La carretera San José-San Ignacio de Velasco se abre en medio de la Chiquitania con impactos ambientales negativos para las comunidades indígenas. El gobierno boliviano no cumplió con la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas para construir la vía, que está a cargo de la empresa China State Construction.
Por Malkya Tudela
Al momento de inaugurar el puesto de salud para San Pedro de Sapocó –dos habitaciones, un baño y un recibidor abierto–, don José Domingo Masay pregunta al representante de la contratista China State Construction cuánto se invirtió en la obra que están recibiendo en compensación por extraer granito negro e instalar una planta de asfalto en su territorio ubicado en el municipio de San Miguel de Velasco. Hay un silencio, luego las traducciones van y vienen. La respuesta es que se lo dirán en otra ocasión.
El material extraído se empleará en asfaltar parte de la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco (SJ-SIV), que está planificada de 208 kilómetros y tiene un financiamiento de 230 millones de dólares del Banco Mundial. El tiempo de construcción es de 36 meses desde septiembre de 2019, aunque la pandemia ralentizó el trabajo.
Sin respuesta sobre el costo del centro médico, los comunarios entregan un proyecto de reparación del techo y el piso de la capilla. Las familias esperan que la China State Construction y la empresa Tuma Hermanos Ldta., que tiene el contrato minero, corran con esos arreglos retribuyendo la extracción del material de construcción para la carretera.
La ruta unirá en los puntos SJ-SIV a otras dos vías internacionales que ingresan paralelamente a territorio boliviano desde la frontera con Brasil (corredor norte Santa Cruz-Cuiabá y corredor sur Santa Cruz-Puerto Suárez-Corumbá, conocida como Bioceánica). Ambas rutas paralelas están planificadas dentro de la Iniciativa de Integración Regional Sudamericana (IIRSA), ahora COSIPLAN.
El acto de inauguración del puesto de salud ocurrió el pasado 1 de diciembre. A las siete de la mañana, José Domingo Masay, Manuel Dorado e Inés Saucedo tomaron sus escobas para barrer el piso del galpón que cubre la cancha de fútbol de San Pedro de Sapocó. A las nueve, ya estaban vestidos con sus mejores ropas para recibir a sus visitantes.
Los funcionarios de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC), la contratista China State Construction y la supervisora boliviano-española EPTISA-CYPLA llegaron ataviados con chalecos de colores y ropa de trabajo. Casi al mismo tiempo, arribaron los obreros que pertenecen a la comunidad. Las tres instituciones auspiciaron también una feria sobre salud sexual y reproductiva, pruebas rápidas de VIH y la distribución de folletería y condones.
Aspiraciones modestas
Inés Saucedo, representante de salud de Sapocó y líder religiosa, relata que conseguir la construcción del puesto de salud fue muy difícil: “Hemos tenido reuniones y reuniones, y con apoyo de otras instituciones hemos hecho fuerza. Nos ha costado tener este consultorio y es necesario para niños, mayores y ancianos”. Solo el pasaje de ida y vuelta hasta San Miguel por una consulta médica cuesta 24 bolivianos en minibús.
En esas gestiones intervinieron la representación indígena de Sapocó, la Central de Comunidades Indígenas de San Miguel (CCISM) y miembros del Control Social Circunstancial de la carretera en el municipio de San Miguel de Velasco.
El gobierno no prevé una retribución por la explotación de yacimientos ni de áridos ni de cuencas orientada a la construcción de la carretera. Para ello apela al Decreto Supremo 28946 que establece que esos recursos podrán ser utilizados libremente en las obras de la Red Vial Fundamental, que se hagan por cuenta del Estado, “siendo la única compensación el pago de la patente en el marco de la normativa vigente”.
Pero el Banco Mundial, que establece salvaguardas para las comunidades indígenas afectadas en su documento OP 4.10, afirma que “si el proyecto implica la explotación comercial de recursos naturales en esas tierras o territorios o de los recursos culturales y los conocimientos de los Pueblos Indígenas, en el PPI se incluyen mecanismos para posibilitar que estos reciban beneficios apropiados desde el punto de vista cultural, así como una participación equitativa en los beneficios procedentes de dicha explotación comercial”.
