Ni el Gobierno central, ni la Prefectura ni la Alcaldía cuentan con visiones integrales para los menores que cometen delitos. Sólo el gobierno departamental tiene dos reclusorios, aunque éstos no cumplen una labor de reinserción social para los niños.
“Decir que nos faltan políticas claras no es malo, yo puedo reconocer eso por honestidad”. El director general del Viceministerio de Género y Asuntos Generacionales, Antonio Abal, se refiere a la carencia de propuestas nacionales en defensa de los niños infractores. Y su afirmación también puede adecuarse a la situación de la Prefectura y del gobierno municipal paceños.
Las instituciones tanto del Gobierno central como municipal plantean respuestas paliativas, pero no una política que ayude a los menores a dejar de infringir la ley.
La Prefectura, por su parte, ofrece como respuesta dos centros donde esta población conflictiva e inimputable recibe capacitación en ámbitos manuales, pero con resultados poco alentadores.
“De hecho, casi un 60 por ciento de jóvenes que caen a la cárcel, por sus antecedentes conflictivos, ya estuvieron antes en un centro del Servicio de Gestión Social (Sedeges)”, cuenta el coordinador de la Plataforma de Servicio Integral de la Alcaldía, Marco Antonio Girá, quien hace hincapié en la ineficiencia de las terapias de esos reclusorios: Centro de Terapia y Diagnóstico para Mujeres y Centro de Terapia y Diagnóstico para Varones.
La directora del centro para mujeres, Marisol Manríquez, aclara: “El Código Niño, Niña y Adolescente conmina a los Sedeges a abrir centros especializados para atender a esta población”. Pero Girá refuta: “El asunto no es abrir más centros especializados, sino lograr que la infracción no se dé más”.
Sólo un albergue
En el ámbito municipal, la Defensoría sólo tiene un albergue transitorio. “Aquí se quedan a dormir algunos niños, pero la situación debe ser muy violenta para que retengamos al menos —dice la directora de la Unidad de la Niñez, Roxana Minaya—, porque lo principal es que el núcleo familiar se mantenga unido”.
El Defensor del Pueblo tampoco tiene políticas establecidas para este grupo social: “Estamos trabajando en un programa que es dirigido específicamente a esta población infractora”, informa Waldo Albarracín, aunque no da la fecha en que el plan se pondrá en marcha.
El concepto de niños infractores incluye a dos grupos: de hasta 12 años, que son inimputables conforme a las leyes nacionales, y de 12 a 16 años, que sí lo son pero con penas reducidas, como trabajos o una reclusión máxima de tres años.
Los primeros son devueltos a sus familias y son sus padres quienes tienen que responsabilizarse de las fallas de sus retoños, pero para los mayores de 12 años sólo existen dos albergues prefecturales que no cumplen su función de reinserción social.
Vacíos gubernamentales
Antonio Abal radiografía algunas razones por las que la niñez no goza de una política plena que la defienda. Hay un sistema de información que no recoge datos de la situación de los niños, por lo que no se realizó un diagnóstico preciso para hacer una estrategia. “Por eso, hasta ahora fueron sólo acciones estrictamente paliativas”.
Al justificar la carencia de lineamientos nacionales, utiliza el argumento de los posibles cambios que analiza la Asamblea Constituyente.
Si en este momento se estructura una política, ¿probablemente no se la pueda poner en práctica después del 6 de agosto? “Sí, es posible, porque ¿qué tal que haya un quiebre autonómico y las nuevas disposiciones hacen que la política se traspase a nivel regional?”.
“No es lo mismo la niñez rural que la urbana, así como el menor altiplánico con aquel que vive en la amazonia. Por ello, no se puede hacer una política para una población heterogénea”.
Abal añade que hacer políticas sólo enfocadas en los infractores es errado, porque se debe crear políticas intersectoriales para devolverles ciudadanía.
Para los niños en riesgo, como los de y en la calle, se tratará de considerar sus necesidades y propuestas en un encuentro en Santa Cruz el 12 de abril, fecha en la que se celebra del Día del Niño. Unos mil muchachos de y en la calle harán oír sus necesidades para que el Gobierno central elabore una estrategia en beneficio de ese grupo etario.
¿Qué hacer con ellos?
“No podemos vulnerar sus derechos, aunque sean menores”, dice la directora del Centro de Terapia Mujeres, uno de los dos que pertenecen a la Prefectura y tratan a esta población. El otro es para varones. No pueden obligar o llevar a rastras a niños infractores, sean de la calle o con familia.
“Hay que crear mecanismos de control social”, añade el Director general del Viceministerio. Se debe recuperar, dice, modos en que la comunidad —llámese zona, barrio o colegio— ayude en la conducta del joven y se responsabilice cuando comete alguna falta.
No denuncian las infracciones
“Es la paradoja de los niños infractores: los medios dicen que hay pandillas y la gente ve a chicos en la calle y drogándose, pero nadie da a conocer las infracciones que cometen”. El coordinador de las Plataformas de Servicio Integral del municipio, Marco Antonio Girá, demuestra con cifras esos vacíos estadísticos que develan las conductas de algunos menores de edad.
En la gestión pasada, la Unidad de la Niñez —de la Dirección de Derechos Ciudadanos de la Alcaldía paceña— registró sólo cuatro acusaciones de niños que cometieron faltas. “Esta gestión no tenemos ningún caso nuevo”, informa la responsable de la Unidad, Roxana Minaya, quien dice que los casos del pasado año fueron por consumo de bebidas alcohólicas y relacionados con la Ley 1008. Girá explica: “Ante la situación de ser inimputables, los menores de 16 años son usados cada vez más en el transporte y tráfico de drogas”.
