Aunque el discurso oficial insiste en la “industrialización del litio”, la realidad muestra un camino distinto: uno basado en la explotación de materias primas y la dependencia de empresas extranjeras. En medio de una profunda crisis económica, los contratos firmados entre el gobierno de Luis Arce y las empresas Uranium One Group (Rusia) y CBC (China) despertaron protestas, críticas y movilizaciones sociales en distintas regiones del país.

Actualmente, ambos contratos se encuentran paralizados, pero el riesgo de su reactivación sigue latente. Este análisis advierte que estos acuerdos ponen en segundo plano la soberanía del litio boliviano y podrían implicar compromisos económicos, sociales y ambientales de largo plazo.

Los contratos establecen condiciones que favorecen a las empresas transnacionales, con proyecciones económicas poco realistas frente al comportamiento del mercado global, compromisos desiguales y pagos con recursos naturales clave por más de 40 años. Su aprobación significaría un nuevo ciclo de endeudamiento y dependencia de capitales extranjeros, además de impactos profundos en los territorios donde se desarrolla la extracción.

Las llamadas “zonas de sacrificio”, regiones donde se concentran los efectos ambientales y sociales de la minería, se expanden mientras la promesa de desarrollo sostenible sigue sin concretarse. Los riesgos ambientales, el uso intensivo de agua y la falta de consulta a las comunidades locales evidencian la necesidad urgente de transparencia, debate público y participación social en la gestión del litio.

Bolivia enfrenta una disyuntiva clave: consolidar un modelo soberano, basado en la ciencia, la justicia ambiental y la participación ciudadana, o repetir el viejo patrón extractivista que perpetúa la dependencia y la desigualdad.