Los impactos ambientales que podrían ser provocados por las plantas hidroeléctricas de San Antonio y Jirau de Brasil, ya fueron advertidos por el Ministerio Público del Estado de Rondonia antes del inicio de la construcción de las represas el 2007. En cuanto hace a Bolivia, las inundaciones han puesto en evidencia la pobre institu-cionalidad imperante en el país. Como consecuencia los informes sobre los daños quedan a merced de los intereses de los políticos de turno y sus disputas.