia, recibió un disparo de bala que segó su vida. El día antes, en su última homilía, había gritado: “Yo quiero hacer un llamamiento a los hombres del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía…, ningún soldado está obligado a obedecer una orden de matar. En nombre de Dios y en nombre de este sufrido pueblo, les suplico, les ruego, les ordeno en nombre de Dios: cese la represión”.
Monseñor Romero, al igual que Luis Espinal, había dado su sangre por su pueblo. Ahora, 27 años después, en la lucha cotidiana de los salvadoreños y de todos los latinoamericanos que anhelan una tierra con justicia, resuenan sus últimas palabras: “¡Si me matan, resucitaré en mi pueblo!”.
José Ros * es Comunicador
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Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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