En el mundo globalizado e interdependiente de hoy, las medidas aisladas están destinadas a enfrentar obstáculos difíciles de vencer, cuando no se encaminan al fracaso por demasiada arrogancia, imprevisión o candidez de quienes las adoptan.
El planteamiento de una comisión técnico-legal del Ministerio de Hidrocarburos y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos para que la empresa Petrobras sea parte del proceso de recuperación de las refinerías Gualberto Villarroel y Guillermo Elder en proporción de un tercio y continúe operando con su imagen en el territorio nacional, una vez que se efectúe la transferencia, por un lado, y la flexibilización del plazo que el gobierno había fijado mediante decreto para la reversión del 50 por ciento de las acciones de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), por el otro, son señales evidentes de un ablandamiento de la posición original de nuestras autoridades a propósito de ambos casos.
En este orden, cabe recordar que se dio a entender que el próximo 1 de mayo las plantas de refinación instaladas en Cochabamba y Santa Cruz, volverían a manos del Estado aunque sin necesidad esta vez de una movilización militar como la efectuada en igual fecha del 2006, al promulgarse el decreto de nacionalización de los hidrocarburos, que, de paso sea dicho, se redujo a la suscripción de nuevos contratos con las compañías que los explotan, ciertamente que en mejores condiciones económicas respecto de las vigentes hasta entonces, mientras se esperaba para esa misma fecha "sorpresas" en lo relativo a la prestataria de los servicios de telecomunicación y, acaso, otras más, sin sospecharse que en el ínterin, variarían significativamente las cosas.
De ser cierto ese giro para con el consorcio brasileño, habría que atribuirlo a la inflexible decisión no sólo del Presidente de Brasil, transmitida a su colega Evo Morales durante un áspero diálogo en Isla Margarita, sino de los ejecutivos corporativos, en el sentido de negociar un precio de mercado para la transferencia de las refinerías, que además comprenda las inversiones hechas en ellas desde su privatización en 1999, sumando un total de hasta 400 millones de dólares, según una última versión periodística, y no el ofertado por el mandatario boliviano, confiado quizá en que a la hora de las definiciones, primarían sus afinidades ideológicas con Luiz Inácio Lula da Silva.
La prolongación de las tratativas con ENTEL, entretanto, no sería sino fruto de la inquietud que el proyecto de su restitución al patrimonio fiscal, escenario en el cual se transfirió inclusive el 47 por ciento del paquete accionario en manos de las Administradoras de Fondos de Pensiones al gobierno, a riesgo de la sostenibilidad del Bonosol, ha generado en Italia, sede de la capitalizadora Telecom, como en la propia Unión Europea.
Y es que en el mundo globalizado e interdependiente de hoy, las medidas aisladas están destinadas a enfrentar obstáculos difíciles de vencer, cuando no se encaminan al fracaso por demasiada arrogancia, imprevisión o candidez de quienes las adoptan.
Fuente: Servicio de Información Ciudadana. SIC, CEDIB - Bolivia
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