El objetivo del gobierno: Liquidar las TCOs para entregarlos a las petroleras transnacionales

El objetivo del gobierno: Liquidar las TCOs para entregarlos a las petroleras transnacionales

El objetivo del gobierno:  Liquidar las TCOs para entregarlos a las petroleras transnacionales

PABLO VILLEGAS

¿Qué significan las declaraciones de Evo Morales del 26/9/11?

El día 26, Evo Morales dijo en su discurso que decidió la construcción de la carretera del TIPNIS atendiendo a los pedidos de la población. El Presidente ha hecho este tipo de declaraciones muchas veces, inclusive refiriéndose específicamente a las comunidades del TIPNIS, pero tratándose de tan alta envestidura, está claro que el Presidente no puede hablar de esta forma sino tiene el respaldo de una Consulta Previa para demostrarlo, como exige la ley.

Morales se refirió a la Consulta Previa del día 25 que realizó él mismo en el TIPNIS, mientras tenía cercados a los dirigentes de sus comunidades procediendo de una manera totalmente ilegal, violando la ley que dice que la consulta tiene que hacerse con sus propios líderes, tomando en cuenta la integralidad de su territorio y su población. El resultado de esta “consulta”, como mostró el mismo Evo Morales,  es un documento firmado apenas por 19 de las 64 comunidades del TIPNIS.

El presidente dijo que: “…queda suspendido el proyecto de la carretera del TIPNIS y que sea el pueblo quien decida, principalmente los dos departamentos”. Esto quiere decir que el gobierno continúa con la intención de no realizar la Consulta Previa y con la intención de consultar a otros lo que debía consultar a los indígenas, o de hacer una consulta donde los indígenas queden en minoría.

¿Cuál es el resultado de la acción que llevó a cabo el gobierno en términos de consecuencias humanas? Un vocero de los indígenas, el Presidente de la Central de Pueblos Indígenas del Beni (CPIB), Pedro Vare, dijo que 2 niños murieron, además de un hombre y una mujer y 4 desaparecidos. Otras fuentes mencionan 200 heridos. Pero, hasta ahora no hay un reporte oficial de heridos, muertos, desaparecidos, etc…; el gobierno sólo se ha ocupado de defenderse de las acusaciones pero no de proveer esta información. Esto muestra con claridad el desprecio por parte del gobierno de las vidas y los derechos humanos.

¿Quién es responsable de lo ocurrido en Yucumo?[1] El ahora ex – ministro de Gobierno, Llorenti, y el Comandante General de la Policía, Jorge Santiesteban, aseguraron que intervinieron obedeciendo un requerimiento fiscal[2]; sin embargo, el Fiscal General, Mario Uribe, negó haber instruido la intervención policial a la marcha. La Fiscal de Distrito, Betty Yañiquez, por su parte, aseguró que el fiscal Edson Sarmiento fue quien ordenó la intervención pero éste dijo “Yo no he ordenado ninguna intervención.” El propio Presidente Morales dijo ayer que nunca instruyó la intervención. Finalmente, el dia de 27 (ayer), el Ministro de gobierno identificó a su, ahora ex – viceministro, como el responsable de los hechos y en sus declaraciones ha estado dirigiendo las sospechas del público hacia la tropa policial. Este tipo de declaraciones, en varios casos hasta infantiles, sobre las responsabilidades de una acción de la magnitud de la intervención violenta a la marcha, es intolerable para autoridades que están a cargo del gobierno.

El Presidente propuso en su discurso: “Organicemos una comisión de alto nivel, constituidos de organismos internacionales, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos, para que haga una profunda investigación sobre los hechos del día de ayer,… Esto en apariencia, es una actitud de gran apertura pero esto, como dijo el Defensor del Pueblo, daría lugar a que el gobierno sea juez y parte en la investigación de sus propias acciones, lo cual quiere decir que la participación del gobierno en las investigaciones le permitiría influir en los resultados.

Si el gobierno tuviera la intención sana de que se realicen las investigaciones, tendría que haber tomado ya ciertas acciones como la de retirar de sus cargos a los responsables jerárquicos de los organismos vinculados a los hechos en cuestión, comenzando por el ministro del interior, en vez de esperar que renuncie y en vez de hacer aparecer como culpable al personal que actúa cumpliendo órdenes superiores.

