• A partir de 1985 se instauran las políticas de cambio y venta de las empresas del Estado.
Los actuales defensores a ultranza de la nacionalización de los hidrocarburos olvidan que tuvieron parte importante y crucial en el proceso de capitalización y en la destrucción de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), así como en el daño económico causado al Estado boliviano desde que se produjo la capitalización, es decir hace once años.
El criterio corresponde al diputado uninominal por el Movimiento al Socialismo, Jorge Silva Trujillo, quien recapituló el proceso de la política neoliberal que tiene efecto en el país desde mediados de la década de los años ’80 y por la cual se entregaron a la voracidad extranjera los recursos naturales, entre ellos el gas y el petróleo.
De acuerdo con su criterio, las políticas neoliberales, así como su expresión máxima encarnada en Gonzalo Sánchez de Lozada, tuvieron como principal propósito expoliar las riquezas naturales y procurar la apertura abierta y descarada para el capital extranjero del país en su conjunto.
Para Silva, desde la emisión del decreto supremo 21.060, emitido el 29 de agosto de 1985 se instaura en el país la política neoliberal que años después, entregaría los recursos naturales a cambio de nada. En efecto, el 30 de junio de 1989, aún en la gestión de Víctor Paz Estensoro (MNR), se promulga el decreto supremo 22.237 por el cual se obliga a YPFB transferir el 65 por ciento de las ventas brutas de hidrocarburos a favor del Tesoro General de la Nación (TGN).
Apertura neoliberal
Ya en el gobierno de Jaime Paz Zamora (MIR), y con Samuel Doria Medina como Ministro de Planificación y Coordinación; así como con Jorge Quiroga Ramírez como Ministro de Finanzas, la política neoliberal se acentúa con medidas que abren los recursos naturales para la incursión del capital extranjero.
Cabe recordar que ese gobierno surgió luego que el ex izquierdista Jaime Paz Zamora “cruzara los ríos de sangre” para establecer el Acuerdo Patriótico con el general Hugo Banzer Suárez, presidente de facto entre los años 1971 a 1977.
En ese sentido, el 11 de enero de 1990 se promulga el decreto supremo 22.407 que establece: “Las empresas que suscriben Contratos de Asociación con YPFB en virtud de la presente norma, podrán exportar libremente los volúmenes que corresponda y gozarán de la garantía de libre disponibilidad de las divisas provenientes de estos ingresos. Se les garantizará también la libre convertibilidad de sus ingresos por concepto de ventas de hidrocarburos a YPFB”.
En tanto que en el artículo 58 se establece que: “a) Se autoriza a YPFB a proceder al remate de las estaciones de servicio de su propiedad. El producto del remate se destinará a la infraestructura social en beneficio de los beneméritos y a la preservación de los monumentos histórico–culturales de la guerra de Chaco”.
“Cómo se ve son ellos, Samuel Doria Medina, ‘Tuto’ Quiroga, Jaime Paz que son responsables por fundar los inicios de la liquidación de YPFB, pero, ¿cómo ahora se pueden reclamar defensores de la nacionalización de los hidrocarburos y poner piedras en el camino?, que solo buscan favorecer a las empresas petroleras transnacionales. Cuando de lo que se trata es de sentar soberanía para destinar el fruto de la explotación de los recursos naturales a las grandes mayorías, como establece el mandato del Referéndum de julio del año 2004”, asevera Silva.
De esa manera, no se explica el “accionar ambiguo” de los actuales líderes de Poder Democrático y Social (Podemos), y de Unidad Nacional, que en el pasado entregaron abiertamente y sin reparos los recursos nacionales “y ahora pretenden su defensa a través de un discurso ambiguo y peyorativo con el Instrumento Social de los Pueblos que se encarna en el MAS”.
Consolidación de la entrega
El parlamentario Silva también puntualiza que el 24 de abril de 1992 el gobierno de Jaime Paz Zamora promulga la Ley 1.330, Ley de Privatizaciones, donde el artículo 1ro. dispone: “Artículo 1.- Se autoriza a las instituciones, entidades y empresas del sector público enajenar los bienes, valores, acciones y derechos de su propiedad y transferirlos a personas naturales y colectivas nacionales o extranjeras, o aportar los mismos a la constitución de nuevas sociedades anónimas mixtas”.
“Esta Ley fue firmada por Samuel Doria Medina como Ministro de Planificación y Coordinación, y Jorge Quiroga Ramírez en su cargo de Ministro de Finanzas. Por qué ahora se reclaman defensores de los derechos del Estado boliviano y van en contra de medidas como el decreto supremo 28.701, y de la misma manera cuestionaron los nuevos Contratos de Operación”, afirmó el diputado uninominal de la circunscripción 11 de La Paz.
Renta petrolera, antes y después del proceso
Con la suscripción de los nuevos contratos de operación el Estado boliviano recibió en la gestión de 2006 la suma de 1.299 millones de dólares, y es la cantidad de recursos que, incluso, podría incrementarse en los años venideros.
La afirmación corresponde al diputado Jorge Silva Trujillo, representante de la circunscripción 11 de La Paz, por el Movimiento al Socialismo, quien pone de relieve los frutos que se lograron con la aprobación de los nuevos contratos petroleros, en contraposición a la denominada “época neoliberal”.
De acuerdo a las medidas en el área petrolera, los megacampos pagaran el 82 por ciento con el decreto supremo 28.701 de Nacionalización de los Hidrocarburos, mientras los campos marginales o pequeños, el 50 por ciento, conforme al Artículo 64 de la Ley 3.058 de Hidrocarburos.
“En consecuencia, en términos económicos, existe un saldo cualitativo y cuantitativo, en la que el Estado boliviano recibe por concepto de Regalías y Participaciones, incluidos el Impuesto Directo a los Hidrocarburos, importantes sumas que rondan los 1.572 millones de dólares”, afirmó el parlamentario.
En ese marco, puntualizó que con las normas del decreto 21.060, la Ley de Privatizaciones, la Ley de Inversiones, la Ley 1.689 de Hidrocarburos, Ley 1.731 de Reclasificación de Hidrocarburos, entre nuevos y existentes, “el año pico más elevado de recaudación o percepción de recursos para el estado boliviano fue la gestión de 2004”.
En esa oportunidad, por Regalías y Participaciones en hidrocarburos nuevos se recaudó 207 millones de dólares por año; mientras que por hidrocarburos existentes esa cifra se situó en 80 millones de dólares por año.
“Este es un cuestionamiento con pruebas, con hechos a la política económica neoliberal y, en esencia, de enajenación de los recursos naturales como la minería, los hidrocarburos, forestales y de tierra. Fueron los partidos políticos MNR, MIR, ADN –hoy Podemos–, FRI, MRTKL, UCS y NFR, quienes se encargaron de subastar nuestros recursos y es el gobierno del presidente Evo Morales el que ahora está recuperando los mismos”, aseveró Silva.
En ese marco, recordó que uno de los primeros beneficios de la nacionalización fue que con esos recursos el presidente Evo Morales entregó a niños y niñas escolares de primero a quinto grado la suma de Bs 200 denominado Juancito Pinto, como una forma de que ellos también participen de estos nuevos beneficios.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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