La Ley 222 afecta radicalmente el derecho a la Consulta Previa

Publicado: 15/02/2012

Pablo Villegas N. investigador del CEDIB

La Ley 222 afecta radicalmente el derecho a la Consulta Previa

La ley 222 convoca a Consulta Previa a los indígenas del TIPNIS (Art. 1), sin mencionar a su propia institución que es la Subcentral, lo cual como veremos, es de mucha importancia. La convocatoria tiene la finalidad de lograr un acuerdo entre el Estado y los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré sobre lo siguiente:

1.- si el TIPNIS debe ser zona intangible (Art. 1 y 4)

2.- la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos. (Art. 1 y 4)

3.- medidas de salvaguarda (Art. 4) relativas a:[1]

  • la protección del TIPNIS  (Art. 4);
  • la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales (Art. 4)
  • los mecanismos para mantener la zonificación establecida en el Plan de Manejo del TIPNIS (Art. 9,2,c)

Al convocar a la consulta para decidir sobre los puntos mencionados, la Ley 222 anula la Ley 180, porque estos ya habían sido establecidos en ésta, y la forma en que se lo hace es de mala fe porque no selo hace de maneara explícita.

La finalidad de la “Consulta Previa” de la Ley 222 no corresponde al contenido de la misma establecido por el Convenio 169 de la OIT (Artículo 7; 3) que es la evaluación de la incidencia social, espiritual y cultural y sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre los pueblos indígenas. Según la Ley 3058, (Art. 115) su objetivo es determinar en qué medida los pueblos indígenas serían afectados por un determinado proyecto, y según el DS 29033, (Art.14) su objetivo es hacer conocer y contar con un criterio de las organizaciones susceptibles de ser afectadas que considere los niveles local, regional, departamental y nacional respetando, territorialidad, usos y costumbres, sobre aspectos generales de la actividad, obra o proyecto hidrocarburífero tales como: los alcances, posibles impactos socio ambiéntales positivos y negativos y las posibles afectaciones a los derechos colectivos de los PIO’s y CC.

Al anular lo que la Ley 180 había resuelto, la Ley 222, reaviva los problemas que la motivaron, y lo peor, deja la solución de dichos problemas a las partes en conflicto (indígenas y colonizadores), y el Estado se hace a un lado irresponsablemente. Uno de estos problemas es la desocupación de asentamientos ilegales que ya fue resuelta en la Ley 180, que ahora se llevará a consulta incluyendo en la misma a sectores ajenos al territorio indígena (TCO). O sea que los ocupantes ilegales estarán con condición de decidir o influir en qué medidas se tomarán contra sí mismos.

Las entidades encargadas de realizar la Consulta serán el Ministerio de Agua y Medio Ambiente y el Ministerio de Obras Públicas (Art 6, I); los encargados de proveer la información serán los Ministerios que correspondan (Art 6,III). Esto es inconveniente pues el gobierno, especialmente el Ministerio de Obras Públicas, es parte interesada. El Ministerio de Medio Ambiente es también una instancia de gobierno por lo cual no es neutral. Lo muestra el hecho de que este ministerio entregó la Licencia Ambiental para los tramos I y III pese a que los EEIAs no cumplieron con el análisis de futuro inducido, decidiendo, los solicitantes de la licencia, por sí mismos, que lo harían con la evaluación del tramo II, y a que el propio ministerio sostiene que las obras en los tramos I y III tendrían influencia directa en el Tramo II (TIPNIS), una influencia tal que le lleva a determinar la pertinencia de establecer 17 medidas de prevención previamente a la intervención en el Tramo II y de forma paralela a la ejecución de los tramos 1 y 3.

Con estos antecedentes es claro que las instancias de gobierno son inapropiadas para conducir la consulta, más aún después del conflicto que hubo entre el gobierno y los marchistas del TIPNIS el año pasado y la represión brutal contra éstos. Dada la finalidad de la Ley 222, que no corresponde a los contenidos de la Consulta Previa, naturalmente, la información que brinde el gobierno para la consulta se limitará a sus propios fines, violando el derecho de los indígenas a una consulta informada.

