El reloj marca las 16.30, cuando el “club privado” abre sus puertas aunque el “foco rojo” no está encendido. Afuera esperan algunos clientes por las muchachas, entre ellas una adolescente de 17 años.
Ella intenta pasar desapercibida entre los hombres, pero su rostro muestra una aparente jovialidad que se mezcla con una sonrisa y el aliento alcohólico. De inmediato se arma un alboroto para “acceder” a la pieza con ella. Es una de las más codiciadas del local.
Ese lugar es el Miski Wasi, ubicado en la avenida Tomás Barrón, en la zona Norte.
Celia (nombre ficticio) es una cholita paceña que vende su cuerpo desde hace un año. Ella fue traída desde la ciudad de El Alto con engaños, “me dijeron que iba a trabajar en una chichería”. La historia cambió en Oruro cuando después de dos días su empleadora le pidió que haga “pieza” con un cliente.
Doce meses más tarde, asegura que cumple esta labor por su voluntad, no siente que está obligada a hacerlo. “Se gana plata, pero también cuesta”.
A su edad, el sueño de superación parece haber desaparecido, aunque tiene la esperanza de retornar a su hogar en la provincia Los Andes de La Paz.
El tiempo para conversar con ella es breve, porque de inmediato se movilizan sus compañeras para “protegerla”.
Celia no es la única menor que se prostituye, hay más. “Muchas se han escapado porque el trato (de la dueña) es horrible; yo creo que antes de pensar en un trabajo, diría que lo piensen mejor”.
El tema no es desconocido para muchas autoridades que tienen el deber de velar por la salud y la seguridad de las menores, pero la directora de Género y Familia de la Alcaldía Municipal, Miriam Omonte, afirma que dentro de estos “clubes privados” existen menores que son explotadas sexualmente.
Operativos infructuosos
“Los operativos que se llevan a cabo no son exitosos, porque sólo se encuentran personas adultas, mientras que las menores son escondidas en otras habitaciones a las que no podemos ingresar, porque la ley lo prohíbe”.
La fiscal Amanda Salinas, hace cuatro meses, conoció una denuncia de dos cholitas de 16 y 17 años, quienes supuestamente habían sido traídas de la Ceja de El Alto para que atiendan una pensión, pero cuando llegaron a Oruro las prostituyeron.
Después de algunos días, escaparon y presentaron una denuncia en la Defensoría de la Niñez y la Adolescencia. Las autoridades de esta repartición municipal presentaron una querella por trata de menores contra quienes las forzaron a cumplir estas tareas.
Las dos adolescentes fueron remitidas a uno de los hogares del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) mientras se investigaba el caso.
El Ministerio Público no acopió muchos elementos para continuar el proceso; en tanto, Sedeges “devolvió” a las menores a sus familias en El Alto.
Así, el caso fue archivado por la Fiscalía del distrito.
La posición de la Alcaldía
Miriam Omonte conoció la denuncia y sostiene que el Ministerio Público debió profundizar las averiguaciones, porque por sus declaraciones se supo de otras menores que trabajaban en estos centros nocturnos.
La fiscal Salinas afirma que es “difícil” detectar la presencia de adolescentes en estos centros cuando se realizan las inspecciones sorpresivas. “En todos los operativos que hemos realizado, no encontramos a una sola menor. Dicen que las ocultan, pero nosotros no tenemos la facultad legal para allanar algunos espacios que están cerrados bajo llave. Los dueños lo saben”.
Una fuente reservada de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen (FELCC) confió a La Prensa–Oruro que los operativos “no son secretos”, ya que la información pasa la “voz de alerta” a las dueñas de estos recintos.
El informante dijo que ésa es una de las razones para que las adolescentes que trabajan en este lugar sean “tapadas”, “pasa la batida y nuevamente vuelven a la normalidad. Ocurre a diario”.
Dio cuenta de que existen dos personas conocidas que “están acostumbradas” a traer menores de ciudades como El Alto, Cochabamba y Santa Cruz. “Primero estudian que la víctima no tenga familiares que velen por ella o que tengan necesidades económicas”.
Una vez que están comprometidas, el o la empleadora puede cometer los abusos que quiera a título de trabajo, mientras la menor es obligada a prostituirse. “Algunas salen, pero otras se quedan, y los clientes prefieren a las "fresquitas", pagan más por ellas y eso representa buenas ganancias para la empleadora”.
La Prensa–Oruro buscó conversar con Flora, una de las empleadoras sindicadas por las cholitas traídas de El Alto el año pasado, pero no fue posible hacerlo. Ella vivía en una casa ubicada cerca de la avenida Tomás Barrón. El hombre que abrió la puerta aseguró que ella no habitaba en este lugar y que no sabía nada de la trata de menores.
Poco minuciosos
La Unidad de Defensa del Consumidor de la Alcaldía se encarga de controlar si estos centros nocturnos tienen el padrón municipal y cumplen con los horarios establecidos, y verifican el pago de las patentes de funcionamiento.
Ayer, las autoridades de esta dependencia edil intentaron clausurar varios de estos centros, porque muchos de ellos funcionan fuera de horario, pero las trabajadoras sexuales se opusieron tenazmente y la acción fue postergada para otra oportunidad.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
© 2007 CEDIB - www.cedib.org