El Deber
Se fueron dos tercios de la Asamblea Constituyente y no se ha escrito ni un solo artículo de la nueva Carta Magna. Los 255 representantes nacionales han concluido su etapa de evaluación de las instituciones del Estado, han recorrido siete de los nueve departamentos del país y esta semana estarán en Tarija y Beni para terminar de levantar las propuestas ciudadanas, antes de encerrarse en el Colegio Junín de Sucre para elaborar los informes de comisiones y los primeros artículos de una Constitución que asumió como mandato refundar el país.
Aprovechando el paso de la Asamblea por Santa Cruz de la Sierra, El Deber reunió a 14 asambleístas para que debatan propuestas en áreas de Visión de país, Estructura del nuevo Estado; Tierra, territorio y medio ambiente; Economía; Minería, y Autonomías. El resultado del debate es que son más los disensos que los consensos y que los cuatro meses que restan hasta el 6 de agosto —plazo dado por la Ley de Convocatoria para concluir la nueva Carta Magna— son insuficientes para presentarle al pueblo boliviano un solo proyecto de nuevo texto constitucional.
En la charla se trató de emular los acuerdos de la Asamblea y respetar las proporciones entre mayorías y minorías, pero asegurándose de que los invitados respondan a las líneas ideológicas y propositivas que integran el oficialismo y la oposición. A las mesas de debate asistieron los representantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) Carlos Romero, Isaac Ávalos, Angélica Siles, Marcela Revollo, Magda Calvimontes y Raúl Prada; los asambleístas de Podemos Rubén Darío Cuéllar, Gamal Serham y Jorge Ernesto Ávila; los emenerristas Guillermo Richter y Eduardo Yáñez; los miembros de UN Samuel Doria Medina y Jorge Lazarte, y el integrante de AS Wenceslao Alba.
Si las comisiones de Visión de país y Estructura del nuevo Estado definirán gran parte de la línea de la nueva Carta Magna, en el terreno de la Constituyente hay una lucha entre los que impulsan un Estado plurinacional y los que defienden la definición actual: social, democrática y de derecho. Al primero se adscribe Prada, que habla de cambios profundos a partir de “cómo somos”.
Serham, por su parte, propone una reforma profunda del modelo actual a través de la descentralización, las autonomías y cambios de los paradigmas económicos y sociales.
Por su parte, Richter propone fortalecer el país desde las regiones, mientras Lazarte teme que debajo del Estado plurinacional propuesto por el MAS se esconda una reconstitución de naciones indígenas que vaya más allá de nuestras fronteras.
Sin embargo, cuando se habla de autonomía, hay una contradicción en el MAS. Ávalos asegura que no se tocará la actual distribución territorial, aunque la tesis del Estado plurinacional diga lo contrario, siendo su base la autodeterminación de las naciones originarias con un territorio y un gobierno propios de igual rango que las otras autonomías, sean éstas departamentales, municipales, regionales o provinciales.
En lo que sí están de acuerdo Ávalos, Cuéllar, Yáñez, Calvimontes y Revollo es que la Constituyente no es el mejor espacio para establecer una redistribución territorial, sino para fijar los parámetros necesarios para llevarla a cabo.
A un punto parecido llegaron Romero y Ávila con respecto a tierras: no es la opción más acertada fijar el tamaño de las propiedades agrícolas y ganaderas desde la Constitución. A los masistas y podemistas los separan concepciones distintas de cómo lograr una distribución de tierras más equitativa y qué hacer luego de que todo el territorio nacional esté distribuido. Sin embargo, es una de las comisiones con más puntos en común y que terminará su trabajo antes que el resto.
En Economía se mantiene la discusión de cuánto Estado y cuánto mercado debe haber y los límites de intervención de ambos. Existe la idea de que hay que ayudar a los más necesitados y jugarse por declaraciones económicas que no sean neutras en la Constitución. También existe la idea de que el área minera, siendo estratégico para el país, no puede estar resumido sólo a la propiedad de los recursos, pero queda en disenso qué tipo de tratamiento tendrá la inversión privada en este rubro.
Con todo ello, los asambleístas ya saben de qué está enfermo el país y la desigualdad es su mal mayor. En lo que no se ponen de acuerdo es qué medidas adoptarán para sanarlo. Tienen cuatro meses para hacerlo.