El rol del Gobierno ante las partes en conflicto del TIPNIS

El Gobierno ante los indígenas: Evo Morales no fue a negociar a la marcha porque no tenía tiempo

Desde un principio la marcha podía haberse detenido si el Presidente Morales hubiera accedido al pedido de los marchistas de ir a la marcha a negociar con ellos pero se negó empecinadamente ¿por qué?. El Canciller Choquehuanca que estuvo presente entre los marchistas explicó que la razón era que el presidente no tenía tiempo[3]. Este pretexto fue presentado también en otras oportunidades.[4]

La forma en que el gobierno condujo las negociaciones no fue sincera. Lanzó una campaña de acusaciones contra los dirigentes marchistas como la lista de supuestas llamadas de y a la embajada de EE.UU., sin especificar cuál era el delito de que estaban acusados; acusó a las ONGs de financiar la marcha e inclusive a las NNUU y al Defensor del Pueblo de estar “afiliados” a la marcha.[5] Como no probó nada de esto, está claro que su intención no era hacer justicia sino simplemente destruir a los dirigentes para debilitar la capacidad de negociación de los indígenas.

El gobierno se ha jactado de la cantidad de ministros que envió a negociar y la cantidad de propuestas de negociación que hizo. Sin embargo, el número de ministros enviados fue innecesario porque los indígenas no pedían hablar con ministros sino con el Presidente. Por otra parte, un corto repaso de la forma en que el gobierno dialogó muestra que lo importante no es el número de propuestas sino su contenido, como vemos del siguiente repaso breve: al inicio de la marcha el ministro Romero, dijo “No hay conversación posible…(con)…una marcha cuando ésta no está justificada.”[6] – [7] Recientemente, el Canciller Choquehuanca, a modo de negociar, fue a la marcha y les dijo a los marchistas que no se podía cambiar las decisiones que toma el Presidente sobre la carretera. Después entregó a las marchistas la respuesta escrita del Presidente a las peticiones que anteriormente le habían enviado, donde el Presidente les manifestaba su disposición de realizar la consulta con todos los habitantes del TIPNIS;[8] pero al mismo tiempo anunciaba públicamente que iría al TIPNIS por su cuenta, a conversar con los desertores de la marcha, pese a que poco antes había declarado que no quería sembrar divisionismo. En general, los pretendidos intentos del gobierno de negociar con los indígenas, en realidad fueron deslegitimados frecuentemente por las soberbias e intransigentes declaraciones públicas del Presidente Morales.

Para comprender la forma en que el gobierno pretendía que se realicen las negociaciones basta recordar al Ministro de Obras Públicas Delgadillo, cuando criticó que la dirigencia hubiera exigido que las reuniones se realizaran ante la presencia de las bases[9]. Pero, lo que realmente fue escandaloso e irresponsable por parte del gobierno, fue introducir a los colonizadores como parte en el conflicto y hacerlo nada menos que con el objetivo de llevar el conflicto a una negociación entre partes, como si el Estado fuera un simple espectador de los problemas nacionales. Esta maniobra fue clave para la forma en que concluyó el hecho. La presencia de los colonizadores no se dio de manera espontánea pues se vino gestando desde julio, lo cual veremos más adelante.

Según la normativa de Consulta Previa, esta tendría que haberse hecho antes del contrato de la obra y de los pasos legales previos seguidos por el gobierno, que aparte de no cumplir la normativa, la continúa viciando, como se ve de declaraciones que citamos a continuación. A pesar de tener un carácter constitucional, las consultas, dijo Morales, “no tienen carácter de obligatoriedad…”[10]. [11] Para el Ministro Romero, por su parte: ”el gobierno está obligado a la consulta previa solamente a las comunidades involucradas”, con lo cual desconoce la integralidad de los TCOs y a la CIDOB que la instancia de representación indígena nacional. También pretendieron sustituir a los indígenas por otros sectores, específicamente por los colonizadores o cocaleros; o consultar sólo a una parte de los indígenas, ignorando también a los dirigentes legalmente elegidos. La figura legal es simple, como declaró el Defensor del Pueblo, el contrato con la OAS es ilegal por no haber cumplido primero con la Consulta Previa. Finalmente, es claro que el objetivo del gobierno era y es no hacer la Consulta Previa, -por eso plantea un referéndum departamental- y que los derechos de los indígenas han venido siendo pisoteados por lo menos desde el 2008 que es cuando se firmó el contrato con la empresa OAS, eso muestra que la contradicción entre la práctica y el discurso del actual gobierno es muy larga.