En cuanto a las etapas, la Ley 222 (Art 9) retrocede radicalmente de lo que se había avanzado en la normativa. Todas las acciones previas a la realización del acto de consulta, sólo indican las acciones del gobierno, excluyéndose entre otras cosas, la propuesta de los indígenas para la ejecución de la consulta.

LEY 222 DS 29033 (16/02/2007)
1.             Preparación de la consulta: Convocatoria reunión preliminar:Respuesta lugar y fecha evento;Realización de la reunión con la Autoridad Competente;

Propuesta escrita de realización del proceso de consulta a la Autoridad Competente;

Reunión para analizar la propuesta con la Autoridad Competente, en el área de influencia del proyecto.

a)             Cronograma y protocolo de la consulta;
b)            Acopio de la información pertinente;
c)             Notificación previa;
d)            Publicidad de la consulta;
e)             Provisión de información pertinente.

 

La ley 222 establece un plazo máximo de 120 días para la realización de la consulta, desde su inicio hasta su conclusión, a partir de su promulgación (Art. 8). Esto es otro retroceso radical. Con el DS 29033 del 16/02/2007 el plazo hasta la reunión con la autoridad para analizar la propuesta de los indígenas para la realización de la consulta era de 34 días. Luego no había más plazos, pero además se incluían 3 meses adicionales al plan de ejecución de la Consulta Previa establecido en base a la propuesta de los indígenas.

ETAPA PLAZO MAXIMO
Convocatoria reunión preliminar: 0 (Art. 10;a)
Respuesta lugar y fecha del evento 7 días después de recibida la convocatoria (Art. 10;b)
Realización de la reunión con la Autoridad Competente 10 días a partir de la respuesta a la convocatoria (Art. 10;b)
Propuesta escrita de realización del proceso de consulta a la Autoridad Competente 10 días después de la reunión preliminar (Art. 11)
Reunión para analizar la propuesta y la contrapropuesta de la Autoridad Competente, en el área de influencia del proyecto 7 días vencido el plazo anterior (Art. 11)
La consulta se cumplirá en los plazos establecidos en el acta de entendimiento No se fijan plazos
Cumplidos dichos plazos establece un plazo perentorio adicional 3 meses para cumplir con la consulta, llegar a acuerdo conjunto y firmar Convenio de validación correspondiente (Art. 12;II)

Fuente: Basado en el DS 29033 de 16/02/2007 Reglamento de Consulta y Participación para Actividades Hidrocarburíferas.[2]

La reducción del plazo y de las etapas de la Consulta convierte la consulta en un acto de autoritarismo que vulnera gravemente los derechos de los indígenas.

En cuanto a los sujetos de la consulta, dice la Ley que la Consulta se realizará en el ámbito de las comunidades indígena originario campesinas Mojeño-Trinitarias, Chimanes y Yuracarés, que habitan el TIPNIS (Art. 3) y serán sujetos a la consulta previa, todas estas (Art 5, I). Esto parece correcto, pero tomemos en cuenta otras disposiciones dispersas en la Ley y los hechos e intenciones que llevaron a su elaboración.

Entre los temas a ser consultados está la construcción de la Carretera Villa Tunari – San Ignacio de Moxos (Art. 4).  El artículo citado no hace ninguna referencia al  Tramo II, que corresponde al TIPNIS. Esto querría decir que toda la población del área de influencia de toda la carretera estaría sujeta a consulta o al menos se abre esa posibilidad. Esto va de acuerdo con el interés declarado del gobierno de hacer la consulta incluyendo otros sectores externos al TIPNIS.

La Ley no menciona en ninguna parte a los titulares de la TCO, a la Subcentral del TIPNIS; solo nombra a las comunidades. Esto es una falta a la obligación del Estado de reconocer y hacer la consulta a los pueblos indígenas “en particular a través de sus instituciones” (CPE, Art. 30,15). Este reconocimiento debe incluir además a las instituciones nacionales, que en este caso es la CIDOB, hecho al que se oponen las principales autoridades del ejecutivo y legisladores del MAS, como lo han venido declarando ellos mismos. Según ERBOL, el 9/2/2012, el senador del MAS y exdirigente cocalero, Julio Salazar, dijo que la CIDOB no será parte de la consulta por que se trata de un tema local y no nacional, donde ésta no tiene tuición. Salazar atribuyó la representación legítima del parque Isiboro Sécure a la subcentral del CONISUR y a la Subcentral del Sécure, según ERBOL. No obstante, en la Ley 222 nunca se menciona a esta última y, CONISUR no es parte de la TCO.

