El 20 de enero de 2009, la Comisión Legislativa de Ecuador aprobó la nueva Ley de Minería, a pesar de la fuerte oposición de comunidades locales, el movimiento indígena representado por la CONAIE, y organizaciones ambientales. Esta controversia no solo ha atraído la resistencia de las comunidades afectadas, sino que también ha unido a diversos sectores, incluido el gremio nacional de empresarios mineros, que desean que la ley no entre en vigencia.
A pesar de la oposición, el Presidente de la República ha presionado para que la ley se implemente, ignorando las preocupaciones de los detractores. Esta situación plantea serias preguntas sobre la sostenibilidad de las políticas mineras en el país y el impacto en las comunidades locales, subrayando la necesidad de un diálogo inclusivo y participativo en la toma de decisiones.