El Gobierno ante los interculturales: Evo Morales es el principal dirigente de los cocaleros

A principios de septiembre se produjo el bloqueo de los colonizadores en Yucumo, con el objetivo de detener la marcha y obligar a los indígenas a negociar con el gobierno o a negociar con los colonizadores 4 de los 16 puntos presentados al gobierno.

El 7/9 llegaron 450 policías al punto del bloqueo. Según el entonces viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, su objetivo no era desbloquear Yucumo sino impedir el paso de los indígenas. No desbloqueó Yucumo, por el “inminente riesgo” de provocar “… una espiral de bloqueos, en zonas que comunican Yucumo con la ciudad de La Paz, es decir, bloqueos en Palos Blancos, La Cumbre, Yolosa, Caranavi”[12] Farfán declaró: “La Policía está única y exclusivamente con el objetivo de evitar un enfrentamiento, no está ni bloqueando ni desbloqueando”.

Lo paradójico es que durante el periodo que duró el conflicto, fueron reprimidas violentamente  todas las marchas y bloqueos en favor de la marcha, excepto claro está, el de los interculturales que fue no sólo tolerado y respetado por la policía. Ahora abundan testimonios de que permitieron a los bloqueadores revisar movilidades, decomisar alimentos, incluso detener personas; es decir que los bloqueadores cumplieron la función de una especie de cuerpo parapolicial. Pese a los hechos y a las propias declaraciones de los bloqueadores prometiendo violencia a los marchistas y “reventar” a los que se solidaricen, el gobierno negó que se tratara de un bloqueo y que fuera violento.

El entonces viceministro Farfán, por ejemplo, defendió la actitud “pacífica” de los colonizadores que pedían a los indígenas retirar de sus demandas cuatro puntos que según ellos, les afectaban. Farfán dijo que los servicios de inteligencia reportaron que ningún bloqueador en Yucumo estaba portando armas. Lo mismo hizo, entre otros, el Canciller Choquehuanca que negó la existencia de algún bloqueo –lo llamó vigilia- y su carácter violento contradiciendo las declaraciones que hacían los bloqueadores sobre sí mismos. Esta actitud fue el móvil para lo que después el gobierno y la prensa llamaron “secuestro”.

El llamado “secuestro”, fue según el propio Canciller, una acción de las mujeres presentes en una asamblea en momentos en que los líderes estaban alejados. Según Chávez, dirigente del CIDOB, las mujeres procedieron de esta manera porque los marchistas ya llevaban varias semanas cercados, privados de alimentos y finalmente de agua. Como el Canciller había declarado que no había ningún bloqueo y que no era violento, las mujeres de este grupo de 2000 indígenas que eran quienes en realidad se hallaban secuestrados en condiciones inhumanas con niños y ancianos, obligaron al Canciller a marchar hasta el bloqueo y mostrar, como corresponde a una autoridad, si había o no bloqueo, y si había, a que sufriera junto con ellas las consecuencias de pretender atravesarlo. Como se ve de las fotos publicadas por la prensa, el Canciller quedó muy asustado de marchar entre estas mujeres.

El bloqueo de los colonizadores se gestó por lo menos desde julio. El 19-07-11, las seis Federaciones de Productores de Coca del Trópico Cochabambino se declararon en estado de emergencia ante el anuncio de los indígenas del TIPNIS de marchar a La Paz rechazando la construcción de la carretera que atraviesa por su territorio. El Secretario de Actas de los cocaleros, Mario Téllez, indicó de todos modos su voluntad de un acercamiento con los indígenas para tratar de la carretera. No obstante, el 20/07/2011[13] Pedro Calderón, ejecutivo de la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSIB), manifestó su apoyo a la decisión cocalera y acusó a los indígenas de obstaculizar el desarrollo del país. [14] “Primero es el diálogo, pero si no lo hubiera, nos vamos a enfrentar” dijo.

