La Paz/ANF
La solución a la vieja disputa que protagonizan las provincias, Chaco y O'Connor de Tarija, tiene un largo camino de recursos administrativos que pueden llegar hasta el Congreso, después de quemar etapas de apelación y contra apelación en instancias del Prefecto y Ministro de la Presidencia que son las autoridades cabeza de sector.
La polémica por derecho propietario sobre el campo Margarita --- uno de los más grandes reservorios que suministra gas a Brasil --- se reactivó a pocas horas de su efeméride departamental que encuentra a las dos provincias reclamando para sí, derechos originarios en la pretensión de obtener mejores regalías.
El diputado chaqueño, Wilman Cardozo, se declaró este jueves en huelga de hambre para que el Ministerio de la Presidencia asuma jurisdicción, ignorando a la Prefectura, en esa disputa regional que deberá ser dilucidada de acuerdo a Ley de Unidades Político Administrativas que señala tres instancias para resolver: Poder Ejecutivo, Judicial y Legislativo.
Responsabilidad
de la Prefectura
El prefecto de Tarija, Mario Cossío, anunció el pasado 7 de marzo que la Secretaría General, en su calidad de Jueza de la Causa de primera instancia, tomará una decisión histórica cuya respuesta saldrá en los próximos 25 días hábiles, vale decir en mayo.
Villamontes presentó una recusación contra el Secretario General en la esperanza que el caso pase a jurisdicción de la Prefectura de Potosí. Sin embargo, el recurso fue rechazado, por tanto, mantiene competencia para definir quién es el dueño del cantón Chimeo, donde está ubicado el campo Margarita.
Ese rechazo debe ser elevado en revisión ante el juez de segunda instancia, el Ministerio de la Presidencia, para que se pronuncie por el fondo del problema. El viceministro Fabián Yacsik dijo que el Ejecutivo no dirá su posición.
O’Connor se opone al cambio de juez bajo amenaza de bloqueo. Chaco pide lo contrario con similar medida de presión, para que Potosí resuelva la controversia.
La Prefectura informó que una vez emita su resolución, puede será apelada ante el Ministerio de la Presidencia que debe conocer la causa y pronunciarse sobre el fondo del problema, luego iría ante la Corte Suprema y finalmente llegaría al Congreso Nacional.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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