Las comunidades están siendo afectadas ahora, sin haber sido informadas exhaustivamente por las autoridades, y comienzan a reaccionar a medida que la contratista china avanza con las obras.
El cacique de San Pedro de Sapocó, Manuel Dorado, explica: “Tenemos un contrato con la empresa china de que van a entregar el puesto de salud. Después de eso tenemos la refacción de la iglesia de Sapocó. La empresa china va a hacer el techo y la empresa Tuma va a hacer el piso. La empresa china va a hacer una represa en el barrio Riñamema también. Es como compensación que están dando a la comunidad”.
En conversación telefónica desde EEUU, el propietario de la empresa Fernando Tuma explica que él también tiene un acuerdo con la contratista China State Construction: ha cedido la explotación minera del cerro a cambio de recibir cuotas de piedra granito chiquitano hasta completar los 7.000 m³. Los ingenieros en construcción calculan que un cubo (m³) de piedra se aproxima a las dos toneladas.
Tuma Hermanos seguirá con la producción de mármoles de cocina para el mercado de hogares de alta capacidad adquisitiva, pero sin pagar maquinaria ni mano de obra en la explotación del recurso. Y no está claro si se hará cargo, y cómo, de las afectaciones ambientales.
Falta de información a la comunidad
¿Cuánto dará la cantera en piedra granito? Los comunarios de Sapocó no han sido informados de las dimensiones de la explotación ni del impacto ambiental que dejará la explotación y la planta de asfalto, a la que llaman chancadora.
“Lo más que nosotros sabemos es que de este cerro, el ripio, el material, (su uso en el asfalto) va a llegar hasta San José (a más de 100 km), porque dicen que no han encontrado en otra parte. Por eso vamos a intentar (exigir) a la empresa, que repare la capilla y otras cosas más, por lo menos que nos deje un atajadito para la comunidad. Tenemos que pechar pues porque, usted sabe, el que no habla es porque no necesita”, explica don José Domingo.
Para este reportaje se consultó a la ABC regional Santa Cruz acerca del impacto ambiental de esta y otras plantas de asfalto, así como sobre las negociaciones individuales que realiza la contratista china con comunidades y propietarios privados. A pesar de varios compromisos de responder a la entrevista, por diversos medios, no lo hicieron hasta el cierre de esta edición.
La información que es pública refleja que se previó utilizar el material de la cantera de Sapocó para construir la sub-base, la base, las obras de hormigón, la carpeta asfáltica y el pavimento desde San Ignacio de Velasco, pasando por el municipio de San Miguel, hasta San Rafael.
En el estudio TESA (técnico económico social y ambiental) del año 2016, la ABC identifica la cantera de Sapocó con 1.17 millones de m³ de volumen aproximado de explotación.
“Es una cantera de granito –describe el estudio–, es decir rocas ígneas constituidas principalmente por cuarzo, feldespato y mica (…material) apto para ser usado en capa base, carpeta asfáltica, estructuras de hormigón y pavimento”.
A más o menos un kilómetro de San Pedro de Sapocó, la planta de asfalto ya funciona con ruido por las explosiones y polvo molesto para las familias que viven cerca. A ambos lados del camino hacia la chancadora, pequeños campos de maíz de los comunarios intentan crecer en algunos metros cuadrados incluso en el ingreso a la explotación.
El contrato minero en Sapocó pertenece a la Fábrica de Mosaico y Marmolera Tuma Hermanos Ltda. En una “consulta previa” realizada el año 2018 por la Autoridad Jurisdiccional de Administración Minera (AJAM), un año antes de iniciar las obras de la carretera, la representante de la marmolera aclaraba que la consulta era para la fase de exploración.
“Queremos en principio entrar a explorar… No es que ahorita con el contrato vamos a entrar a trabajar, eso puede llevar años… No es que de una vez vamos a tener cosas, (ustedes) mucho se mentalizan en eso, quieren pedir una cosa, quieren pedir la otra”, dice la representante de Tuma Hermanos dirigiéndose a la comunidad, en el mismo galpón de Sapocó, en un video del Tribunal Electoral.
¿Hicieron la consulta previa, libre e informada para la fase de explotación? Fernando Tuma no dice ni sí ni no contundentes, pero afirma: “Si no la hubiéramos hecho, no nos hubieran dado el contrato (minero)”.
