El caso que comentamos ilustra en forma elocuente al gobierno que en una democracia, en lo que hace a decisiones gubernamentales como la citada, es mejor ir a la concertación que a la confrontación. La primera allana y acorta el camino. La segunda complica y alarga el trayecto, impidiendo, a veces, llegar a destino
Sin entrar en detalles, debemos destacar que se atiene a parámetros razonables la definición del marco jurídico-legal para la relación contractual entre el Estado y las transnacionales que operan en Bolivia en el área hidrocarburìfera. El principal de aquellos se inscribe en el equilibrio que debe regir en este tipo de conexiones. Corresponde al Estado garantizarle al operador foráneo la utilidad a la que éste tiene derecho como contraparte de la inversión realizada (al cabo, nadie hace esto a cambio de nada), pero también hacer prevalecer su condición de propietario de la riqueza explotada, percibiendo como tal la parte que le corresponde en el reparto de la torta.
No siempre se presenta expedito el camino conducente al objetivo citado. Se regatea, discute, maniobra, amenaza e, inclusive, sabotea. Casi siempre las partes tienen intereses contradictorios que dilatan un acuerdo, sobre todo, si por parte del Estado el posicionamiento es más político que técnico-económico y de inflexibilidad extrema.
Tales fueron, entre otros, los escollos que dilataron por tanto tiempo la negociación entre el Gobierno y las transnacionales del petróleo y el gas que operan en Bolivia. El gobierno quería reducir al máximo las utilidades a las empresas inversionistas e inclusive caer sobre sus principales activos fijos, a lo que éstas se oponían en forma sostenida.
Al final, el acuerdo, en un punto de equilibrio que sellaron los contratos enviados al Legislativo para su respectiva sanción. Errores de redacción y sistematización de los documentos, como resultado de una manifiesta ineficiencia en los respectivos operadores de YPFB, pero también de la prisa y los nervios, terminarían alargando más de lo debido este tramo final.
Al final, repetimos, el equilibrio que debía estamparse en los contratos. El Estado recibe lo que debe y las transnacionales lo que les corresponde. Reglas claras de juego por un largo tiempo, apuntalando la seguridad jurídica que requiere la inversión extranjera para permanecer y seguir invirtiendo en el país.
Así lo entendió, sin duda alguna, la oposición en el Parlamento. Por eso fue a la concertación a fin de que se aprobara por unanimidad, y de una vez por todas, los contratos petroleros.
El caso que comentamos ilustra en forma elocuente al gobierno que en una democracia, en lo que hace a decisiones gubernamentales como la citada, es mejor ir a la concertación que a la confrontación. La primera allana y acorta el camino. La segunda complica y alarga el trayecto, impidiendo, a veces, llegar a destino.
Ojalá que Evo y sus hombres, opten igualmente por el diálogo y el consenso en lo que respecta a los temas de la Asamblea Constituyente de Sucre.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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