El gobierno peruano ha declarado de “necesidad pública” la actividad minera, facilitando concesiones a diversas empresas mineras extranjeras en zonas fronterizas con Ecuador, Chile y Bolivia. Un ejemplo destacado es el Decreto Supremo nº 024 de 2008, que otorgó a la empresa estatal china Zijin ocho concesiones en una zona de 6,500 hectáreas, anteriormente propiedad de Minera Majaz (Monterrico Metals).
El argumento para permitir la entrada de empresas extranjeras en la franja de 50 kilómetros de la frontera es la declaración de la minería privada como de utilidad pública. Este decreto también extendió el derecho a 27 concesiones adicionales, previamente pertenecientes a Compañía Minera Mayari S.A., sumando un total de 35 concesiones con una extensión de 28,263 hectáreas. Esta cantidad es comparable a las de las mayores empresas mineras de Perú.
Además, se ha reportado que una concesión contigua ha sido vendida a otra empresa china, Junefield Group S.A., lo que ha generado dudas sobre si Zijin está involucrada en esta transacción. La situación plantea serias interrogantes sobre la soberanía y el impacto ambiental de la minería en las zonas fronterizas.
