En Diciembre del 2006 la Asamblea Constituyente terminó con un artículo 70 referido al sistema de votación, aprobado por la bancada oficialista sin el consenso de los partidos opositores de derecha. En reacción, Cívicos y Prefectos del bloque de la Media Luna convocaron a cabildos, con la intención de legitimar el desacato a la Asamblea y al nuevo texto de la CPE que surgiera de ella si se persistía en un sistema de aprobación distinto al de dos tercios de votos. Una Junta Pre - Autonómica fue instalada con atribuciones para conducir por sí misma la instalación de la autonomía departamental. En enero la Asamblea reinició sesiones en medio de la pugna respecto al sistema de votación y aunque el MAS parecía dispuesto a reformular el artículo para dar paso a un sistema mixto de votación, la posición cerrada de la derecha evitaba el llegar a acuerdos y con ello la continuidad de la Asamblea se veía amenazada. A pesar de ello, las comisiones se instalaron e iniciaron su trabajo, con lo que el MAS ganó tiempo para lograr acercamientos por separado con algunas fuerzas de oposición.

En febrero el MAS y UN firmaron un acuerdo para viabilizar la reformulación del artículo 70 contemplando un sistema mixto de votación. El 13 de febrero la Asamblea debía aceptar o rechazar el pedido de reformulación y si se aceptaba, proceder a una nueva redacción para el artículo 70. La derecha decidida a evitar el sistema mixto, no consiguió articularse y sus votos se dividieron entre los que aceptaron la moción y los que la rechazaron; con ello el sistema de votación por mayoría absoluta definido en el artículo 70 de diciembre quedó en plena vigencia. Mientras los oficialistas celebraban incrédulos, los opositores se acusaban entre sí de traición y se lanzaban insultos. La sesión terminó en el caos de una oposición que no atinaba a definir el rumbo a seguir. Fue el Comité Cívico de Santa Cruz el que marcó línea emitiendo un comunicado en el que anunciaba el desacato a la Asamblea , llamaba a rechazar la Constitución que emergiera de ella y exigía a la Junta Pre - Autonómica acciones contundentes para garantizar la instalación de su autonomía. A pocas horas de la votación, el Vicepresidente de la República reabrió el debate anunciando que “pese a todo, el artículo 70 no era un artículo definitivamente cerrado”. Las horas que siguieron a esa declaración fueron de intensa actividad entre operadores políticos del gobierno y la oposición. El 14 de febrero, la reformulación del artículo 70 fue aprobada con votos oficialistas y de oposición, incluyendo los de PODEMOS. La reformulación contempló un sistema mixto de votación que convenció a la derecha: las comisiones que no lograran informes de consenso redactarían uno por mayoría y otro por minoría. El informe de comisiones y el texto en grande de CPE serían aprobados por mayoría absoluta; en tanto, la aprobación en detalle necesitaría dos tercios de votos para cada artículo. Los que no alcanzaran la votación requerida serían remitidos a la Comisión de Concertación que buscaría consensos entre el artículo en disenso y el propuesto en el informe de minoría. De no llegarse a acuerdos ambas propuestas deberían ser sometidas a referéndum.

