En el año 2007 el sector hidrocarburífero en Bolivia, tuvo una serie de hechos y conflictos, que configuran un complejo escenario del sector. Si recordamos el año 2006 fue el año de la llamada “nacionalización de los hidrocarburos”, que si bien tuvo como referente el decreto supremo de nacionalización promulgado el primero de mayo de ese año, es recién en el año 2007, en el que parte de sus medidas más importantes llegan a aplicarse, no sin una compleja disputa política y económica, entre los diversos actores: gobierno, empresas petroleras, Congreso y las entidades del Estado encargadas del sector.
Los hechos más importantes de este año (2007), referidos a los hidrocarburos, tienen que ver con la firma de los contratos petroleros, bajo la nueva normativa boliviana, la recuperación de las refinerías privatizadas, las negociaciones en los precios de exportación de gas con Brasil, la gestión de la empresa Yacimientos Petrolíferos
Fiscales Bolivianos YPFB, la grave escasez de carburantes en el mercado interno y en los últimos meses del año el conflicto desatado respecto a la disminución para la prefecturas de los recursos del IDH. Otros dos elementos de suma importancia en este año –que sin embargo han quedado relegados- son: los resultados de las auditorias a las empresas petroleras y la recuperación de las acciones de las empresas capitalizadas, ambas definidas por el D.S. Héroes del Chaco.
En el mes de noviembre del año 2006, se suscribieron los contratos con las empresas petroleras que operan en el país, bajo la nueva ley de hidrocarburos y el decreto de nacionalización, los contratos debían eliminar la figura de contratos de riesgo compartido, para convertirse a contratos de operaciones, en los que la propiedad de los recursos pasaban al Estado y las empresas se convertían en prestadoras de servicios. Pero la aplicación de estos nuevos contratos aún debería pasar por una serie de hechos poco aclarados y conflictivos para entrar en vigencia. En este proceso se fueron descubriendo una serie de irregularidades que hicieron a su elaboración, negociación y aprobación. A finales del 2006, los contratos negociados entre YPFB y las empresas petroleras, fueron aprobados por el Senado, pero posteriormente en los trámites de protocolización se identificaron una serie de incoherencias y contradicciones, entre los documentos negociados con las empresas, los aprobados por el Senado y los documentos protocolizados. Si bien los funcionarios de YPFB indicaron que solo se trataba de errores de forma, posteriormente quedo demostrado que en algunos casos se trataban de contratos diferentes y se acuso al nuevo presidente de YPFB (que además había sido responsable de las negociaciones con las petroleras) Morales Olivera, de falsificación. En los hechos quedo demostrado que de forma arbitraria e ilegal se habían presentado al Senado contratos distintos de los negociados, en el caso de la empresa Petrobrás, en los que se incorporaban un conjunto de modificaciones en los anexos “D” y “F”, referidos a la distribución de las utilidades de la explotación, principalmente dándole una participación a la empresa sobre los recursos (lo que contradecía el contrato de operación), e incluyendo un conjunto de “costos recuperables” para la empresa, como gastos de inversión, que disminuían los ingresos para el Estado. Para salvar esta situación y promover la inmediata puesta en funcionamiento de los contratos, el gobierno envió al parlamento una “ley corta” de rectificación de los errores de los contratos, que fue aprobada por el Parlamento. Esta ley una vez remitida al Senado con mayoría de la oposición fue rechazada y luego de una revisión de cada uno de los contratos, se elaboraron nuevamente 44 leyes de aprobación, lo que a su vez fue rechazado por el Parlamento. Es solo a finales de abril, cuando mediante una negociación con la oposición, el Congreso por unanimidad aprueba las leyes en detalle que hacen a los contratos actuales.
En todo este largo proceso se identifica una mala gestión de la empresa YPFB, la disputa política entre el oficialismo y la oposición, pero principalmente una aún no aclarada negociación entre Morales Olivera y las empresas, que mediante un conjunto de irregularidades, pretenden aprobar unos contratos mucho más favorables a los intereses de las empresas, que al Estado.
Otro de los elementos importantes del año 2007, en el sector, tiene que ver con la recuperación de las empresas de refino privatizadas. De igual forma las gestiones con la empresa Petrobrás titular de las dos empresas de refino más importantes del país, solo se concretan más de un año después de la promulgación del DS. Héroes del Chaco. En realidad no se trata de una recuperación, sino de una compra que hace YPFB de las empresas, llegando a conciliar con Petrobrás un precio de $us 112 millones, pagaderos en dos cuotas y en especie (gas). Finalmente el 11 de junio con un primer pago, la empresa YPFB Refinación se hace cargo de las plantas de Palmasola y Valle Hermoso.
Un tercer elemento a tomar en cuenta por su importancia, es la negociación de precios de exportación de gas a Brasil. Las negociaciones entre Brasil y Bolivia para la mejora de los precios, se inician en el año 2006, pero es solo hasta marzo del 2007 en que se concretan. Los precios pagados por Argentina para la importación de gas Boliviano, llegan a $ 5,00 por el millón de BTUs, en cambio Brasil, regido a contratos suscritos en el gobierno de Sanchez de Losada, pagaba un precio de $us. 1,09 por millón de BTUs destinados Cuiaba y $us. 4 por el millón de BTUs, destinados al mercado de Sao Paolo, que en total hacen 28 millones de m3 día de volumen exportado a Brasil. Finalmente el gobierno logra la subida de los precios del gas vendido a Cuiaba a $us. 4,20 el millón de BTUs. Y el destinado a Sao Paolo a $us. 4,30 el millón de BTUs. Además del pago adicional de la empresa del 3 a 4 % por desagregación de gases ricos y pobres.
Se podría decir que son estos tres elementos, los que configuran la política energética del gobierno y sus ausencias. En el año 2007, el gobierno avanza en la consolidación de los contratos petroleros, en la compra de las refinerías y en la negociación de nuevos precios de exportación. Pero queda aclarar un conjunto de ausencias, que después de la llamada nacionalización de los hidrocarburos, han sido relegadas e incluso casi eliminadas de los proyectos del gobierno. En este año, no ha habido avance alguno en la recuperación de la mayoría accionaria por YPFB en las empresas capitalizadas; a la vez no se han tomado en cuenta de ninguna forma los informes de auditoria a las empresas petroleras, que demostraron una serie de irregularidades lesivas al Estado, como contrabando, falsas declaraciones de inversión, costos de operación irreales, etc. que hubieran servido de mucho al Estado si hubiese tenido la intención de recuperar las empresas y disminuir el poder de las petroleras en su interior.
El año 2007 en el sector ha sido sumamente complejo, hubo avances en el sector, pero aún no se ha logrado las metas ofrecidas por el Ejecutivo el primero de mayo del 2006, en cambio si ha quedado mas claro para el país la forma en la que el gobierno pretende aplicar su política de hidrocarburos y la llamada “nacionalización”.