Pero Tuma Hermanos ya explotaba antes el granito negro del mismo cerro, con autorización del municipio de San Miguel, porque el recurso estaba clasificado como “áridos y agregados”. Después de un proceso judicial, el Estado reclasificó el sitio como área minera y el contrato con la AJAM se firmó el año 2018 y fue aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional en 2020.
Los impactos ya se ven
En septiembre de 2019, la empresa China State Constrution comenzó las obras cuando todavía estaban vigentes los incendios forestales que arrasaron con 3,9 millones de hectáreas en el departamento de Santa Cruz, la mayor parte de ellas en la Chiquitania.
El TESA de la ABC prevé impactos ambientales negativos en aire, suelo, paisaje, fauna y ecología con las tareas de excavación y movimiento de tierras, la excavación con explosivos y los bancos de préstamo (yacimientos de arena y grava).
En la instalación y operación de plantas de agregados, de hormigón y de asfalto, se prevé impactos negativos para el aire, suelo y agua.
Por ahora, los bancos de préstamos son visibles desde San José de Chiquitos, San Miguel, San Rafael y San Ignacio, toda la ruta de las misiones. A ambos lados de la carretera hay huecos gigantes de arena expuesta con camiones alrededor que esperan cargar el material. A lo largo del tramo de 208 kilómetros, la China State Construction entabló negociaciones por separado con propietarios privados, con colonias y con las comunidades.
En la comunidad San Antonio, municipio de San José de Chiquitos, don Víctor Flores, de 63 años, está molesto con el cacique de su comunidad porque quiere que la contratista china explote áridos en su territorio, como sucede en la colonia menonita vecina.
“Eso nos beneficia en hacer un cambio. Ellos sacan material y nos devuelven en desmonte para sembradíos, maíz, arroz, soya”, dice Flores, metido en sus botas negras de goma y en una polera amarilla del carnaval josesano.
Él tiene la idea de bajar entre 20 a 40 hectáreas de bosque, que asegura que es la superficie que seis familias de la comunidad pueden trabajar.
Los rumores dicen que la colonia menonita consiguió 300 hectáreas de desmonte a cambio, mientras que en otros lugares se dice que algunos propietarios lograron abrir atajados de agua y horas de retroexcavadora. Los comunarios buscan un acuerdo así porque la maquinaria para tumbar árboles y maleza cobra por hora y en dólares, y es algo que no pueden permitirse.
La lucha por el agua
Otro punto conflictivo es el agua. Don Víctor no sabe cómo solucionará el problema que generó la empresa china al quitar un puente pequeño del antiguo tramo: ahora el agua de lluvia no corre y amenaza con ingresar a la comunidad.
“En enero y febrero viene la llenura con fuerza, nos pone en peligro, (también a) los pollos, patos, chanchos, ganado”, dice mientras señala el agua detenida en una especie de zanja paralela a la carretera en el ingreso a la comunidad.
“Al levantar un terraplén para construir una carretera, estamos construyendo pequeñas represas, estamos represando pequeños cursos de agua. Si bien se hacen puentes para los cursos más grandes, se canalizan los cursos intermedios, los pequeños cursos se obstruyen. Entonces áreas que no se inundaban ahora se inundan y lagunas que antes existían se secaron”, dice Sara Crespo, coordinadora de proyectos en Probioma, recordando lo sucedido en la construcción de la carretera Bioceánica a principios del milenio.
Don Víctor es protagonista de una paradoja porque no puede usar esa agua contaminada por el flujo de la carretera, y al mismo tiempo carece del líquido para su consumo. Por ello, el municipio envía una cisterna cada 30 o 40 días para llenar un tanque gigante de polietileno.
Todas las comunidades tienen dificultades en mayor o menor medida para acceder al agua. San Pedro de Sapocó también tiene problemas con el agua del río del mismo nombre que se contiene en una especie de represa en sus tierras. El municipio de San Miguel conectó una cañería hasta ese lugar para llevarse el agua al centro urbano sin consultarles.
“Nosotros tenemos un presidente de agua aquí. Hemos invitado al alcalde de San Miguel; no ha venido hasta ahora. Se están llevando el agua de nuestra comunidad, nosotros pagamos el agua. En San Miguel no pagan el agua y allá desperdician, revientan las cañerías”, dice José Domingo Masay, que a sus 70 años es el control social de su comunidad.
