El 20 de enero de 2009, la Comisión Legislativa o “congresillo” aprobó la nueva Ley de Minería, pese a la abierta y tenaz oposición de las comunidades locales afectadas por la actividad minera, del movimiento indígena representado por la CONAIE, del movimiento ambiental y de otros muchos sectores nacionales.

Luego de la aprobación del proyecto, a la oposición se ha sumado el gremio nacional de empresarios mineros. Todos estos sectores, por razones diversas, aspirarían a que la Ley no entre en vigencia. Sin embargo, es el propio Presidente de la República, bajo cuya decisión está poner en vigencia el nuevo texto legal, quien presionó directa y públicamente a la Comisión Legislativa, para que desoyendo a los opositores, apruebe el proyecto.