Los impactos ambientales de las represas hidroeléctricas de San Antonio y Jirau en Brasil fueron advertidos en 2007 por el Ministerio Público. En Bolivia, las recientes inundaciones evidencian la fragilidad institucional, dejando a más de 60 muertos y 60,000 afectados. A pesar de las advertencias desde 2006 sobre el riesgo de estas represas, el gobierno minimizó el desastre, atribuyendo la situación a su supuesta gestión.
Los tribunales han confirmado que las lluvias extremas no habrían causado las inundaciones sin la influencia de las represas, resaltando la necesidad de una gestión más responsable de los recursos hídricos.
