Avance Acelerado del Pozo Sipotindi X-1 Durante la Pandemia
El 20 de agosto de 2018, Evo Morales inauguró la perforación del pozo Sipotindi X-1 en la Capitanía Zona Macharetí, en el territorio demandado por el pueblo guaraní. Este proyecto, parte del «Acuerdo Marco de Desarrollo» con una inversión de $2.514 millones, continuó avanzando a pesar de la emergencia sanitaria por COVID-19.
Prácticas de Bioseguridad Inadecuadas
El 20 de abril de 2020, Herland Soliz, presidente de YPFB, destacó el progreso del pozo en plena cuarentena. Sin embargo, tras su destitución en mayo por irregularidades, se descubrió que las comunidades indígenas asumieron estrictas medidas de confinamiento mientras las empresas, incluidas Sinopec y YPFB, no implementaron adecuadas medidas de protección.
Brotes de COVID-19 y Ocultación de Información
El 21 de mayo, la Defensora del Medioambiente Yenny Noguera alertó sobre posibles casos de COVID-19 en Sipotindi X-1, ocultados por las empresas. El 22 de mayo, se confirmaron oficialmente tres casos, que aumentaron a 17 tras una inspección del COEM de Macharetí. Las deficiencias en bioseguridad y el ocultamiento de casos agravaron la situación.
Reacciones y Consecuencias Legales
Las autoridades locales y el SEDES anunciaron acciones legales contra las empresas por poner en riesgo la salud pública. A pesar de la gravedad del brote, los altos directivos de YPFB y Sinopec no se han pronunciado.
Crítica al Extractivismo y Derechos Humanos
El caso Sipotindi X-1 refleja la despriorización de la vida frente a la extracción de recursos. La falta de medidas preventivas y la ocultación de información evidencian la vulneración de derechos en nombre del extractivismo. Las comunidades indígenas han demostrado responsabilidad, en contraste con las prácticas laxas de las empresas.
Recomendaciones para Empresas y Gobierno
Se exige una revisión de las políticas de extractivismo y una mayor protección de los derechos humanos, especialmente en contextos de emergencia sanitaria. Las empresas deben adoptar prácticas de debida diligencia y respetar los derechos de las comunidades locales y pueblos indígenas.