Hablar solo de comunidades y pretender incluir en la consulta a comunidades ajenas a los titulares del TIPNIS, no puede llevar a otra cosa que a desmembrar el TIPNIS y eso es otro atentado a los derechos indígenas reconocidos por el 169 de la OIT que obligan a respetar la integridad de los pueblos indígenas y de sus territorios.

En este marco tenemos el artículo 6, IV que dice: El Órgano Ejecutivo adoptará las medidas …, en consulta, coordinación y cooperación con los pueblos Mojeño-Trinitario, Chimane y Yuracaré, para …, eliminar la discriminación y promover … las buenas relaciones entre los pueblos indígenas, y entre ellos y todos los demás sectores de la sociedad. En el contexto en que se da esta Ley, y partiendo de las intenciones declaradas del gobierno de incluir en la consulta a sectores ajenos a los titulares del TIPNIS, lo que consideran discriminación y por tanto es la discriminación que pretenden combatir, no puede ser otra cosa que la negativa de los titulares del TIPNIS a incluir en la Consulta sectores ajenos y entre estos a los ocupantes ilegales del territorio o a quienes amenazan con ocuparlo.

El artículo 10 de la Ley 222 establece el carácter obligatorio de los acuerdos logrados con la consulta. Esto vale no solo para el gobierno sino para los indígenas. Por la forma en que será conducido el proceso de consulta, con los derechos de los titulares del TIPNIS reducidos radicalmente, es evidente que este artículo fue elaborado confiando en que el autoritarismo del gobierno garantizará los resultados que éste desea.

¿Qué objetivos tiene esta nueva ley?

La respuesta está en los antecedentes que han llevado a su elaboración.

1.- La Ley 180 ya había normado sobre los aspectos que ahora se somete a consulta;

2.- Dicha ley y su reglamento eran producto de un acuerdo con los indígenas titulares del TIPNIS; y

3.- Los mismos que firmaron el acuerdo, a lo largo del proceso de elaboración de la nueva ley, hasta el momento, han venido manifestando su oposición a que la Ley 180 sea modificada y que en caso de modificarse han amenazado con una nueva marcha además de otras medidas.

Lo que llevó a la Ley 180 fue la marcha de los pueblos del TIPNIS, que culminó con la firma de los acuerdos mencionados. Estos acuerdos fueron firmados por la dirigencia, la Subcentral del TIPNIS. Ahora, bien, la Ley 222 que anula la Ley 180, es resultado de otra marcha, la marcha del CONISUR. Al respecto se debe tomar en cuenta lo siguiente:

El CONISUR no es parte del TCO; está compuesto de indígenas que resolvieron por sí mismos no ser parte de éste y por colonizadores cocaleros, lo cual además ha sido recientemente confirmado porel director del INRA[3], Juanito Félix Tapia, quien dijo que las “comunidades asentadas en el Polígono 7, que están agrupadas en el CONISUR, están fuera de la TCO, pero dentro del área protegida.” CONISUR es parte de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (colonizadores) y de la Federación Única de Campesinos del Trópico de Cochabamba, debido a la presencia mayoritaria de agricultores.[4]

Un informe del INRA Cochabamba del 20-10-2011 señala que cuando el TIPNIS fue reconocido como territorio indígena en 1990, habían nueve comunidades indígenas en el Polígono 7[5]; de ellas, dos están registradas actualmente como sindicatos: Sindicatos Moleto y Santa Ana. El resto ni siquiera aparece en la nómina, lo que hace suponer que han sido absorbidas por los sindicatos cocaleros. La única comunidad que conserva su condición de indígena es Santísima Trinidad que según el Servicio Nacional de Áreas Protegidas tenia 2.089 has en 2010; pero en el informe del INRA solo tiene 1.912,8907 has.[6]

