El gerente regional de la Aduana, César Alcócer, informó que el Control Operativo Aduanero (COA) comenzó a la medianoche a detener los camiones que ingresan con ropa usada. El Gobierno resolvió no ampliar el plazo solicitado por los “ropavejeros” y éstos se declararon en estado de emergencia mientras continúen las negociaciones.
Los efectivos del COA darán cumplimiento al Decreto 28761, que prohíbe la importación de prendas de vestir de segunda mano a partir de hoy.
“Lo único que hacemos como Aduana es cumplir con la ley”. A diario pasan por el Puente Español unos cinco camiones con fardos de ropa usada que es distribuida en el mercado Kantuta, de Oruro, desde las tres de la madrugada.
La autoridad aclaró que toda la mercadería clasificada como prendería usada que haya sido embarcada después del 20 de abril será confiscada, en tanto que los camiones que fueron registrados en días anteriores ingresarán en la ciudad de Oruro sin el menor problema.
El viceministro de Exportaciones, Pablo Rabczuc, informó que el Gobierno no dará un paso atrás en su decisión de prohibir las importaciones de ropa usada a partir de este sábado 21.
El decreto promulgado el 21 de junio de 2006 establece que el 21 de abril de 2007 será el término indefectible para el cierre de las importaciones de prendas de vestir a medio uso.
Sin embargo, los comerciantes de ropa usada piden que el Gobierno amplíe indefinidamente el plazo para la importación de prendas, de lo contrario darán una dura pelea hasta conseguir su objetivo. Al menos tres familias controlan el negocio de la prendería usada en Oruro, el resto de los “ropavejeros” son minoristas.
Amadeo Tapia, dirigente de la Comisión Nacional de Defensa de la Ropa Usada y Prendería de Segunda Mano, dijo: “Vamos a defender a fuerza de presiones nuestro trabajo, no es ningún delito ser comerciante de ropa usada como nos quieren hacer ver, este negocio hace que nuestras familias tengan el pan de cada día”.
Los vendedores de ropa a medio uso no quieren quedarse sin ingresos después de un mes, cuando, pronostican, desaparecerá toda la mercadería internada hasta ayer. Con ese objetivo decidieron este viernes en una asamblea mantenerse en emergencia hasta que las negociaciones con el Gobierno terminen.
Las ventas
Las actividades en el “shopping” Kantuta comienzan a diario a las 02.00, cuando el frío se asienta sobre las calles polvorientas, pero a Nicasia T. no le importa levantarse a esa hora, porque es la “única oportunidad” para adquirir estas prendas.
Cuando la mercadería es llevada al mercado Bolívar o a otros centros de abasto, sube su precio. Eso es lo que da “de comer” a Nicasia y a sus cinco hijos que estudian en un colegio de convenio. “Yo opino que no deberían cortarnos así porque esto es un trabajo y la gente prefiere vestirse con poco dinero”.
La hipótesis de la comerciante parece confirmarse porque ayer el mercado Kantuta estaba repleto de visitantes, algunos llegan incluso de La Paz o Santa Cruz de la Sierra. Por ejemplo, Benigna Cayo es una comerciante de prendas usadas de quirófano. La ropa que adquiere en Oruro es vendida a muchos centros de salud de otros lugares del país para el uso de sus pacientes.
Una de sus estrategias consiste en que antes de entregar los “mandiles” los limpia y los plancha hasta que queden como nuevos. “Las telas son muy resistentes, eso les gusta porque no se desgastan fácilmente como los que se compra por paños”. Su capital, dice ella, no supera los dos mil dólares.
“Más que ganar, creo que sólo da para vivir. Los que realmente sacan la plata son los grandes”. Y los “gigantes” son tres familias que constantemente viajan hasta la frontera para controlar en persona el ingreso de la mercadería, ya sea por la vía legal o por contrabando.
La Prensa intentó comunicarse con uno de los empresarios más pujantes de la ropa usada, Aguelino Fernández, pero fue imposible pues su celular está desconectado y en su casa ubicada en la zona de Villa Challacollo nadie atiende. Sus vecinos aseguran que está de viaje.
15 toneladas diarias del producto
El Instituto Boliviano de Comercio Exterior (IBCE) estima que diariamente eran internadas unas 15 toneladas. La mayoría elude los controles fronterizos para evitar el pago del gravamen aduanero y otros tributos.
Un estudio realizado en 1995 reveló que sólo el 7 por ciento de la prendería usada que se vende en Bolivia ingresó legalmente en el territorio nacional, mientras que el saldo es de contrabando.
Los reclamos
La Federación Departamental de Micro y Pequeñas Empresas de Oruro (Fedemype) rechazó cualquier intento para ampliar el plazo a la importación de esta mercadería. Hace dos días, los microempresarios quemaron ropa usada en plena plaza 10 de Febrero en protesta.
El presidente de la Federación de Empresarios Privados de Oruro (FEPO), Mario Vásquez, aseguró que el Gobierno debería optar por cobrar impuestos a estos comerciantes.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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