En Marzo, PODEMOS intentó someter a discusión el tema de la capitalía para Sucre, esto motivó el rechazo de la bancada de La Paz que amenazó con retirarse. El tema aunque no llegó todavía a posicionarse fuertemente, sí generó en ese mismo mes el acercamiento de cívicos de Sucre con sus similares en Santa Cruz a través de Carlos Dabdoud y acercamientos con René Joaquino en Potosí, ambos dieron su respaldo al planteamiento. Los encuentros territoriales fueron objeto de serias confrontaciones en departamentos como Cochabamba, Tarija y Santa Cruz. En abril, las comisiones iniciaron el proceso de sistematización de las propuestas recibidas en los encuentros; mientras en paralelo los prefectos del Bloque de la Media Luna -al que se sumó el prefecto de Cochabamba- sellaron un pacto en el que establecieron las bases irrenunciables de la autonomía departamental y exigieron que la Constitución le asignara competencias legislativas. En junio, el plazo ampliado para la entrega de informes de las comisiones se venció sin que todas lograran terminar esos informes. Fue otro momento de confrontación desatada especialmente a raíz de la aprobación de informes por mayoría en la Comisión Visión de país y Tierra y Territorio. En la primera, el MAS fraccionó su voto convirtiendo su propuesta en informe por mayoría pero permitiendo que el informe de minoría fuera integrado por la propuesta de una fuerza de izquierda minoritaria y aliada y dejando en el camino la propuesta de PODEMOS que recogía el planteamiento de la Media Luna. En tierra y territorio, se estaba a punto de llegar a un informe de consenso pero finalmente no se logró acuerdos y el oficialismo terminó aprobando como informe de Mayoría la propuesta presentada por los pueblos indígenas originarios. En reacción a lo sucedido en ambas Comisiones, constituyentes opositores ingresaron al recinto de sesiones de Visión de País y desataron una golpiza contra los oficialistas. Simultáneamente la Media Luna se declaró en emergencia y anunció la instalación de la autonomía departamental de facto. El Vicepresidente intervino y logró calmar los ánimos al definir que la votación en la Comisión de país debía ser reeditada.

En julio la Asamblea asumió la imposibilidad de concluir con un texto de CPE aprobado hasta el 6 de agosto y decidió ampliar sus sesiones hasta el 14 de diciembre, pero la resolución hecha a tal efecto quedó en lo declarativo pues la oposición exigió que fuese el Congreso el que aprobara o no la continuidad. El gobierno aceptó la exigencia e inició negociaciones (a través del Vicepresidente Álvaro García Linera), que concluyeron con la aprobación de una Ley de Ampliación de la Constituyente que en la práctica terminó reconociendo como única propuesta válida de la minoría a la propuesta de la Media Luna , a través de un artículo que obligó a los constituyentes del oficialismo a emitir su voto a favor de la propuesta presentada por su bancada, eliminando el derecho al voto de conciencia. De ese modo PODEMOS (que recogía la propuesta de los Cívicos y Prefectos de oriente) quedó constituida en la única fuerza con posibilidad de acceder a los informes de minoría en las comisiones. La aprobación en detalle por dos tercios se ratificó y se añadió un referéndum dirimidor convocado por el Congreso para los artículos que no obtuviesen dos tercios de votos. El texto constitucional debía recoger el resultado de la consulta y ser aprobado por dos tercios de votos antes de ser entregado al Presidente de la República para convoca a Referéndum Constituyente. Con la Ampliación negociada y aprobada desde el Congreso quedó en evidencia que la Asamblea estaba sujeta a otros poderes del Estado.

Mientras el tiempo jugaba en contra del trabajo de la Asamblea , varios escenarios de confrontación fueron armados en torno a la supuesta aprobación de una Constitución Oficialista atentatoria a derechos y libertades sectoriales e individuales: se habló de amenazas a la educación privada, a la autonomía universitaria y hasta de persecución a la iglesia Católica, pero el tema de la capitalía plena para Sucre iría constituyéndose en el obstáculo mayor para la continuidad de la Asamblea. Bajo esa demanda se armó un tinglado mediático que removió sentimientos regionalistas y heridas históricas de la región y se articularon acciones dirigidas al Fracaso de la Asamblea.El gobierno intentó sin acierto sortear la problemática que al final fue posicionada en el escenario político como si se tratase de un problema estructural a ser resuelto. En La Paz una impresionante movilización aglutinó a cerca de dos millones de personas que se pronunciaron por el no traslado de la Sede. El 15 de agosto, la Constituyente emitió una resolución dejando fuera del debate el tema de la Capitalidad. El Bloque de la Media Luna ligó de inmediato esa resolución a la falta de garantía para las propuestas de la minoría, declarando que la resolución del 15 de agosto implicaba la decisión oficialista de hacer lo mismo con el tema de autonomía y prescindir de la votación de dos tercios para aprobar el texto constitucional. En Sucre se llamó a la defensa de los intereses del departamento con medidas cada vez más radicalizadas. A partir de entonces se generalizó el ataque violento contra constituyentes del oficialismo y sus aliados y se cercó el recinto de la Asamblea que se vio imposibilitada de continuar con su trabajo. El gobierno no logró frenar la escalada de violencia ni logró garantizar la seguridad de constituyentes, muchos de los cuales tuvieron que declararse en la clandestinidad.