Como consta en la prensa, después de la marcha del TIPNIS y la promulgación de la Ley 180, el Presidente Morales se movilizó en persona instigando a una movilización contraria a la ley que él mismo promulgó, según él, obligado por los indígenas[7]. El 11 de noviembre de 2011, en Moxos, dijo “…yo (lo)  dejo en manos de ustedes…Es decisión de ustedes que se haga esta integración caminera… Esperemos que ustedes puedan entenderse con algunos dirigentes del TIPNIS o del departamento del Beni”. En esa misma oportunidad, reporta La Razón[8], uno de los documentos leídos en el acto demanda al Legislativo aprobar una ley corta para anexarse al beniano San Ignacio de Moxos a Cochabamba y empezar la construcción de la carretera en el tramo II con sus propias manos.  O sea, el propio Presidente del Estado llama a la gente a “entenderse” con algunos dirigentes del TIPNIS y se complica con las amenazas de terceros de intervenir en el TIPNIS “con sus propias manos”.

¿Por qué el gobierno ha recurrido al CONISUR y ha promovido esta nueva marcha para modificar la Ley 180? El gobierno ha discrepado con la Consulta Previa no sólo con los del TIPNIS sino también con la ley. Lo confirma, desde el inicio mismo del gobierno, una larga cadena de actos sin la previa consulta a los indígenas, como la Ley 3477 de 22 -9- 2006 que declara de prioridad nacional la elaboración del Estudio a Diseño Final y construcción del tramo Villa Tunari – San Ignacio de Moxos, los DS Nº 29130 del 13/5/07; Nº 29226  del 9-8-07 y N° 0676 del 20/10/2010 de reserva de áreas petroleras que comprenden al TIPNIS; y la firma del contrato con la OAS para la construcción de la carretera, entre otros.

En vez de Consulta Previa, lo que hubo fue, durante la marcha del TIPNIS, en septiembre pasado, un acto realizado por el gobierno mientras sus dirigentes marchaban pidiendo sus derechos, y en realidad se hallaban sitiados cerca de Yucumo. Dicho acto fue ilegal porque no  podía hacerse sin los dirigentes del territorio indígena, como indica la CPE, (Art. 30; 15).que da a los indígenas el derecho a ser consultados mediante procedimientos apropiados, y en particular a través de sus instituciones.

La discrepancia del gobierno con la ley puede sintetizarse en que:

1.- no reconoce el derecho de consulta con carácter previo[9],

2.- no reconoce el derecho a consulta a sólo los indígenas del TIPNIS, por ello desde la marcha del TIPNIS vino manifestando su intención de convocar una consulta, más allá de los límites del mismo. De acuerdo a sus diferentes declaraciones: a los departamentos de Beni y Cochabamba; o a todos los afectados; o a poblaciones vecinas o colindantes con el TIPNIS.

La negación de los derechos de los titulares del TIPNIS por una parte y la inclusión de otros sectores sociales en el conflicto ha caracterizado la forma en que el gobierno ha tratado el problema del TIPNIS.

Desde los primeros anuncios de que la marcha se realizaría, los dirigentes máximos de los colonizadores y cocaleros amenazaron con intervenirla violentamente[10]. Durante la marcha estos colonizadores ejecutaron un bloqueo para frenarla en Yucumo, donde abusaron a la gente y realizaron acciones propias de la policía sin que ésta lo impidiera. Sin embrago, la policía reprimió violentamente en varios puntos del país a indígenas que apoyaban la marcha. Finalmente, el 25 de septiembre, reprimieron brutalmente la marcha, después de mantenerla sitiada y privada hasta de agua.

Aparte de estos hechos, la responsabilidad del gobierno es evidente porque el máximo dirigente de los cocaleros es el propio Presidente Morales y es por tanto responsable de los actos de este sector. El Presidente llegó inclusive a incitar a los jóvenes varones del Chapare a seducir a las mujeres yuracarés para debilitar la resistencia indígena a la carretera. Consta también la intensa propaganda que durante la marcha, realizó el gobierno presentando a los indígenas como grandes terratenientes y difamando a sus dirigentes con acusaciones que nunca demostró. El Presidente se negó rotundamente a asistir personalmente a negociar con los marchistas pero, en pleno conflicto, asistió a un evento organizado por la empresa OAS, la constructora de la carretera, por tanto parte en el conflicto, con un interés en juego de más de 400 millones de dólares que comprende el contrato. El gobierno se ha negado a revisar este contrato a pesar de las anomalías indicadas, entre otros, por la propia contraloría y finalmente porque el contrato fue firmado sin cumplir el paso legal previo de la consulta.