Cuatro ejes temáticos que delinearán la nueva carta magna
Entre lo plurinacional y lo liberal
Dentro del debate sobre Visión de país que mantuvieron Jorge Lazarte (UN), Gamal Serham (Podemos), Guillermo Richter (MNR) y Raúl Prada (MAS) se hizo evidente que hay puntos de convergencia en conceptos macro, no así en los detalles. El representante de Podemos afirma que lo que su movimiento ciudadano busca es configurar un Estado social, democrático y de derecho, bajo una visión progresista. Reconoce la existencia de tres niveles de gobierno: el nacional, el departamental y el municipal. Podemos propone la reestructuración del modelo actual bajo estos ejes: nuevo modelo económico y político, la despolitización de la justicia, respeto de los derechos humanos y la descentralización de las regiones.
La propuesta emenerrista, expuesta por Richter, se basa en retomar el proceso estancado de la Revolución de 1952, pero con algunos “cambios”. “En esa época se buscaba el reforzamiento del Estado en favor de la sociedad; ahora tenemos que ir desde las regiones hacia el Estado”. Desea un Estado unitario, con autonomías y descentralización.
Para Prada, el Estado soñado es uno plurinacional con descentralización administrativa y autonomías en diversos niveles: departamentales, regionales, provinciales e indígenas. “Esta propuesta responde a las exigencias de los movimientos indígenas y a las de las regiones. Bolivia es un país diverso y debemos reconocernos como nación dentro de esta diversidad. Lo más honesto es formar un Estado a partir de cómo somos”, según el masista.
El más crítico de esta propuesta es Lazarte. “Todo lo que escucho es que las diferencias nos unen. Eso no tiene sentido ni lógica. Lo que aquí se busca es reconformar el Tihuantinsuyo”. Agrega que hablar de múltiples naciones dentro de una es una propuesta peligrosa, tanto para la unidad del país como para la armonía del continente.
Por unas autonomías en plural
Los masistas Saúl Ávalos, Magda Calvimontes y Marcela Revollo reclaman, además de la autonomía departamental, el establecimiento de la regional porque aseguran que llega más a la gente que vive en las provincias. Calvimontes añade que los barrios populosos de más de 100 mil habitantes deberían volverse nuevos municipios, y asegura que la gente votó por el SÍ, pero no para crear nuevos centralismos. Revollo plantea que los municipios con concentración de originarios superior al 80 por ciento sean declarados indígenas. Ávalos aclara que no apoyan la creación de nuevos departamentos ni el proyecto de 45 regiones presentado por el viceministro de Coordinación, Fabián Yaksic. El podemista Rubén Darío Cuéllar considera que la gente votó por el SÍ pensando en la autonomía departamental y por ello debe haber tres niveles: el nacional, el departamental y el municipal. “Hemos resumido en el término autonomía la descentralización política y administrativa del nuevo Estado. Queremos que las subprefecturas se conviertan en centros de planificación provincial con todas las capacidades”. Aclara que no se opone a la autonomía indígena, pero considera que los miembros de un determinado pueblo también son ciudadanos bolivianos y deben ejercer la ciudadanía. A su turno, Eduardo Yáñez, del MNR, afirma que se debe buscar un sistema mixto de autonomía, sobre la base de la departamental para los departamentos que votaron por el SÍ, pero que no se les niegue a los restantes cinco la posibilidad de debatir y buscar su propia forma de autogobernarse. Comenta que en su recorrido por el país notó que todos claman por autonomía, aunque no sea necesariamente la departamental. Todos lamentan que en su recorrido nacional nadie expusiera la viabilidad financiera de las autonomías. “Debemos tener el cuidado de no crear excesiva burocracia”, indica Revollo.