San Miguel, el centro urbano, fue una misión jesuítica y se destaca por una de las magníficas iglesias construidas por los indígenas chiquitanos en esa época. La contratista china instaló una fábrica de tubos de alcantarilla a orillas de la laguna que hasta hace poco suministraba agua a domicilio para la ciudad.
Un informe de miembros del Control Social Circunstancial de San Miguel, de septiembre de 2021, dice que “aún no se ha realizado el estudio ambiental sobre los efectos de la fábrica de tubos de alcantarilla a la laguna e inmediaciones pese a que ya existe un compromiso por parte de la empresa china”.
La disponibilidad de agua es un gran problema en la Chiquitania porque la región padece sequía por lo menos cinco meses al año. Este lapso se incrementó a siete meses en 2019, según Fundación Amigos de la Naturaleza, con un “déficit hídrico extremo” por una precipitación menor hasta en 62% en comparación con la acumulada normal del período 1981-2018.
Ante la escasez de agua, el TESA previó la perforación de 10 pozos de agua de 120 metros para el funcionamiento de las plantas de asfalto, hormigón y agregados que operarán a lo largo de la vía. Además de utilizar el recurso del río Sapocó, la laguna Pasiviquí y el Curichi, “únicos cursos con agua durante todo el año dadas las condiciones de sequía en el sector durante varios meses”.
En Pasiviquí, municipio de San Ignacio de Velasco, aún no saben que su laguna está fichada para proveer de agua a la megaobra. Don Soriano Rivero, cacique de esa comunidad y que trabaja como sereno nocturno en la alcaldía de San Ignacio, dice que los obreros de la contratista china están haciendo un puente en la salida del agua de su laguna.
«Querían que yo, como autoridad, les firme un contrato de la alambrada… Me insistió el chino. ‘No te firmo’, le dije yo, ‘además este documento no sé si lo vamos a aceptar o no’, quedamos así y no ha vuelto”.
Los comunarios de Pasiviquí, dice don Soriano, usan su laguna para recrearse y que beban sus animales, pero el agua para consumo humano la obtienen de pozo. “No creo que (la empresa china) agarre agua de la laguna, se está secando, los comunarios no lo van a permitir”, dice Fernando Rojas, el gran cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco (ACISIV).
Algunas comunidades no pueden conseguir agua ni con la perforación de pozos. En Quituquiña, municipio de San José, perforaron seis pozos sin resultados favorables. “Cuatro que no han dado agua, pero dos que han dado agua muy pesada, agua salada, no apta para consumo humano”, dice Ronald Zambrana, comunario y exconcejal.
Bastante lejos de Quituquiña, en la comunidad Santa María del municipio de San Ignacio de Velasco, están los interculturales asentados en los últimos 10 años. Allí se siembra sésamo para vender a acopiadores y se cría ganado con programas de apoyo gubernamental. Pero tampoco tienen fácil acceso al agua.
“Nuestro pozo es recién (perforado), hace dos años lo tenemos, con muchas gestiones que hicimos. La tercera vez que perforamos recién salió agua, porque una primera vez se perforó a 120 metros y no salió nada…, está el caudal entre 3.000 y 4.000 litros hora, no alcanza para una población elevada”, explica Edwin Soliz, un intercultural cuya comunidad tiene 63 familias.
El otro problema es la pugna por el agua con las propiedades privadas. Los grandes propietarios tienen grandes hatos bovinos que deben mantener en buen estado, para lo que suelen retener la corriente de un río que pasa por sus propiedades en pequeñas represas causando problemas principalmente a las comunidades indígenas.
Lorenzo Pinto, dirigente indígena de 35 años, estuvo en el Control Social Circunstancial de la carretera, representando a San José de Chiquitos. “En época de lluvia las propiedades privadas, arriba, han decidido hacer atajados, desvíos, canaletas, es complicado que el agua venga de otro lado (hacia las comunidades). El que tiene maquinaria hace lo que puede. Eso pasa en la mayoría de comunidades, peor si son extranjeros (los propietarios)”, explica Pinto. En su comunidad Natividad ya hubo problemas por el agua entre los propios comunarios.
