El gobierno de Evo Morales impulsa la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos para conectar con Rondonia, Brasil, creando un quinto corredor bioceánico que beneficiará a los agroindustriales brasileños.
A pesar de la oposición indígena y la Ley 180 que prohíbe la carretera, el gobierno prioriza su compromiso con Brasil, ignorando las preocupaciones ambientales y sociales. Se prevé que la carretera aumente el tráfico de camiones, alterando el medio ambiente y la calidad de vida de las comunidades.
El proyecto generará impactos negativos significativos en el ecosistema y la salud pública, convirtiendo a Bolivia en un país de tránsito para beneficios ajenos.
