Durante los tres gobiernos de Evo Morales, Bolivia apostó por la “industrialización de los recursos evaporíticos”, con el litio del salar de Uyuni como el mineral clave para la abundancia económica. Sin embargo, la realidad demostró que la estrategia fue improvisada: se ignoraron recomendaciones científicas, la infraestructura se deterioró y la investigación quedó rezagada.

Hoy, los contratos con empresas extranjeras como Uranium One Group y CBC muestran los riesgos de un modelo dependiente de capital extranjero: endeudamiento, impacto ambiental, consumo excesivo de agua en una de las regiones más áridas del país y vulneración de derechos de las comunidades indígenas. Las tecnologías de extracción directa de litio (EDL), aunque prometen eficiencia y rapidez, implican grandes demandas de agua dulce y salmueras, y su implementación sin estudios hidrogeológicos completos genera incertidumbre sobre la sostenibilidad del proyecto.

La experiencia boliviana evidencia la necesidad de planificación científica, transparencia, consulta a comunidades y políticas claras de gestión ambiental antes de avanzar con la explotación intensiva del litio. El dilema es claro: la industrialización del litio no puede ocurrir a costa de la soberanía, los ecosistemas y el bienestar de las comunidades.