El 29 de mayo, la comunidad de La Joya y la Empresa Minera Comunitaria Inca Sayaña publicaron una carta abierta denunciando a Inti Raymi, acusando graves irregularidades. La empresa, parte de la transnacional norteamericana Newmont, posee el 88% de las acciones de Inti Raymi SA (EMIRSA) y ha estado operando en Bolivia por más de 25 años, desarrollando proyectos en diversas localidades como Kori Kollo y Llallagua.

A pesar de invertir 22 millones de dólares en obras sociales para mitigar protestas, la empresa no cumplió con sus compromisos, generando descontento en las comunidades y provocando contaminación ambiental. La denuncia destaca la manipulación de líderes comunitarios mediante sobornos y dádivas, lo que ha llevado a una repetida expoliación de las riquezas naturales en perjuicio de las poblaciones locales.