En el centro de Terapia y Diagnóstico de Mujeres del Servicio Departamental de Gestión Social (Sedeges) de momento no hay ninguna infractora, pero según la directora Marisol Manríquez, los últimos tres años hubo 35 internadas en este espacio de rehabilitación.
De esta cifra, 20 estuvieron relacionadas con robo, cinco con complicidad en lesiones graves, tres por homicidio y una porque la menor estuvo involucrada con drogas.
El alcohol y las parejas
La Brigada de Protección a la Familia recibe aproximadamente 35 casos al día, informa la subteniente Marienela Montoya. De éstos, 15 son denuncias de agresiones contra niños o adolescentes y sólo cinco son denuncias por menores que agredieron a alguien. Cuatro de esos casos están relacionados con el consumo de bebidas alcohólicas, ya sea escándalo en vía pública o agresión. “Pero cada día por lo menos tenemos un caso de menores que quisieron escapar con su pareja o que fueron pescados haciendo algo”.
Hermetismo en centros de rehabilitación
“No quiero vivir con mis padres, me dejan en mi casa todo el día cuidando a mi hermano menor y encima no me dejan salir con mis amigos. No quiero estar con ellos”.
Habla un muchacho de 17 años. Hace un par de años estuvo en el Centro de Terapia y Diagnóstico para Varones ubicado en el corazón del casco viejo paceño. Después de ser llevado a la Brigada de Protección a la Familia y con la aprobación de los padres, fue trasladado a ese hogar de rehabilitación cuando apenas se le iba la resaca de la farra en la que deshizo el rostro de uno de los quinceañeros con los que bebía.
El Servicio de Gestión Social (Sedeges) tiene que cobijar a la población infractora. “Pero también tenemos a niñas víctimas, ya sea por explotación laboral, trata de blancas o prostitución”, cuenta quien lleva la batuta en el centro prefectural para Mujeres, Marisol Manríquez. Dividen el espacio y ambas poblaciones sobrellevan diferentes terapias. Aunque la ocupacional es para todos. Javier estuvo dos meses en el centro y aprendió algo de carpintería, y relata que al salir del reclusorio nada cambió en su hogar, la distancia con sus padres sigue latente. “A cachos extraño ese lugar”.
El centro para Mujeres es un misterio, pues las autoridades del Sedeges son herméticas, ya que se prohíbe conocer a los que habitan el edificio que está en Villa Fátima. Es tanto el hermetismo que la directora se traslada hasta el Sedeges para ser entrevistada.
Manríquez cuenta que repostería, tejidos, peluquería y artes manuales son sus prácticas comunes. “Aunque actualmente hacen teatro, en el que representan sus testimonios, y advertimos de que eso les sirve de terapia para canalizar el dolor de su experiencia”.
La actividad en los centros prefecturales comienza a las 06.30 con un duchazo, continúa con la limpieza del cuarto, luego el desayuno a las 07.30. A las 08.30 deben entrar en las aulas de terapia ocupacional. Un día a la semana practican sólo gimnasia; otro, sólo repostería. Las comidas son iniciadas con una oración que pertenezca a la religión de la menor o el menor. “No les obligamos ni en eso”.
Los niños menores de 12 están libres de culpa
Un robo, un homicidio. Un parricidio incluso. Estas caras del delito muestran su lado más amable cuando se trata de menores de edad, especialmente de aquellos hasta los 12 años, pues un chiquillo que cometa alguno de estos crímenes no será sancionado penalmente, y sus padres cargarán la culpa civil, ya sea asistiendo a una terapia o con resarcimiento económico por la falta que el pequeño haya cometido contra un tercero.
“Niño infractor a la ley” o “con conducta irregular” son conceptos que reflejan a un menor de edad que cometió un delito grave o una falla en la conducta y afecta a alguna persona con daño permanente o temporal. De 12 a 16 años ya se puede hablar de sanciones, mas no las que carga un mayor de 16.
Si la pena no es tan grave, cumplen tareas a favor de la comunidad, como limpieza de calles, ayuda a ancianos o niños, o incluso reclusión domiciliaria bajo control institucional.
“Una pena grave es la reclusión en un centro por máximo de cinco años”, explica el coordinador de las Plataformas de Servicio Integral del Gobierno Municipal de La Paz, Marco Antonio Girá. Pero no cualquier centro, debe ser uno especializado para menores de edad, que trate el conflicto que llevó al niño o adolescente a cometer la falta, leve o grave.
Debe tener un tratamiento enfocado a la rehabilitación de la conducta y la conciencia del chico, para que asuma sus errores y no repita más la falla. Pero sobre todo debe apuntar a la reinserción en la familia para que el núcleo no se disgregue.
La directora del Centro de Terapia y Diagnóstico Mujeres del Servicio de Gestión Social (Sedeges), Marisol Manríquez Sánchez, es tácita: “Por muy buenas y largas que sean las terapias rehabilitadoras, no son efectivas si es que no existe interés y acercamiento de las familias”.
El Código Niño, Niña y Adolescente indica que a partir de los 16 años los menores de edad ya son imputables, por lo que legalmente son tratados como adultos luego de cometer un crimen o falta. Tienen sanción penal y las acusaciones que se les hace se realizan en el marco del Ministerio Público. Marco Antonio Girá añade: “No sirven las políticas que sólo castigan, sino las que ayudan a que el delito no se repita”.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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