Como ya se advirtió en el reporte del último cuatrimestre y en el balance analítico de 2025, la transición política no representó variaciones en la intensidad ni en los patrones de vulneración de los derechos que monitoreamos, a saber, los derechos a un medioambiente sano, de los pueblos indígenas y de quienes defienden el medioambiente y los territorios. Esto demuestra que los procesos económicos y políticos estructurales trascienden a los partidos y grupos que detentan el poder político, independientemente de sus ideologías o discursos.

A esta continuidad en las formas, intensidad y patrones de la vulneración de los derechos señalados le corresponde también una persistencia en el rol que adopta el Estado frente a esta. Este papel, asumido de facto en el marco de las políticas económicas basadas en el extractivismo, dista sustancialmente —e incluso es diametralmente opuesto— de la función de garante de derechos que le asignan la Constitución Política del Estado y los convenios internacionales. Por tanto, se observa que la tergiversación de su rol no solo persiste, sino que es probable que se agudice ante la gravedad de la crisis económica y la proyección de las decisiones del gobierno de Rodrigo Paz, como el incremento y expansión de las actividades extractivas, eje de sus propuestas de solución.

Ante ello, ratificamos la pertinencia de este reporte. El monitoreo, identificación, sistematización y documentación de las vulneraciones de los derechos se constituyen en una tarea básica para contrarresta la escalada de violencia contra la naturaleza y sus defensores, contribuyendo así a apuntalar las estructuras del Estado democrático.