Por una visión integral de la tierra
La comisión de Tierra, Territorio y Medio Ambiente será la que primero concluya su trabajo. Hasta el miércoles acabará de recoger las propuestas de la población y la última semana de abril socializará las conclusiones. Así lo informaron Carlos Romero (MAS) y Jorge Ernesto Ávila (Podemos). Sin embargo, la conclusión del trabajo no significa que haya acuerdos plenos. Existe el consenso de que se debe elaborar una Constitución que aborde la temática de la tierra desde un punto de vista integral y no sólo agrario. Romero lo resume como la proyección de una estructura rural integral que articule elementos macroeconómicos, culturales y ambientales, sin disociar las actividades económicas de la administración de recursos naturales. También habla de ir más allá de la simple afectación de latifundios, estableciendo un modelo de desarrollo que tome en cuenta las asimetrías y diversidades económicas, reconociendo la iniciativa privada para generar polos de desarrollo fuertes y recuperando formas de economía asociativa. Ávila coincide en que hay que respetar los factores culturales y la diversidad económica. Propone convertir la tenencia de tierra en empresas agropecuarias para evitar que se sigan fraccionando. Plantea, además, reagrupar los minifundios del occidente en cooperativas o empresas comunes. En su opinión, esto seguirá generando empleos cuando no haya más tierras fiscales para redistribuir.
Romero coincide en que ésta será una de las últimas posibilidades de una redistribución, y observa que el Estado debe hacer un esfuerzo fuerte para modernizar la actividad ganadera, pasando de un sistema de cría intensiva a una semiintensiva. Con ello habría tierra para introducir a más gente en la actividad. Considera que en poco tiempo los agricultores deberán dejar de pensar en ser sólo agricultores y decantarse por otras actividades complementarias.
Una lucha entre Estado y mercado
Samuel Doria Medina (UN), Wenceslao Alba (AS) y Angélica Siles (MAS) se refirieron a las demandas de la población sobre los aspectos económicos que deben incorporarse en la nueva Constitución Política del Estado. Economía comunitaria, pero sin descartar la propiedad privada, es la propuesta de Siles para que sea insertada en la futura Carta Magna. El fundamento se basa en recuperar los principios ancestrales de unidad, reciprocidad y complementariedad. Según ella, la sugerencia no significa que se busque la anulación de la propiedad privada, sino que se equilibren los extremos para ayudar a sectores como los que forman las pequeñas y medianas empresas.
Doria Medina resume en tres puntos las sugerencias que ha escuchado de la población. Asegura que la propiedad privada tiene raíces muy fuertes al igual que la economía de mercado. Dice no haber escuchado propuestas que vayan en contra de esos sistemas. Que se debe dar más apoyo a sectores como las organizaciones económicas campesinas, artesanales y pequeños empresarios, y que hay que cambiar la economía basada en la explotación y exportación de materias primas, dándole mayor importancia a la industrialización.
Para el jefe de UN, la actual CPE es neutra en cuanto al tema económico, y es necesario que tenga un mejor perfil. Alba, que capta las propuestas en el tema minero, señala que la actual Constitución sólo tiene tres artículos sobre la propiedad de los recursos naturales no renovables, al decir que son del Estado sin mayores detalles. Ante ello, considera que es necesario hacer ajustes, como en el área impositiva. Agrega que le piden que se refunde Comibol y que ven con desconfianza a la empresa privada minera. Tanto Siles, Doria Medina y Alba coinciden en que la futura CPE debe ser más específica y dar una pauta concreta de qué país queremos en el plano económico.
Radiografía
Economía
Hay boom de la minería en Potosí con inversiones superiores a $us 1.000 millones.
La extracción de materia prima está gestando un nuevo eje económico, formado por Tarija, Potosí y Chuquisaca.
Los invitados no se refirieron puntualmente sobre la base económica agropecuaria.
Visión de país
Se quiere un Estado con autonomías y descentralización, pero se difiere en las formas.
Se busca un Estado unitario, democrático y de tinte social, pero no hay acuerdo si debe ser plurinacional, o multiétnico y pluricultural.
Se busca la abolición de las desigualdades, fortalecimiento de los derechos humanos y apertura política a sectores marginados. También se habla de justicia comunitaria.
Tierra y territorio
Hay coincidencia en que no se constitucionalizarán los decretos que limitan el acceso a tierras fiscales sólo a campesinos e indígenas.
Hay disenso en cómo redistribuir la tierra: si los departamentos deben tener tuición o si los indígenas deben ser propietarios de los recursos naturales en su territorio.
Autonomías
Los principales disensos se enfocan en los tipos de autonomía y si en Bolivia debe haber triterritorialidad (tres categorías territoriales iguales ante la ley) o si debe ser un territorio, pero con tres niveles de gobierno.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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