En Septiembre, tras un mes de suspensión de las actividades de la Asamblea , el gobierno optó de nuevo por la negociación convocando a una instancia Suprapartidaria que incluyó a algunos constituyentes, al Vicepresidente de la República y a los partidos de la oposición con representación en el Congreso. El objetivo fue viabilizar la redacción de una CPE en los plazos establecidos por la ley de ampliación y bajo términos que fuesen avalados por los sectores de derecha. Mientras en Sucre, el gobierno había perdido el control sobre la situación, en la suprapartidaria se llegó a acuerdos: se consensuó el Modelo Económico del Estado, se superó diferencias sobre el tema Visión de País, caracterizando al Estado como Social de Derecho y Plurinacional; se aprobó cuatro instancias de autonomía: Departamental, Municipal, indígena y regional (estas últimas sujetas a la departamental) y se acordó dar competencias legislativas exclusivas a las autonomías departamentales. La Firma de un acuerdo sobre la Sede de los Poderes y que había surgido de una propuesta del propio Comité Interinstitucional parecía ser la solución de consenso en que se empecinaba el gobierno. El acuerdo establecía el reconocimiento a Sucre como capital Histórica y sede del poder judicial; la constitucionalización de un cuarto poder : el electoral con base en Sucre; la creación de una oficina de Coordinación Legislativa y otra oficina regional permanente del Ministerio de Justicia cuyas sedes estarían también en la ciudad de Sucre .Solo restaba instalar la plenaria de la Asamblea para que formalmente los asambleístas levantaran la mano en aprobación de lo consensuado entre partidos.

Pero no sucedió así: a pocas horas de firmado el acuerdo el mismo Comité Interinstitucional lo descalificó considerándolo “pobre y poco satisfactorio” y se ratificó en la demanda de la capitalía plena para su ciudad. Se procedió a un paro, se incrementó la movilización y el cerco contra los recintos de la Asamblea impidiendo la instalación de las plenarias. El 7 de noviembre la Suprapartidaria fue disuelta mientras el Vicepresidente advertía la radicalización de los sectores afines al MAS. Se habló de un posible traslado de la sede pero se terminó por convocar a la plenaria para el día 9 en el Teatro Gran Mariscal. Fue imposible instalar la reunión pues el comité interinstitucional de Sucre llamó a una vigilia que cercó el recinto y desató la golpiza contra constituyentes que intentaban ingresar; la violencia llegó a tal extremo que se temió por la vida de constituyentes oficialistas.

