La creciente demanda global de minerales para la transición energética, como litio, cobre y níquel, junto con la expansión de la economía digital, las infraestructuras de datos y las industrias militar y aeroespacial, está provocando daños ecológicos irreversibles y vulneraciones de derechos humanos en los territorios del Sur Global.

América Latina, la región más biodiversa del planeta y una de las más diversas culturalmente, alberga numerosos pueblos indígenas que resguardan estos territorios. Al mismo tiempo, concentra importantes reservas minerales, lo que la convierte en un punto estratégico para la extracción.

Esta presión extractiva se superpone con ecosistemas frágiles, biodiversidad única y territorios de comunidades locales e indígenas, desde la Amazonía hasta los humedales altoandinos. Estos ecosistemas son esenciales: regulan el agua, actúan como sumideros de carbono y resultan clave para la adaptación y mitigación del cambio climático.

La expansión de la minería intensiva incrementa la vulnerabilidad climática y genera conflictos socioambientales, poniendo en riesgo la integridad ecológica y cultural de las comunidades. Además, contradice los compromisos internacionales de los Estados en materia de clima y biodiversidad, y amenaza la posibilidad de una transición energética justa, reproduciendo desigualdades y daños que deberían superarse.