En 2007, Ecuador inició una auditoría de la deuda externa, marcando un hito en el contexto antineoliberal de América Latina. En 2009, el gobierno ecuatoriano se retiró del CIADI y envió al legislativo la denuncia de tratados de fomento y protección recíproca de inversiones. El 14 de septiembre, el Legislativo denunció convenios con Alemania y el Reino Unido, aunque el gobierno afirmó que estos seguirían vigentes hasta la aprobación del nuevo Código de la Producción, permitiendo que inversores británicos y alemanes puedan dirimir disputas en el CIADI por varios años adicionales.
Bolivia, que también ha firmado tratados similares, se enfrenta a un contexto similar, especialmente con la discusión de un nuevo proyecto de ley de inversiones. Los tratados vigentes en Bolivia establecen claramente los derechos de los inversores transnacionales, lo que limita las posibilidades de renegociación o discusión sobre su contenido.