El anteproyecto de la Ley del Centavo de la Dignidad, que propone un impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, tabaco y derivados de hidrocarburos, pronostica una recaudación de 80 millones de bolivianos.
El objetivo del proyecto impulsado por la bancada del MAS en la Cámara de Diputa-dos es la construcción de "megacentros" para ancianos, niños abandonados de y en la calle y consumidores de estupefacientes.
Sin embargo, ya tiene opositores. la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia y la Cámara de Industrias de La Paz, pese a que el aporte se recargará al consumidor final. Ellos temen que el proyecto afecte sus ventas y servicios.
LAS ALÍCUOTAS
El 9 de abril. el diputado Gustavo Torrico (MASI presentó el anteproyecto, que propone el cobro de 10 centavos por botella de cerveza, 20 centavos por botella de singani y un boliviano por cada botella de whisky que cueste más de 80 bolivianos.
El cobro por cajetilla de cigarrillo será de 10 centavos. Para los derivados de hidrocarburos, el tributo ascenderá a 10 centavos por litro de gasolina y diésel.
Con ese dinero, recaudado por Impuestos Nacionales, se erigirán sendos megacentros en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que alojarán a unas cinco mil personas cada uno. El costo individual de construcción de los edificios está presupuestado en 2,6 millones de dólares. Si la ley es aprobada antes de mayo, según espera Torrico, los tres estarán terminados y equipados para el 15 de diciembre.
EL RECHAZO
"Estamos absolutamente en contra de la ley", dijo el secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, José Luis Cardozo, pues considera que es un aporte muy alto si se toma en cuenta que hay alrededor de 584 mil vehículos en Bolivia.
"Una flota gasta 120 litros de Cochabamba a La Paz, es decir, los choferes aportarían con 1,20 bolivianos, nada más", retruca Torrico. "Ir a Cochabamba y volver representa 300 litros", aclara Cardozo, para quien esta medida implica un "gasolinazo" encubierto.
LOS ARGUMENTOS
"Tenemos tres sugerencias: que los parlamentarios se rebajen el 10 por ciento de su salario, que es aproximado a los 10 mil bolivianos; que se recupere lo incautado al narcotráfico y se lo invierta en estos megacentros y se ejerza control de cuánto ganan las organizaciones no gubernamentales (ONG) fuera de Bolivia pero a nombre de nuestra pobreza".
Cardozo advierte de que el transporte público no permitirá la aprobación de esta ley y que presionará con paros indefinidos en todo el país.
El presidente de la Cámara de Industria de La Paz, Daniel Sánchez, también expresó su rechazo al proyecto por tratarse de un impuesto a pocos sectores. "Deberla ampliarse la base de cobro de este nuevo impuesto, por ejemplo, a la gente que vende electrodomésticos y aparatos en la Huyustus y la Eloy Salmón. Mientras más sectores aporten, mejor, de lo contrario sería un cobro discrecional".
LOS CONTROLES
Al mes, el nuevo tributo a los derivados de los hidrocarburos canalizaría 1,8 millones de dólares, mientras que las bebidas y el tabaco aportarían con 3,3 millones de dólares.
"Como referencia -dijo Torrico-, en la época de la UDP, cuando lo perdimos todo, el único negocio que sobrevivió es el de las bebidas y el cigarrillo".
Los 80 millones de bolivianos anuales que se espera cobrar serán invertidos durante el primer año en la construcción de los primeros centros y, después, en su mantenimiento.
"No es poco, ya que tendrá un servicio de comedor digno, se les dará ropa y tendremos especialistas de toda índole para los tres tipos de población, que tendrán espacios diferenciados, para que no se mezclen entre ellos y cada uno tenga sus propias tareas".
El diputado se refiere a que habrá médicos generales, pediatras, geriatras, psicólogos, nutricionistas y psiquiatras, además de personal que coopere con guardería, seguridad y cocina. También buscan adquirir maquinaria de última generación para que, después de la rehabilitación, las personas asuman la fase de reinserción social aprendiendo una carrera técnica.
Para el control y la administración, el Gobierno creará la Dirección Nacional de Dignidad y Solidaridad (Dinadis), que estará encabezado por un representante de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Pero también habrá miembros de la Iglesia Católica, el Defensor del Pueblo y la prensa y alguien del Ministerio de Hacienda, por tratarse de un tema impositivo.
El dinero percibido llegará a una cuenta fiscal supervisada por la entidad recaudadora, y la Dinadis podrá solicitar auditorías, si considera necesario, y será la administradora.
INCLUYE INFOGRAMA:
Grafico: Ventas anuales de cigarrillos, bebidas y derivados de hodrocarburos
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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