La relación entre el poder y la política ha sufrido algunos cambios importantes, más en su apariencia que en su propia esencia. Ambos se han encargado de domesticar procesos sociales de cambio hasta casi volver a reconstituir un orden sin que estructuras ni comportamientos sociales comiencen a mostrar tendencias diferentes.
Mientras el gobierno de Evo Morales escenifica permanentemente su carácter indigenista y “nacionalista”, a través de discursos y acciones que encienden una legitimidad por ahora intermitente, los improperios y la pirotecnia de la ya decadente oposición política desandan los caminos del debate público y se inmiscuyen en la agenda de los medios hasta casi dar la apariencia de un caos total.
Y no es que este Gobierno no haya dado razones como para dudar de su “carácter transformador”; sus acciones lo han dicho todo: el decreto de “nacionalización” y los contratos petroleros han vuelto a restituir los principios de la política neoliberal en el sector, al no recuperar ni la propiedad estatal de los recursos ni el tan anunciado control de la cadena productiva.
El punto central radica en ver por qué no sólo la oposición sino grupos de poder transnacional y regional pugnan por la deslegitimación del Gobierno si hasta el momento ha sido un funcionario medianamente efectivo en calmar un movimiento popular en alza desde el 2003 y ha logrado restituir democráticamente un orden —no sin ciertas tensiones— para continuar con un modelo que no pretende sacar al país de su dependencia de la exportación de materias primas. Es decir, que los que siempre ganaban antes, podrían —de hecho, lo seguirán haciendo— muy bien continuar con sus negocios sin buscar alterar la imagen del Gobierno ni la actual forma de hacer política.
Sin embargo, la actual pelea por el poder saca del baúl de los recuerdos términos que aluden a valores y normas socialmente aceptadas, como la igualdad, la distribución equitativa, la honestidad o la autonomía regional para mejorar la gestión pública, muchos de ellos olvidados o al menos entendidos como una cáscara decorativa en los últimos 20 años de política neoliberal.
La novedad en este escenario ideológico radica en que, sin horizontes claros para la transformación del Estado, la amplitud de la aceptación de estas normas y valores hace que los grupos de poder económico y político los enarbolen también como parte de su lucha y justifiquen así sus propios intereses. Los sociólogos bien podrían decir que se trata de un típico caso de racionalización de la norma social por autointerés. No creen en ella, pero fácilmente les permite continuar con su actividad sin sobresaltos. Por supuesto, cambio sigue siendo simplemente una palabra más.
Gustavo Luna * es comunicador y trabaja en el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA).
Luna ocupará este espacio quincenal. Bienvenido.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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