El 4 de agosto, el senador Julio Salazar, del MAS, declaró: “Aquellos que se opongan a la carretera para mí son enemigos del pueblo boliviano”. [15] El 19/09/2011 Gustavo Aliaga, dirigente de los colonizadores, refiriéndose a quienes se solidaricen con los marchistas declaró: “Que no se atrevan, primero porque todo el tramo a partir de Yucumo hasta llegar a La Paz corresponde a las comunidades interculturales. Por lo tanto yo pido a aquellos que quieren venir aquí, estudiantes, mineros, partidos políticos que no se atrevan, porque sí o sí vamos a reventarlos,…” Hizo además una declaración muy extraña: “..tenemos mucho conocimiento de este camino y sabemos cuáles pueden nuestras estrategias de lucha”, como si hubiera recibido entrenamiento o fuera parte de alguna organización especialmente capacitada para cumplir sus amenazas.[16]

¿Cuál era el móvil de esta agresividad?. Según el secretario general de la CSCIB, Gustavo Aliaga, los colonizadores cocaleros de su sector pretenden las zonas ubicadas más allá del área legal para asentamientos del TIPNIS. Los colonizadores estaban decididos a atacar a los indígenas yuracarés, moxeños y chimanes del lugar en caso de que partiera la marcha prevista para el 15 de agosto en protesta por la apertura de una carretera por el medio de esa área.

“Tarde o temprano entraremos al TIPNIS por tierras”[17] declaró el líder y, si salían en la marcha, ellos se levantarían “por la desigualdad de tierras y nos vamos a medir con ellos, cuando pasen por el Chapare o los Yungas”. La desigualdad a la que se refería era según él que “cada uno de (de los indígenas)  tienen más de 20.000 hectáreas a título de tierras comunitarias de origen, mientras nosotros apenas contamos entre una y cinco hectáreas.” Por ello reclamaba que el gobierno apruebe una ley “que no establezca diferencias tan grandes de tenencia de tierra.”

Coincidiendo con los colonizadores, Evo Morales criticó también las demandas de tierras de los indígenas “… cuando son los principales beneficiarios…”(de la distribución de tierras); y ante esta situación en las TCO, dijo, que promovería un debate, ya que en promedio cada familia tiene más de 800 has   (en otra oportunidad dijo que eran 450 has).

En conclusión, el bloqueo de Yucumo no fue un hecho espontáneo y su móvil fue el objetivo de  liquidar los TCOs. Esto además refleja la política de gobierno, donde se ha producido un cambio histórico en la política agraria; los grandes terratenientes han sido perdonados; ahora se pretende que se disputen la tierra entre pobres. Podemos afirmar que esto lo que efectivamente ha pasado y se ha hecho evidente sobre todo en la ley de la revolución productiva donde el problema de la tenencia de la tierra y el latifundio ha sido reemplazado por el problema del crecimiento urbano. Volvemos sobre esto más adelante.

Como se pudo ver, introducir estos grupos (interculturales o colonizadores) al problema en vez de negociar directamente, era una opción consiente por la solución violenta del conflicto.

El Gobierno ante la constructora de la carretera (OAS): Evo Morales sí  tuvo tiempo de ir al evento de la OAS

Pese a que el Presidente se negó a ir a negociar a la marcha por falta de tiempo, a fines de agosto, se dio tiempo para asistir al seminario “Integración, desarrollo social y económico”  organizado por una de las partes en el conflicto del TIPNIS, nada menos que la OAS, que es la empresa constructora de la carretera.  El evento contó con los principales gremios empresariales del país: la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia, la Cámara de Agropecuaria, Industria y Comercio (CAINCO), la Cámara Agropecuaria del Oriente y la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía (CBHE)[18]. En este tiempo también tuvo tiempo de visitar varias veces a los cocaleros, (que son parte de los interculturales, por tanto son otra parte en el conflicto) inclusive de incitar a los jóvenes a seducir a las indígenas yuracarés para quebrar su resistencia a la carretera.