Los sectores campesinos e indígenas anunciaron su llegada para dar garantías a la Asamblea , los sectores adeptos al comité interinstitucional también se declararon en vigilia; en medio del temor a una confrontación mayor, se hicieron denuncias de la llegada de miembros de la juventud cruceñista para impedir la instalación de las sesiones. El 14 de noviembre otro intento de reunirse fracasó y de nuevo hubo golpizas y persecución contra constituyentes del MAS que en conferencia de prensa denunciaron la intervención del presidente del Comité Cívico Cruceño Branco Marinkovic en el boicot a la Asamblea y anunciaron la posibilidad de sesionar en el Liceo Militar. Intentando salvar la continuidad del Magno Evento, se activó una Comisión de la Asamblea para establecer contactos con el Comité interinstitucional y se logró la firma de un acuerdo en el que sin ser explícitos se abría la posibilidad de debatir el tema de la capitalidad. El acuerdo, sin embargo no era parte de la agenda propuesta por la directiva y la bancada de La Paz se negaba a reabrir el tema, en todo caso parecía que había la posibilidad de reinstalar el trabajo en Plenaria. El 19 se instaló una plenaria que entró en receso por la tarde, al parecer por la renuencia de constituyentes del MAS a aceptar los términos del acuerdo. Entre tanto el Comité interinstitucional llamó de nuevo a movilizaciones que impidieron que se instalaran las sesiones del 21 de noviembre. El 23 se convocó de nuevo a sesionar, pero esta vez en la sede del Liceo Militar de la Glorieta , se respetaba con ello a Sucre como sede del Magno Evento pero se ponía también a resguardo a los Constituyentes garantizando la realización de la plenaria.

Sucre en tanto se volvió un escenario caótico, se llamó a la movilización generalizada para impedir la realización de la sesión Constituyente y mientras en La Glorieta se avanzaba hacia la aprobación del texto de CPE en grande, la violencia se desbordó en la ciudad. El 24,cuando los enfrentamientos ya se daban en puertas de la Glorieta , se logró la aprobación del texto en grande y se logró evacuar a la mayoría de asambleístas por caminos vecinales. La oposición había estado ausente en esa reunión, incluso el MNR y UN que habían sido parte de las negociaciones con el comité interinstitucional decidieron no asistir debido a la decisión de la directiva de no modificar la agenda presentada. El saldo del enfrentamiento fue 2 muertos por heridas de bala, centenares de heridos, constituyentes desaparecidos, policías retenidos por la turba, instalaciones de la policía destruidas, la fuga de prisioneros del penal y el caos generalizado en la ciudad. Al día siguiente la policía abandonó Sucre en un intento de evitar mayores niveles de violencia. La oposición acusó de las muertes al gobierno, desconoció el texto y el trabajo de la Constituyente y anunció el proceso de instalación de facto de las autonomías. Faltaba la aprobación en detalle que debía contar con dos tercios de votos de los constituyentes presentes pero en Sucre resultaba imposible dar continuidad al trabajo de la Asamblea. Paradójicamente con la aprobación del texto en grande, el tema de la capitalidad quedó archivado: la oposición se empecinó en acusaciones contra el gobierno pero no volvió a hacer referencia al tema de la capitalía para Sucre.

En la siguiente semana el gobierno logró -ante la ausencia de senadores de la oposición y convocando en su defecto a los suplentes- , emitir una norma que autorizaba a la directiva de la Asamblea a trasladar las sesiones al lugar que considerara conveniente. Así se convocó en Oruro a la Plenaria de aprobación en detalle del nuevo texto de CPE. La oposición de derecha, a excepción de UN, estuvo ausente y con ello el MAS tuvo los dos tercios de votos exigidos por la ley para aprobar en detalle el nuevo texto de CPE. Unos días más tarde y luego de recoger gran parte de las observaciones hechas por la oposición apenas representada por UN, el texto constitucional en su versión final fue entregado al Presidente Nato del Congreso y un día después el Presidente de la República , en un acto público en la Paz , lo entregó oficialmente al pueblo representado en los movimientos sociales y pueblos originarios que se dieron cita en la sede de gobierno. Entre tanto en Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, Prefecturas y Comités Cívicos presentaban su estatuto autonómico paralelo y opuesto a la CPE. Anunciaron la recolección de firmas para dar viabilidad al referéndum departamental para la aprobación de ese estatuto y proceder con ello a la instalación de las autonomías aún a costa de violar la constitución vigente que no las reconoce y al margen de la nueva, que es la única que les da marco legal para instalarse pues las constitucionaliza. En el nuevo texto de CPE ha quedado un único artículo que debe ser sometido a Referéndum dirimitorio referido a la extensión de tierra considerada latifundio.