¿La empresa china logró conseguir agua con la perforación de pozos? La ABC también fue consultada acerca del uso de las fuentes de agua por parte de la constructora para la construcción de la ruta. No respondió a ese requerimiento.
En esas circunstancias, la agricultura es una actividad de subsistencia que depende de la temporada de lluvias y en su mayor parte se destina a alimentar al ganado. El resto de la alimentación se consigue en el mercado de la ciudad más próxima, donde los comerciantes, generalmente migrantes andinos, hacen llegar frutos agrícolas y alimentos procesados.
“El próximo conflicto en la Chiquitania será por el agua”, dice Aldices Vadillo, responsable de Fundación Tierra en Santa Cruz. Relata que el arroz fue introducido por los jesuitas en la alimentación de los chiquitanos, pero ahora no se puede cultivar porque necesita una alta humedad en el terreno.
“Las tierras son fértiles, el problema es que no llueve, si vamos a sembrar plátano, maíz, yuca, si no llueve, vamos a perder. Por eso los hombres buscan trabajo en las haciendas, a 30 km, a 40 km, ganan su plata, vuelven para comprar víveres para su familia, lo poco que hay de maíz lo ocupan para la gallina, para el chancho y para la chicha”, dice José Domingo.
Ahora también la empresa china contrata obreros. En San Pedro de Sapocó fueron reclutados 30 hombres, quienes dejaron la agricultura por ahora para convertirse en asalariados. “Les conviene. Las esposas están cuidando los campos”, comenta el cacique Manuel Dorado.
La ganadería en pequeña escala es la producción principal en las comunidades, y está alentada desde programas de entrega de animales y forrajes del gobierno nacional y de la gobernación departamental. Los comunarios cuentan que sus escasos bovinos se debaten entre el enflaquecimiento por falta de pastos durante la sequía y el engorde, otra vez, cuando llueve.
En el primer día de diciembre, cuando la temporada de lluvias debió haber empezado un mes antes, José Domingo Masay dice: “Dios se va a compadecer de nosotros y cualquier rato va a llover”. El cielo encapotado de esa primera semana del mes le respondió con chubascos ocasionales y localizados.
Pero las previsiones técnicas no son alentadoras. La FAN prevé a futuro una producción agrícola baja en rendimientos, mayor erosión del suelo, pérdida de cultivos, disminución de forraje para el ganado y aparición de enfermedades en bovinos.
Por eso también, los grandes propietarios insisten en la aprobación de semilla transgénica de soya resistente a la sequía en función de la producción de biodiesel impulsada por el gobierno.
La compensación para los pueblos indígenas
El gobierno boliviano no cumplió con la consulta previa, libre e informada a las comunidades indígenas para construir la carretera que unirá los municipios de San José de Chiquitos, San Miguel, San Rafael y San Ignacio de Velasco. La compensación por los posibles daños tampoco fue discutida, aunque los comunarios recibieron el compromiso verbal de que se aumentará el presupuesto para el Plan de Pueblos Indígenas (PPI).
El PPI tiene el objetivo de “mitigar los posibles impactos del proyecto…, tomando en cuenta que el proyecto activará una serie de procesos socioeconómicos con efectos sobre la dinámica sociocultural de las comunidades de la zona”.
“Ahora no se hacen consultas previas, no se toma en cuenta el principio precautorio que está en el convenio de Escazú, del que Bolivia es parte. Las autoridades se van directo a la compensación. No hay consulta acerca de cómo mitigar, minimizar el impacto, cómo podemos prevenirlo. Es siempre un canje: yo voy a hacer esto y te doy esto otro”, dice Sara Crespo, encargada de proyectos de Probioma, institución que trabaja en la región hace más de quince años.
El gobierno solo llevó a cabo consultas públicas en los cuatro municipios dirigidas a la sociedad civil en general: representantes cívicos, de juntas vecinales, de sectores urbanos, de propietarios privados y de indígenas.
Posteriormente, los funcionarios de la ABC los buscaron en sus comunidades para anunciarles que necesitan limpiar 50 metros a ambos lados del eje de la carretera, denominado Derecho de Vía (DDV), espacio que en algunos casos incluye remover viviendas y equipamiento comunitario.
