La Amazonía, además de albergar una biodiversidad única y pueblos con conocimientos ancestrales, regula el clima y el ciclo del agua del continente. Su pérdida significaría un impacto ambiental, humano y democrático sin precedentes.

La deforestación, la minería ilegal y las economías ilícitas destruyen el bosque y fragmentan el tejido social de las comunidades. Cada hectárea deforestada acelera el cambio climático y reduce la capacidad del planeta para regenerarse.

A pesar de ello, las comunidades locales y los pueblos indígenas continúan resistiendo frente al avance del crimen organizado y los proyectos extractivos. Son los principales protectores del bioma y su labor requiere respaldo y protección.

Hoy, la Amazonía es también escenario de disputas por el control territorial. El crimen organizado opera con estructuras que reemplazan o capturan al Estado, generando degradación ambiental y debilitamiento democrático.

Proteger la Amazonía exige mirar más allá del uso de la fuerza: fortalecer el tejido social, garantizar derechos y construir alternativas económicas compatibles con el bosque.