El proyecto del puente sobre el río Beni en Rurrenabaque, impulsado por el gobierno, amenaza el turismo y el Buen Vivir de la localidad. A pesar de la oposición de los habitantes, el gobierno insiste en su necesidad, alegando que solo un pequeño grupo está en desacuerdo.
La construcción, adjudicada a una empresa china, ignora las leyes y principios promovidos por el propio gobierno, priorizando intereses económicos sobre la seguridad y bienestar local.