La gira de los miembros de la Asamblea Constituyente por los nueve departamentos –inconclusa todavía cuando eran escritas estas líneas– se ha convertido exactamente en lo contrario de lo que debió ser: un foro amplio en el que las instituciones diversas de la sociedad civil tuvieran la oportunidad de exponer sus criterios, de manera que sean adecuadamente tomadas en cuenta en el trámite de aprobación de las profundas y necesarias reformas constitucionales que se avecinan. Pero no fue así. Al contrario, impuso sus fueros dañinos la intolerancia y quedaron bruscamente abolidas las posibilidades de diálogo. La violencia echó a empellones los argumentos y la gritería sacó a empujones la razón. La ideología... unos puñetes sobre el rostro del adversario.
En medio de las trifulcas que se desataron en Santa Cruz en dos días consecutivos de comienzos de la presente semana, pugnaron por dejarse oír voces que hablaban de lo que ocurría como de una factura que se pasaba a quienes serían responsables –eso es lo que se dijo– de agresiones sufridas antes por constituyentes cruceños. Ni lo uno ni lo otro tienen justificativo.
Ahora enfrentamos los riesgos de las diferentes lecturas que promueven tan lamentables acontecimientos. Entre todas las interpretaciones que se hacen, la que intenta vincular con lo ocurrido al movimiento cívico cruceño y a sus dirigentes es una de las más perniciosas. Peligrosa afirmación. Insostenible sin la presentación de pruebas. Y violatoria del principio jurídico universal sobre la presunción de inocencia. Circunstancias que, de todos modos, no eximen a la dirigencia cívica de una indagación con el fin de identificar a los provocadores, no para sancionarlos, que no es ése su papel, sí para tomar medidas precautorias que impidan la repetición de la intemperancia.
Existe otra razón, más fuerte que cualquiera, que induce a descartar dicho extremo. Nadie que tenga dos dedos de frente y esté en su sano juicio, incurre en el despropósito de hacer algo que perjudique sus mejores y más grandes objetivos. En este caso, la anhelada autonomía departamental. Los conductores del impulso que debe llevar al sistema autonómico, los que sueñan con él, no pueden incurrir en actos que desprestigien o debiliten moralmente su alto ideal.
De ahí que quienes sostenemos que la autonomía es necesaria e impostergable, nos preocupemos frente a los recientes lamentables acontecimientos. Y que pensemos que deben realizarse los mayores y más sinceros empeños para ahuyentar los fantasmas que acaban de ser despertados y a los que no se puede permitir que campeen por todas partes sembrando temores y preocupaciones. Las grandes causas –la autonomía es una de ellas– se imponen por la fuerza de sus argumentos y por la aquiescencia de la historia. No necesitan nada más.
Es cierto: todo infortunio deja lecciones que pueden ser asimiladas. Para hacer lo que debe hacerse e inhibirse de lo contraproducente. Cuán triste y negativo sería que los días que vienen sean sólo tiempo de recriminaciones estériles e inamistosas de uno u otro lado. Lo sensato es hacerse el firme propósito de impedir que esos hechos vuelvan a suceder y reconstruir el ambiente social del que se halla urgido el proceso de estudio y aprobación de la nueva Carta Magna. El resto seguirá en manos de la Asamblea Constituyente, en cuya capacidad concertadora confiamos aún. Siempre que sus alas componentes renuncien respectivamente a sus pretensiones hegemónicas y a su sistemático entorpecimiento de todo lo que se intenta hacer para que finalmente no se haga nada.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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