La posición interesada del gobierno en el caso TIPNIS es antigua. El secretario general de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia, Antonio Cárdenas, reveló que el MAS les prometió en campaña electoral entregarles tierras en el TIPNIS (Opinón. 26/08/2011). Por otra parte, Pablo Solón exembajador de Bolivia en la ONU ante Erbol, explicó que la posición “testaruda” del Presidente Evo Morales por la construcción de la carretera del TIPNIS “se debe a una promesa equivocada que hizo a sus bases cocaleras en la campaña electoral que lo llevó al poder”.[11]  Recordemos que originalmente el TIPNIS tenia 1.236.296 has, pero Morales, ya como Presidente de Bolivia y a la vez dirigente cocalero, concedió al TIPNIS el título definitivo (II-2009) menos 200.000 has producto del reconocimiento de la ocupación ilegal de los cocaleros[12].

Lo dicho muestra que el gobierno recurre a otros sectores con la intención de coartar los derechos de los titulares del TIPNIS; que el objetivo de los legisladores y el gobierno al convocar a una consulta sobre lo que ya fue acordado y legislado en la Ley 180 es que intervengan en la consulta poblaciones ajenas al TIPNIS, cuyo interés es ocuparlo. Por ello no es raro que los dirigentes del CONISUR anunciaron que se movilizarán para socializar la ley 222 entre sus bases, cosa que no harían si no tuvieran entendido que podrán intervenir en la consulta.

La intencionalidad de la nueva ley no quedaría plenamente establecida si no consideramos todos los intereses que se manifestaron en torno al conflicto del TIPNIS. De acuerdo a las declaraciones de los dirigentes de los colonizadores y cocaleros, donde también debemos considerar las declaraciones del Presidente Morales, se cuestionaban todos los TCO, y en este sentido se pretendía la aprobación de un proyecto de ley de tierras que a nombre de la CSUTCB introduce la posibilidad de la eliminación de los territorios indígenas y las áreas protegidas; introduce los “pactos territoriales” a fin de que los TCO cedan terreno a otros (Art. 128); prevé la distribución de las tierras de las áreas protegidas (Art. 121); introduce la reversión de tierras por delitos contra la seguridad del Estado (Art. 130; I, a) algo que ni las dictaduras pretendieron jamás.

Es también evidente por declaraciones recurrentes del gobierno que los TCO, la demanda de Consulta Previa, y las áreas protegidas se han convertido en un obstáculo para la entrega de estos territorios a empresas transnacionales. Recientemente el Presidente Morales anunció que la Asamblea Legislativa aprobará una norma para “separar la licencia ambiental de la consulta y participación”, con el objetivo de destrabar las inversiones en proyectos estatales estratégicos.[13] Con esto ya no puede quedar duda sobre la posición gubernamental respecto a la Consulta Previa.

De esto se desprende que detrás del caso TIPNIS, el objetivo del gobierno es eliminar los territorios indígenas, los derechos indígenas y las áreas protegidas. De la forma en que el gobierno ha conducido el caso TIPNIS, queda clara la forma en que pretende hacerlo. No sólo forzando el manejo irresponsable de la legislación y recurriendo a la represión violenta injustificada, sino también movilizando a  sectores o grupos sociales contra aquellos que se le oponen, en este caso contra los indígenas, sin parar en el peligro de hechos sangrientos.

Ante esta conducta del gobierno, tenemos por otra parte, la simple realidad de que los dueños de un territorio, cuyos derechos son garantizados por la legislación nacional e internacional, difícilmente permitirán que este sea ocupado por ajenos sin asumir su defensa, y la defensa de sus derechos y de sus propias personas y familias por cualquier medio.

