El Gobierno es el principal responsable de la actual y riesgosa polarización sobre el tema de las autonomías regionales. Enfrentó el asunto con total irracionalidad y falta de previsión. Lo primero se puso se manifiesto cuando a través de múltiples declaraciones públicas, arremetió contra el modelo de organización territorial y administrativa por el cual habían optado en las urnas, en forma libre, mayoritaria y democrática, los pueblos de Santa Cruz, Tarija, Pando y Beni.
La irracionalidad consistió en desconocer el rango soberano de tal determinación. Los pueblos de los cuatro departamentos definieron el asunto referido, en su calidad de fuentes de una soberanía popular que a nivel regional tomó una decisión que el gobierno central no puede desconocer y peor contrariar.
El modelo autonomista no fragmenta al Estado, sino que fortifica a la democracia. Ésta sale fortalecida cuando las regiones eligen democráticamente a sus propios gobiernos, administrándose a sí mismas, sin otras limitaciones que no sean las que impone el respectivo marco jurìdico-legal. Es lo que en su tiempo se hizo en esa España que hoy figura entre las naciones europeas cuyo desarrollo la ubica entre las principales del mundo. El gobierno central, representando a todos los españoles ante la comunidad internacional, con atribuciones específicas a nivel nacional, convive en paz y armonía con todas las regiones que optaron por la autonomía. Nadie pelea con nadie y el Estado sigue despegando.
A la irracionalidad el Gobierno agregó la imprudencia al tratar de menguar la autoridad de los prefectos de los departamentos con ‘delegados presidenciales’ provistos de un ‘minigabinete’ de bien remunerados funcionarios. No era necesario dar este paso, al margen del ordenamiento jurídico-legal, dentro del cual tales ‘delegados’ no están previstos. En consecuencia, son totalmente ilegales. Para fines de coordinación entre el Ejecutivo y los gobiernos regionales, existe en La Paz un ministerio de la Presidencia de planta burocrática más o menos densa. Si su labor básica es transferida ahora a los ‘delegados presidenciales’ asistidos por ‘subdelegados’, corresponde preguntarse a qué se dedicará ahora en el Palacio de Gobierno.
En otro rapto de imprudencia, el Gobierno intenta debilitar las autonomías regionales con las ‘autonomìas’ indígenas, olvidándose que lo indígena-territorial corresponde específicamente a lo municipal. Así lo dispuso la descentralización administrativa que se operó en el país, cuyo componente principal fue una justa redistribución de recursos entre los municipios. Así las cosas, el municipio les basta y sobra a los indígenas que aún viven en las zonas rurales y que, por cierto, no son los mas.
Ahora la polarización se agrava más aún con la demanda chuquisaqueña, respaldada por las regiones de la denominada ‘Media Luna’ de que los poderes Legislativo, Judicial y Ejecutivo sean reinstalados en Sucre, la antigua capital de la República. Naturalmente que La Paz cerrará filas contra tal posibilidad, con lo cual la confrontación adquirirá rigor lindante con lo nacional.
Y todo por el manejo imprudente e irracional que hace el Gobierno de los temas de la agenda nacional.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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