La Ley 969 para el saqueo del TIPNIS y el empatronamiento de sus legítimos ocupantes (CEDIB, 23.8.17)

La Ley 969 para el saqueo del TIPNIS y el empatronamiento de sus legítimos ocupantes (CEDIB, 23.8.17)

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La ley en su artículo 10, abre el parque a gente que no es del área; a los “privados” como los llama, para:

1)  la explotación de recursos naturales renovables, y

2)  “el desarrollo de actividades productivas”.

En los dos anteriores puntos resulta difícil hallar alguna actividad económica que quede expresamente excluida.

Con esto queda claro que el TIPNIS de hecho deja de ser un parque o área protegida para convertirse en una más de las zonas de colonización, y que a los privados no se les autoriza alzarse una ramita sino todos los recursos renovables. Este es el verdadero significado del retiro de la intangibilidad.

Estos privados, según la nueva ley, podrán realizar sus actividades económicas a condición de que:

1)  Tengan acuerdos o asociaciones con los pueblos indígenas del TlPNlS, y

2)  Cuenten con la autorización de las entidades estatales competentes.

El segundo punto es una aberración porque no existe autoridad competente para autorizar la devastación de un parque o área protegida, a no ser que nos apeguemos a la Ley Marco de la Madre Tierra que –como indicamos en otra parte– no tiene otro objetivo que el de facilitar la concesión de los recursos naturales para su explotación sin importar qué herencia dejaremos a las generaciones futuras.

En cuanto al primer punto, ha sido redactado sin especificar o definir a qué tipo de acuerdo o asociación se refiere, ni cuál es el marco legal que guiará su aplicación y con este mismo vicio se determina que “Estos acuerdos o asociaciones deberán garantizar un margen de ganancia porcentual…” a los indígenas.

Esto quiere decir que en la realidad, el resultado de estas asociaciones será producto de la relación, por una parte, entre el que tiene recursos (capital, maquinaría, influencia política y fuerza para movilizar gente), y por otra, los que no tienen nada de esto: los indígenas.

Las consecuencias previsibles de esta normativa se hacen evidentes por un hecho reciente que refleja la situación social -o relación de fuerzas- en que han caído los indígenas del TIPNIS. Hace unos días una comisión mixta de la Asamblea Legislativa Departamental y el Comité Cívico de Cochabamba se dirigió al TIPNIS con el objetivo de supervisar la construcción de los puentes en el tramo II de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos y se encontró con los cocaleros o CONISUR que les salieron al paso y no les permitieron ingresar al territorio para cumplir con su misión, sosteniendo, en palabras del cacique mayor de los colonos del Consejo Indígena del Sur (Conisur), Eladio Roca lo siguiente:

“los dueños del territorio somos nosotros quienes tenemos que poner fecha y lugar (para visitar) a la cabeza de nuestros diputados”2

Este hecho confirma lo que venimos denunciado hace años, que toda esta legislación gubernamental relativa al conflicto del TIPNIS buscaba legalizar el ingreso de los depredadores (madereros, cocaleros y ganaderos, entre otros) al territorio indígena despojando a los indígenas de su condición de ciudadanos, ya que a ellos no puede llegar el estado para protegerlos, ni puede tomar medidas contra aquellos que se lo impiden.

No estamos ante un caso suelto; esto es política de estado. Abundan los hechos que muestran el combate franco del gobierno contra la existencia independiente de las organizaciones propias de los indígenas y en general de la sociedad civil. Para citar algunos ejemplos hemos visto la forma en que el gobierno consigue los acuerdos y lo ha hecho durante estos años en el TIPNIS y en otras áreas indígenas, y cómo se hizo la consulta del 2012, en base a prebendas y violencia. Hemos visto cómo las organizaciones sociales -indígenas y no- que como Conamaq y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de Bolivia que no se sometieron fueron asaltadas violentamente, y cómo se ha ido estableciendo una normativa que coarta cada vez más los derechos no sólo indígenas sino civiles en general.

El contexto de indefensión de la sociedad civil y en especial de los pueblos indígenas además de la situación de hecho que ya impera en la zona muestran que esta ley está orientada a quitarles su territorio y sus más ele-mentales derechos, algo muy similar a lo ocurrido en tiempos de Melgarejo cuando las tierras comunales fueron expropiadas por los “privados”, que con la tierra expropiaron también a los indígenas. Estamos resistiendo un nuevo proceso de empatronamiento de los pueblos indígenas y de saqueo de la naturaleza.

 

  1. http://www.cedib.org/wp-content/uploads/2013/09/leyes-para-sacar-le-la-madre.pdf
    2. 10 de agosto de 2017 Colonos afirman que son dueños del TIPNIS y que se les debe pedir permiso para ingresar. ANF-Los Tiempos