En las últimas décadas, el extractivismo se ha consolidado como uno de los ejes centrales de la economía y la política en América Latina y Bolivia. Su expansión no solo ha redefinido el modelo productivo, sino que también ha impactado profundamente en la organización social, cultural y territorial de nuestros países. En este proceso, la vulneración de derechos humanos y los daños ambientales no aparecen como hechos aislados, sino como parte estructural del modelo extractivo.

Un elemento clave para viabilizar esta expansión ha sido la transformación de marcos normativos. Bajo el argumento del “bien común” o “interés general”, los Estados han priorizado la noción de utilidad pública por encima de derechos colectivos y territoriales. En la práctica, esta categoría jurídica ha servido para justificar la imposición de megaproyectos extractivos, muchas veces sin participación efectiva de las comunidades afectadas.

En gran parte de la región no existen criterios claros y democráticamente construidos para definir qué es realmente “lo público” o “lo útil”. Sin embargo, los gobiernos suelen imponer una interpretación que privilegia argumentos económicos y concepciones dominantes de desarrollo, dejando de lado otras visiones sobre el bienestar, el cuidado de la naturaleza y los derechos de las generaciones presentes y futuras.

El informe Minería o bien común. Utilidad pública en la normativa minera en Bolivia analiza esta problemática desde una perspectiva sociológica e histórica. A través de un examen exploratorio de la normativa minera boliviana, el estudio indaga cómo se ha construido este imaginario de lo común y cuáles son sus implicaciones para los territorios y la democracia.

Este trabajo forma parte de un esfuerzo colectivo regional que reflexiona críticamente sobre el uso de conceptos como utilidad pública en actividades minero-energéticas y su relación con procesos de despojo y reconfiguración del poder en América Latina.