Sara Crespo explica que es usual que las autoridades vayan, comunidad por comunidad, a conversar con las poblaciones, en lugar de reunirlas junto a sus representantes para darles información y consultarles su opinión. “Hay comunidades de 15 familias, se sienten solas (frente a la autoridad). Estando juntas existe mayor posibilidad de negociación”, explica.
Desde el inicio de las obras, los caciques de las centrales indígenas demandaron participar en la definición del PPI que tenía inicialmente un presupuesto de 1 millón de dólares.
Luego de mucha insistencia y casi un año de espera por parte de las centrales indígenas, estas obtuvieron el compromiso de que se asignará a cada una un promedio de 1 millón de bolivianos, según miembros del Control Social Circunstancial (CSC).
El cacique de la Asociación de Cabildos Indígenas de San Ignacio de Velasco, Fernando Rojas, explicó que en la segunda semana se diciembre las autoridades se comprometieron a subir el monto global del PPI. A su organización le corresponderá 2,2 millones de bolivianos para construir una sede, armar un taller, comprar maquinarias y desarrollar el fortalecimiento de capacidades de su organización.
“Satisfecho, uno nunca queda, pero ese dinero va a dar para medio construir la sede, eso es lo importante”, dijo Rojas.
Cada central indígena tiene pensado el destino de ese dinero: en San Miguel prevén la construcción de una sede o casa grande en el centro urbano, con alojamiento para los comunarios que salgan de sus comunidades por algunos días hacia la ciudad; en San José tienen un proyecto productivo, artesanal y de perforación de pozos de agua; en San Rafael quieren una sede social productiva con salón de exposición, restaurante, auditorio, sala de computación y alojamiento. El presupuesto considera esas acciones como fortalecimiento organizacional. El PPI también incluye a la TCO ayorea Santa Teresita que está a 60 km del eje carretero.
Las salvaguardas del Banco Mundial para la financiación de estas megaobras prevén la consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas en todo el ciclo del proyecto. Y junto a ello la elaboración de un PPI para compensar sus efectos.
Para Sara Crespo, de Probioma, hablar de compensación a secas excluye el hecho de que las comunidades están perdiendo su entorno y que todo eso se va a ver acelerado con la ampliación de la frontera agrícola y ganadera, la minería, el desbosque, etc.
Los pequeños apuestan por la agricultura para exportar
Edwin Soliz es un ganadero treintañero que vive hace diez años en la comunidad Santa María, del distrito 7 del municipio de San Ignacio de Velasco. La zona tiene asentamientos recientes que se dedican al trabajo de la tierra para el mercado mundial y a la ganadería para el mercado local. Los productos para su propia alimentación los compran de los pequeños intermediarios.
Edwin ha decidido no ser agricultor, debido a las cotizaciones oscilantes del sésamo en el mercado internacional, es principalmente ganadero. “Los precios son inestables y el transporte es caro, todo eso hace que uno, con la experiencia que tiene, no apueste mucho por la agricultura. Sembramos maní y maíz, pero es para consumo propio de las vacas”, comenta.
Mientras avanza la entrevista, el joven ganadero mira constantemente de reojo como si alguien estuviera a punto de sorprenderlo por la espalda. En su comunidad son 63 familias interculturales asentadas en esa zona boscosa desde julio del año 2002.
El distrito 7 de San Ignacio de Velasco es conocido como zona productora. “Haciendo mis cálculos, hay un movimiento económico grande en el distrito. Debe ser millones a través de la producción del sésamo porque hay cuatro empresas que compran el sésamo, hacen acopio, prelimpieza, y de ahí a los silos en Santa Cruz para hacer limpieza para la exportación a Japón, a México, a Canadá. Podemos decir que el 95% de la producción es para exportación”, explica Soliz.
Tanto la agricultura como la ganadería están respaldados por programas del gobierno nacional, y el mismo ingreso a ocupar la zona ha sido auspiciado por la política gubernamental de asentamiento, dotación y titulación de tierras en zonas que antes era concesiones forestales. Todo funciona a través de las subcentrales y centrales interculturales, cuyos dirigentes se encargan de los trámites ante el Instituto de Reforma Agraria y otras oficinas.
Los pequeños campesinos están orientados al mercado y su propia alimentación les llega a través de otros pequeños comerciantes migrantes que llevan toda clase de víveres, frutas y verduras en camionetas y camiones por las comunidades.