Tratándose del Presidente de un país, estas relaciones implican un serio conflicto de intereses. El presidente conserva su puesto de líder máximo de los sindicatos cocaleros, lo cual, en el caso actual, no sólo compromete su imparcialidad sino que como máximo dirigente, lo hace responsable de todo el proceso vinculado al bloqueo de Yucumo. Evo Morales tenía que haberse definido si era presidente de los cocaleros o de Bolivia, o si prefería ser el invitado de la OAS.

¿Por qué tanta brutalidad contra los marchistas de TIPNIS?

Evo Morales declaró: “Cuando queremos construir caminos (…), algunos hermanos indígenas no quieren que se construya el camino; cuando queremos explorar como gobierno más gas o petróleo que nos da la Madre Tierra (…), no quieren algunos hermanos; cuando queremos construir plantas hidroeléctricas (…), no quieren algunos hermanos…”[19]

Como Gandarillas ha señalado en el Petropress Nº 25, el gobierno ha ampliado la frontera hidrocarburífera de aprox. 3 millones de hectáreas, en 2005, a 12 millones en 2010. De éstas, la mayor parte, aprox. 11 millones de hectáreas son para exploración  y están ubicadas en territorios indígenas (TCO) y áreas protegidas. La ampliación de la frontera hidrocarburífera -que la política de exploración de YPFB impulsa- compromete a 22 Territorios indígenas y 10 áreas protegidas de las cuales seis son al mismo tiempo áreas de manejo integrado y/o territorios indígenas donde varias organizaciones de pueblos indígenas han expresado ya su rechazo a este tipo de actividades por el riesgo que suponen para su forma de vida y los objetivos de conservación de estas áreas.

De lo dicho queda claro que el objetivo del gobierno al tratar de doblegar la resistencia de los pueblos del TIPNIS, y la solidaridad que estos obtuvieron, tenía que ver con sus planes de liquidar las TCOs y las áreas protegidas para entregarlas a las transnacionales. Estos planes ya eran evidentes también en los proyectos de ley de hidrocarburos y minería que han sido analizados en la revista Petropress.

Así se entiende que el gobierno se hubiera opuesto sin dar lugar a negociación a la demanda de los indígenas de administrar las áreas protegidas donde ellos las habitan o tienen el carácter de TCOs, una vieja demanda que aunque en la mayoría de los casos no fue respetada por los gobiernos, no fue cuestionada menos, negada como un derecho, o por lo menos como una demanda razonable.

Como vemos Evo Morales mostró a los indígenas oponiéndose “a todo”. En realidad esta oposición afectaba a todo el programa económico del gobierno. El gobierno no tiene otro programa que la continuada entrega de los recursos naturales al capital privado extranjero. Pero inclusive este programa marcha muy mal. Los proyectos más grandes son con empresas privadas, el mutún, el litio, Karachipampa, entre otros, están detenidos o muy atrasados. El país sufre una crisis energética grave que ya se ha extendido a la provisión de energía eléctrica por lo cual se han generalizado los apagones. Esto se debe a que más del 80% de las reservas y la producción de hidrocarburos está en manos de las empresas extranjeras que se favorecieron de la privatización de los hidrocarburos en tiempos del neoliberalismo. Estas empresas construyeron un mercado interno dependiente del petróleo y uno de exportación dependiente del gas natural, y a continuación -como anunciaron desde 2003-, dejaron el mercado interno sin petróleo, con lo cual se hicieron de un mecanismo efectivo para presionar al gobierno a aplicar medidas que les favorecen a ellas y, el gobierno, sin hacer resistencia asumió su defensa de manera agresiva. Resultado de esto fue el gasolinazo de fines del año pasado. Y el gobierno comenzó a anunciar recientemente que llevaría de todos modos a cabo. Parte clave del programa de gobierno, es la construcción de la columna vertebral del saqueo de los recursos naturales de Bolivia, la IIRSA, el sistema de caminos, energía y comunicaciones diseñado por el BID para el saqueo del continente. IIRSA ha llegado a constituirse en el principal gasto del gobierno, y el TIPNIS es parte de este sistema. Su importancia es tal que a pesar de que el gobierno anunció llevar la causa marítima a la Haya, tiene vigente un acuerdo con Chile, (además de Brasil), para construir la Bioceánica Central, con lo cual facilita el paso de Chile hacia el Atlántico, -función que también tendrá la carretera a través del TIPNIS-, pese a que acusa a Chile de no darnos ni lo que tiene comprometido desde 1904 como compensación por haber dejado a Bolivia sin salida al mar.

