En las últimas décadas, las actividades extractivas en América Latina, y en Bolivia en particular, se han expandido e intensificado, dejando impactos ambientales profundos y múltiples vulneraciones de derechos humanos. Más allá de la orientación política de los gobiernos, el argumento que suele sostener esta expansión es el del “bien común” o “interés general”, presentado como superior a cualquier interés particular. En el ámbito legal, la categoría de “utilidad pública” se ha convertido en el principal mecanismo para justificar estas actividades.

Sin embargo, la realidad en los territorios pone en cuestión ese discurso.

¿Cómo puede considerarse de interés común un modelo que implica despojo territorial, afectación a comunidades indígenas y campesinas, pérdida de medios de vida y vulneración de derechos? ¿Cómo encaja en esa noción la contaminación de fuentes de agua, suelo y aire, o la destrucción de ecosistemas que comprometen el futuro de las próximas generaciones? ¿Quién define qué es lo más beneficioso para el país? ¿Y por qué las comunidades directamente afectadas no participan en esa decisión?

Esta cartilla examina, desde una perspectiva histórica y jurídica, cómo el concepto de utilidad pública ha sido utilizado en la normativa minera para favorecer al sector extractivo, muchas veces alejándose del verdadero interés colectivo que dice proteger.