La falta de agua, los desmontes con maquinaria para habilitar tierra agrícola, la reducción del número de meses lluviosos, los cambios en el clima, la ocupación casi total de la tierra disponible, la preocupación porque la producción sea sostenible, son elementos que rondan en su cabeza.
La carretera San José-San Ignacio de Velasco no está entre sus ítems de preocupación. “Nosotros utilizamos la carretera Santa Rosa de la Roca-Piso Firme o Remanso, llega al Beni al municipio de Baures, es muy transitable. Adentro hay zona maderera, zona pesquera, zona minera. Hay un cerro de mina, camionadas y camionadas salen de minerales, sacan wolfran, es zona aurífera también, pero sacan en bruto, en piedra, creo que llevan a Perú y allá lo clasifican”, explica.
La Central San Martín, a donde está afiliada la comunidad Santa María, a la que pertenece Edwin Soliz, pretende ahora pedir que se haga el asfalto o el ripiado de ese tramo porque sus habitantes consideran que eso va a ayudar a bajar los costos de transporte de su producción.
Una apertura de las comunidades a los migrantes
Víctor Padilla es el portero de la sede de la Central Indígena Turubó en San José de Chiquitos, pero fue dirigente de esa entidad en los años 80 en que se definieron los títulos y el saneamiento de las comunidades indígenas en ese municipio. Ahora, a sus 68 años, es un archivista y guardián autonombrado de los documentos que genera su organización.
Se ha asentado en la ciudad San José de Chiquitos, y no ha vuelto a su comunidad, Portoncito, aunque sabe que ahí tiene todavía su lugar dentro de la propiedad colectiva. Esto es algo común entre los pueblos chiquitanos de esta región: están registradas decenas de familias fundadoras en el libro de la comunidad, pero en muchos casos viven y trabajan ahí un número menor.
Salir a la ciudad es lo normal en busca de trabajo, por falta de agua potable, por la persistente sequía y/o para buscar la escuela primaria o secundaria para la educación de los hijos. Al mismo tiempo están llegando migrantes del occidente para formar parte de las comunidades chiquitanas. No son nuevos asentamientos ni es algo generalizado, pero Padilla registra varios casos de migrantes asimilados en las comunidades chiquitanas de San José.
“La gente del interior llega con ideas buenas a trabajar y, si se la ve que tiene interés de sobrellevar el estatuto y reglamento de la comunidad, si se comprometen a trabajar con el comunario camba, se les acepta, se les da cobertura”, explica.
Los migrantes ya están en la ciudad de San José sin cumplir ese requisito de acatar estatutos. Administran grandes almacenes, alojamientos y proveen alimentos traídos desde los valles cruceños. Los edificios de tres o cuatro pisos, al estilo de los cholets, comienzan a ser una marca de la ciudad.
Padilla, cuyo padre llegó a la región, reclutado para construir el ferrocarril hacia Brasil en los años 50, se refiere a un arribo a cuenta gotas de pequeños campesinos con ideas emprendedoras en las comunidades indígenas.
“En la comunidad de Pororó tenemos la mayor parte de comunarios collas, incluso la autoridad que tiene es colla y es militar, tiene chanchos, ganado, crianza de pollos y está procurando créditos para engrandecer su criadero, y da trabajo”, relata Padilla. En esta comunidad, dice, preparan la tierra con maquinaria para lo que alquilan el tractor de la organización.
En la comunidad de Dolores, las pocas familias de migrantes también tienen chanchos y trabajan con préstamos. Y en la comunidad de Piococa, ubicada sobre la carretera Bioceánica, cuyas familias migrantes proceden del chaco chuquisaqueño, tienen peces, ganado y porcinos, además de que cuentan con el agua de pozo que dejó la Comisión Mixta Ferroviaria Boliviano-Brasileña que construyó el ferrocarril en los años 50.
Víctor Padilla recuerda una más: “En la comunidad de Candelaria, que está a 30 km del lado norte. Ahí hay collas trabajando, tienen carbonería, tienen agricultura, tienen NOAH (minibuses) y tienen camiones. El señor (comunario) paga por la mano de obra, cortado de leña, acarrear. Eso es fuente de trabajo que ayuda a la comunidad”.