Si vemos cuales serán los sectores más directamente implicados podremos ver la seriedad de la situación actual. Estos sectores son los indígenas del TIPNIS y los cocaleros del Chapare. Dado el número de los últimos, una invasión del TIPNIS no resultará en otra cosa que en una masacre de los indígenas. Dada la proximidad de otros territorios indígenas vecinos de poblaciones de colonizadores, lo que ocurra en el TIPNIS podría convertirse en un reguero de pólvora a lo largo de estos otros. Si tomamos en cuenta las declaraciones de los máximos dirigentes de los colonizadores y lo establecido en el proyecto de ley de tierras de la CSUTCB, esto es una posibilidad que no se puede ocultar.

En conclusión, la Ley 222 es parte de una cadena de actos que, aparte de los objetivos de entregar los recursos naturales a las trasnacionales, está generando todas las condiciones para un enfrentamiento entre sectores sociales, con altas probabilidades de un desenlace sangriento, cuyas consecuencias, más allá de los directamente implicados, impactarán – de hecho ya lo están haciendo- en el régimen democrático y la institucionalidad del país.

 



[1] Las medidas de salvaguarda para la protección del TIPNIS ya fue establecidas en la Ley 180; Art 4; y en su Reglamento Art 7; Art 8.- ; Art 11; Art 12[1]. Lo mismo ocurre respecto a la prohibición y desalojo inmediato de asentamientos ilegales[1]; que ya se legisló en la   Ley 180; Art 5[1];  y en el Reglamento, Art 7 del sistema de protección; Art 8 de la asignación de recursos financieros; Art 11 de asentamientos ilegales y Art 12 de rastrillajes e interdicciones.

[2] El DS 29033 se refiere a los proyectos hidrocarburíferos, pero tratándose de derechos sociales no cabe elaborar leyes u otro tipo de normas más atrasadas, sino por el contrario de igualar o mejorar la vigencia de estos derechos.

[3] INRA dice que CONISUR no es dueño del TIPNIS. Gregory Beltrán, La Prensa – 3/02/2012

[4] Juanito Félix Tapia aclaró también que “existen dentro de la TCO 65 comunidades indígenas que están afiliadas a la Subcentral del TIPNIS, quienes son las propietarias, a quienes se les entregó el título de la TCO”

[5] Esas comunidades eran: Limo, Sasasama, Villa San Juan de Dios, San Juan Nuevo, Santa Ana, Santísima Trinidad, Fátima de Moleto, Mercedes de Lojojota y San Benito

[6] Queda una comunidad indígena en la zona colonizada del TIPNIS. http://www.ftierra.org, 09/2/2012|

[7] “Morales dice que indígenas le obligaron a firmar ley”. Los Tiempos, 10/11/2011.

[8] Evo recibe en Moxos pedido de reactivar la vía por el TIPNIS. Iván Paredes. La Razón, 11/11/2011

[9] “TIPNIS: Evo plantea referendo en Beni y Cochabamba por la carretera”. Cambio-ABI, 2011-09-26

Recordó que de acuerdo con la Constitución Política del Estado (CPE), las consultas sólo deben hacerse para explorar los recursos naturales, hidrocarburos y otros. Pero para la industria, para hacer caminos, de acuerdo a la Constitución, no se hace ninguna consulta. “Pero hay normas internacionales bajo las cuales sí se debe hacer la consulta”, dijo Morales.

[10] Para mayor información ver: http://www.bolpress.com/art.php?Cod=2011092901

[11] “Solón: Evo debe reconocer que hizo una promesa equivocada a cocaleros”. Opinión, 14/2/2012

[13] “Licencia ambiental dejará de lado consulta y participación”. Miguel Lazcano. La Razón, 13/1/2011

mapaConflictos suelo urbano Bolivia
conflictos suelo urbano
cedib en prensa
portada conflictos mineros
En twitter
  • Las Madres de Plaza de Mayo, las Madres de Soacha, las Madres de Ituzaingó, las caravanas de madres… ¿Por qué hay tantos colectivos de...
  • Los grupos ambientalistas no tienen ninguna duda sobre la necesidad de prohibir esta práctica. “No podemos dejar a las compañías...
  • Ante el asedio de las empresas extractivistas, una lucha por la dignidad y por la vida que le pone frente a la flagrante y devastadora...
Síguenos
Suscríbete a la lista de correo
O síguenos en: