La situación de los derechos humanos en Bolivia siguió deteriorándose durante 2025. Las afectaciones al derecho a un medioambiente sano, a los derechos de los pueblos indígenas y a la labor de las personas defensoras ambientales muestran un escenario marcado por la impunidad y un Estado cada vez más débil para garantizar derechos.

En medio de la crisis económica, el avance del modelo extractivista intensificó la presión sobre los territorios. Se debilitan espacios de participación y consulta, mientras crecen la estigmatización y la criminalización de quienes defienden el ambiente y sus comunidades. El informe también examina las preocupaciones generadas por la Ley 1720, cuestionada por organizaciones indígenas y de la sociedad civil.

El balance advierte que insistir en el extractivismo como respuesta a la crisis profundiza los conflictos, debilita las instituciones democráticas y aumenta las vulneraciones de derechos. Frente a este escenario, fortalecer la protección de los territorios, la participación ciudadana y el acceso a la justicia sigue siendo un desafío urgente.