El 20 de marzo, el Director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, hablando en la Comisión de Amazonas del Congreso de su país, afirmó que la producción ilegal de cocaína en Bolivia afecta al Brasil, puesto que la droga ingresa al país vecino.
Sin temor a equívocos y tomando en cuenta varios elementos, entre ellos el incremento de los cultivos de coca, la multiplicación de clanes familiares ligados a mafias internacionales de narcotraficantes, el aumento de la movilización del procesamiento de droga, la ampliación de la frontera de comercialización, entre otros, se está en la posibilidad de afirmar que la cadena de la actividad ilícita ligada al tráfico de cocaína nuevamente amenaza al país, generando descrédito y una sucesión delincuencial.
Las señales son claras. Este diario informó, por ejemplo, cómo en Pando en lo que va del año se registraron varios casos de ajustes de cuentas entre bandas de narcotraficantes, producto de una nueva incursión de mafias internacionales. En el mismo sentido, Estados Unidos alertó del traslado de operaciones a Bolivia de varios grupos extranjeros de traficantes de cocaína. En tanto que la Policía antidrogas del país admitió que, efectivamente, se ha detectado dicha presencia.
Esta situación se está dando como efecto de varios factores. Uno de ellos, la aplicación de una política gubernamental que privilegia la reducción voluntaria de cultivos de coca, donde se presume que los controles sociales no están siendo del todo efectivos. Esto abre la posibilidad de que gran parte de la coca está siendo desviada. Ha llegado a tal grado esa sospecha que los propios cocaleros han planteado la posibilidad de crear grupos de autodefensa contra los narcotraficantes.
Un análisis de las cifras que se manejan sobre la racionalización de cocales, sinónimo que usa el Gobierno para referirse a la erradicación, permite concluir que los cultivos de coca aumentaron, colocándose muy por encima de lo que se erradica (en Yungas existen aproximadamente 18 mil hectáreas y en el Chapare 7.000).
En vista de ello, el propio presidente Morales pidió a los cocaleros que disminuyan los cultivos para cumplir con los compromisos internacionales que tiene el país en este orden.
Los cocaleros de Caranavi acogieron la demanda presidencial, pero los del Chapare no exteriorizaron reacción alguna.
Frente al riesgo que corre el país, el embajador de Estados Unidos, Philip Goldberg, pidió al gobierno de Morales "resultados” y no sólo “deseos" en la reducción de las plantaciones.
A su vez, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) calculó que más del 50% de las 80 toneladas de coca producida anualmente se desvían al narcotráfico. En los últimos tres meses, la FELCN decomisó 850.427 kilos de coca desviada al narcotráfico. Sin embargo, existen estimaciones de que las incautaciones apenas cubren el 30 por ciento del total de la coca que utiliza el narcotráfico para producir cocaína.
El 20 de marzo, el director de la Agencia Brasileña de Inteligencia, Marcio Paulo Buzanelli, hablando en la Comisión de Amazonas del Congreso de su país, afirmó que la producción ilegal de cocaína en Bolivia afecta al Brasil, puesto que la droga ingresa al país vecino. Otro hecho importante, vinculado con la coca, se dio en Viena, donde la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes rechazó la propuesta del Gobierno de "revalorizar" la hoja de coca y ampliar su consumo.
Vistos estos y otros elementos, el país debe ponerse en apronte para no retroceder en materia antidroga.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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