La sola mención de que en la Constituyente se presentaran casos de corrupción echa por los suelos toda esperanza en que, de la Asamblea, renazca una patria nueva, sin los vicios censurables de anteriores gestiones, que, justamente por corruptas, provocaron el desencanto general en el país y dieron vía libre al cambio político, encarnado por el MAS y su líder, el actual presidente Evo Morales.
Si la suprema instancia que, con tantos tropiezos, está empeñada en elaborar la nueva Carta Magna muestra una cara en descomposición, le quitará toda confiabilidad a la ciudadanía, ya que nada bueno puede cosecharse de un germen en mal estado. Si en el seno mismo de la Asamblea se detectan hechos dolosos, ¿qué se puede esperar de lo que puedan producir los constituyentes?
Por eso, para salvar una situación que sería detestable, se deben aclarar ciertas observaciones que tienen que ver, presuntamente, con corrupción, irregularidades administrativas y hasta nepotismo. ¡Justamente todo lo que el actual Gobierno prometió erradicar! Si, como se sabe, la inmensa mayoría de asambleístas pertenece a las filas del MAS —y por tanto las directivas—, resulta incomprensible que el propio vicepresidente de la Asamblea, Roberto Aguilar, se muestre preocupado por al menos dos o tres casos de evidentes irregularidades administrativas.
La Razón se ha informado directamente de estas anomalías, a través del citado vicepresidente de la Asamblea, y ha tenido acceso, además, para observar situaciones poco claras que suceden en la Dirección de Compras y Adquisiciones de la institución. Han existido denuncias de extorsión y amenazas de renuncias en círculos próximos a la Oficialía Mayor de la Asamblea. Pero, concretamente, desde la Dirección de Compras y Adquisiciones se habría exigido dinero a cambio de algunos trabajos de edición de documentos para la Constituyente.
Se ha manifestado que la propia Asamblea se podría convertir en parte civil para entablar juicios penales contra los funcionarios que estarían involucrados en malos manejos, pero, de ser así, no sabemos qué garantías habrían para que la fiscalización sea lo efectiva y rigurosa que se requiere en las circunstancias presentes.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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