El 12 de febrero, la Asamblea Legislativa Plurinacional, con mayoría del MAS, aprobó un Decreto Presidencial que otorga amnistía e indulto por razones humanitarias y políticas. Aunque esta medida se fundamenta en la Constitución, ha generado fuertes críticas de la oposición y sectores de la sociedad civil, quienes advierten que podría beneficiar de forma selectiva a personas vinculadas al MAS y al expresidente Evo Morales. La norma busca liberar a personas procesadas o condenadas por hechos relacionados con los conflictos sociales de 2019, pero plantea dudas sobre su adecuación a los estándares internacionales de derechos humanos y sobre la imparcialidad de su aplicación.