Lo primero que llama la atención es que los más interesados en solicitar los cambios no son los afiliados al nuevo sistema de pensiones, conocido como fondos previsionales, sino personas que no tienen nada que hacer con los recursos ahorrados por más de 995 mil afiliados.
Si los aportantes a las administradoras de fondos de pensiones (AFP) estuviésemos descontentos o con sospechas de malos manejos por parte de los administradores de estos recursos, seríamos los primeros en reclamar los cambios. Pero no es así, las dos empresas encargadas de administrar nuestros recursos previsionales gozan de alto prestigio, están reguladas por la Superintendencia de Pensiones, realizan la misma actividad en otros países y, lo más importante, gozan de la confianza de sus afiliados, que mayoritariamente rechazan retornar al antiguo sistema de reparto, y mucho menos si es administrado por el Estado, o como dice la propuesta, en forma “mixta”.
Uno de los mayores problemas es cómo proteger esas reservas de dinero contra los desfalcadores y el uso de esos recursos con fines políticos. Igualmente grande es el peligro de grupos que usan su poder político para desviar el dinero de los fondos de pensiones, generalmente con el fraudulento pretexto de hacer que éste sirva a “objetivos socialmente constructivos”. Estos fondos son ahorros de casi un millón de empleados y no deben estar al servicio de nada ni nadie, excepto para el futuro financiero de los aportantes, éste es el mayor “objeto social” al que pueden servir.
Un diputado y un dirigente de los jubilados mencionaron que “creían” que había malos manejos en las AFP, jamás mostraron algún documento o prueba que respalde tan temeraria aseveración, es decir, sólo son calumnias y obedecen claramente a una estrategia para generar un clima propicio para introducir los cambios que pretenden.
Respecto de la propuesta de establecer los 55 años la edad de jubilación con el 70 por ciento del salario percibido, suena muy bien “marketeramente” hablando, pero es vendernos una falsa ilusión. La realidad nos muestra que la población mayor de 55 años, que en 1950 representaba el 9 por ciento de la población, para el año 2050 representará el 24 por ciento; mientras que la población entre cero y 19 años, que representaba el 51 por ciento, será solamente del 27 por ciento en el mismo periodo. Por lo tanto, volver al sistema solidario no pasa de ser una simple utopía, a no ser que el Estado esté dispuesto a desembolsar la creciente diferencia, aumentado así el déficit fiscal a niveles insospechados. El retorno al antiguo sistema no es viable financieramente, a diferencia del nuevo sistema, que logra ser autosostenible.
En el nuevo sistema uno puede jubilarse a la edad que quiera, siempre y cuando haya acumulado la suficiente cantidad de recursos que le permitan generar una renta mensual hasta más allá de los 85 años, edad que la mayor parte de la gente irá alcanzando con muchas más probabilidades.
En todos los países con sistemas previsionales, los fondos de pensiones se han convertido en la principal fuente de financiamiento, poseen el 65 por ciento del capital social de las 500 empresas más grandes del mundo, así como una porción casi igual de su deuda fija. El capitalismo que practican estos fondos es en realidad un socialismo, puesto que la propiedad de los medios de producción pasa a manos de los propios trabajadores y empleados.
En Bolivia más bien debemos profundizar la reforma y hacer un esfuerzo para que esos recursos se canalicen en el desarrollo del sector productivo, y no para financiar el gasto del Estado vía deuda interna, hoy mayor que la externa.
Fernando Mirabal P. * es Ingeniero industrial especializado en economía
"fernandomirabal@yahoo.es
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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