San José de Chiquitos es una ciudad ubicada sobre la carretera Bioceánica, que funciona desde 2012. Antes del funcionamiento de esta vía, el principal medio de transporte era el tren entre Santa Cruz y la frontera brasileña. San José es la zona de expansión agrícola de la soya que avanza desde Pailón, norte de Santa Cruz de la Sierra.
En el otro extremo de la carretera, es decir en el municipio de San Ignacio de Velasco, los interculturales lograron un concejal que fue elegido como presidente del Honorable Concejo Municipal, un intercultural y maestro rural llamado Víctor Flores, representante del Movimiento Al Socialismo. En la primera semana de diciembre no estaba en la ciudad, había apagado su celular y se había ausentado sin pedir permiso ni dar explicaciones a La Paz, criticaban sus colegas concejales por la radio local.
“La agricultura solo te da, no te pide nada»
“En los incendios de 2019 estuvimos afectados, se quemó la mayor parte del monte, también nos apretó la sequía en ese tiempo. Tuvimos que largar a los animales porque si los hayamos tenido presos tal vez se hayan muerto. Los largamos para que busquen dónde comer porque no contamos con pasto, no tenemos forraje”, dice Isolina Cuperanti Villa, una mujer de 42 años, con una voz que parece que está hecha para mecer a un niño antes de dormir.
Isolina es de la comunidad Santa Isabel, municipio de San Matías, y por ahora tarda 10 horas en salir desde su comunidad hasta San Ignacio de Velasco, donde ha llegado invitada por una oenegé para participar de una capacitación.
Las comunidades que están al borde de la carretera San José de Chiquitos-San Ignacio de Velasco reportan pocas afectaciones por los incendios de los últimos tres años. El principal motivo es que en el tramo están asentadas grandes propiedades privadas y colonias menonitas que han eliminado el bosque con anterioridad para instalar pastizales para el ganado o sembrar soya.
Santa Isabel tiene problemas para acceder al agua como cualquier comunidad en la Chiquitanía. Este 2021 también se quemó parte de la comunidad. “La única parte que no quemó fue del monte alto donde los ganados se metían para comer hojas, así sobrevivieron los animales”, dice. Hasta ahora no saben de dónde vino el fuego, pero los soldados de la zona dijeron que de las estancias más lejanas.
El gobierno ha introducido un programa de módulos ganaderos en las comunidades, donde los participantes deben formar grupos para recibir una determinada cantidad de vacas.
“Un módulo ganadero es un grupo compuesto por 10 o 5 personas, ellas cuidan los animales. Las vacas que tenemos son del gobierno y eso rota dentro de la comunidad. Después de 5 años, tenemos que generar otro (hato) igual para dar a otro grupo de la misma comunidad. Las vacas viejas mayores quedan para repartirse entre los grupos”, dice Isolina.
Ella no hace cálculos de costos ni ganancias. El hecho es que los animales subsisten con dificultad y los comunarios no pueden aprovechar la leche para producir queso porque la necesitan toda para garantizar el crecimiento de las crías. “En este tiempo de lluvias, engordan. Es a cuidarlas nomás”, relata con una voz que no se perturba por ninguna penuria.
Según cuenta, en su comunidad no queman monte virgen y hacen barbecho, lo que implica reutilizar la tierra que tuvo descanso por dos o tres años sin llegar a haber logrado reconvertirse en bosque.
Y a pesar de la sequía, en su comunidad sí logran sembrar en tiempo de lluvias la yuca, maíz, frejol, joco (especie de zapallo), sandía y plátano. “La yuca la hacemos harina para vender, el almidón lo sacamos para consumo propio. El maíz también se vende”, explica.
Eso no evita que, en el tiempo de sequía, los comunarios se vayan a trabajar a las estancias como peones o pasen hasta Brasil para trabajar como albañiles o en lo que encuentren.
“La agricultura solo te da, no te pide nada a cambio. Si trabaja en la agricultura, todo es para usted. De la agricultura saca comida, saca para vestirse, para pagar agua, para pagar luz. Los patrones dan, pero no es todo el tiempo”, explica Isolina que ahora, con sus hijos a punto de ir a vivir sus propias vidas, ha terminado la secundaria y comienza a participar de las actividades de gestión de su comunidad.