Este programa económico, ha estado en curso desde el principio  mismo del actual gobierno, como se puede ver de las medidas económicas y las leyes aprobadas, por ejemplo, en noviembre del 2006 ya publicó una ley para la instalación de una plantación e ingenio etanolero en el Madidi, pese a que al mismo tiempo discurseaba especialmente en el exterior contra los agrocombustibles y el capitalismo. A principios de este año el gobierno convocó la instalación de un segundo ingenio.

Finalmente, es notable que la utilización de grupos que se atribuían la representación de todos los interculturales y/o cocaleros con el fin de enfrentar a los indígenas, actuando bajo evidente protección policial como grupos parapoliciales, no perseguía un objetivo democrático y tenía el despreciable objetivo de utilizarlos como grupos de choque para acabar con los indígenas y abrir el paso a las trasnacionales; no era democrático someter a los marchistas a un cerco inhumano, llegando a privarles inclusive de agua. Tampoco pueden ser tomadas como democráticas las acusaciones y medidas asumidas para impedir la solidaridad hacia los indígenas, para convertir la solidaridad en un crimen.

La reacción del pueblo boliviano frente al movimiento iniciado por los pueblos del TIPNIS se ha convertido en un movimiento nacional en defensa del medio ambiente, los derechos de los indígenas y la democracia que no tiene precedentes en la historia de Bolivia y tampoco en el continente. Este movimiento y esta historia demuestran que el discurso “indígena” del gobierno sólo tuvo el objetivo de enmascarar la continuación de la entrega de los recursos naturales al capital transnacional. Esto constituye una traición a la agenda de octubre del 2003, que exigía la nacionalización e industrialización de los recursos naturales. El gobierno actual ha traicionado esta agenda. La actual movilización nacional, podría significar la continuación del aquel proceso interrumpido en octubre, 2003.

 

FUENTES

[1] Indígenas denuncian que sufrieron 4 muertos. La Razón, 26/09/2011

[2] Conflicto en TIPNIS Fiscalía desmiente al Gobierno y niega orden para intervenir marcha

[3] Colonizadores de Yucumo advierten con paro regional. La Razón, 14 de septiembre de 2011

[4] Colonizadores de Yucumo advierten con paro regional. La Razón, 14 de septiembre de 2011

[5] Gobierno descalifica a Naciones Unidas como intermediario en conflicto del TIPNIS. ERBOL, 5 septiembre 2011

[6] Brasil pide diálogo para financiar el tramo II en el TIPNIS  (La razón 04/08/2011)        

[7] Primero Evo y ahora un ministro amenaza a indígenas y dice que si la marcha comienza no habrá diálogo ABI, 03/08/2011

[8] TIPNIS: Dos mil bloqueadores esperan a indígenas en Yucumo Los Tiempos, 15 de septiembre de 2011

[9] El Gobierno pone 4 condiciones para dialogar con los indígenas marchistas. La Razón, 29 de Agosto de 2011

[10] La consulta por el TIPNIS no será vinculante. La Razón, 1/8/11

[11] CIDOB no irá diálogo, indígenas ratifican marcha y rechazo al tramo II. Jornada, 9, agosto 2011

[12] No desbloquearán Yucumo y la marcha puede terminar allí. Página Siete, 14 de septiembre de 2011

[13] La carretera del conflicto: cocaleros contra indígenas La Prensa, 20/07/2011.

[14] Cocaleros del Chapare en emergencia en contra de la marcha indígena del TIPNIS 19/07/2011

[15] Marcha en defensa del TIPNIS suma más apoyo de indígenas Página Siete , 4 de agosto de 2011

[16] Emergencia en marcha indígena. García Linera habla de “blindar” con leyes el TIPNIS, 19/09/2011

[17]Tierras. Colonizadores afines a Evo amenazan a los indígenas por el TIPNIS, 02/08/2011

[18] Luiz Inacio Lula da Silva llegará mañana para hablar con Evo Morales El Diario, 28 de Agosto de 2011