En distintos países de América Latina, la expansión de proyectos mineros y energéticos ha generado graves impactos ambientales y sociales. Desde la contaminación de ríos y lagos en Bolivia hasta el desplazamiento de comunidades en Brasil, Colombia y Ecuador, estos proyectos avanzan muchas veces sin evaluación ambiental ni consulta previa.

Las consecuencias afectan directamente a poblaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes, alterando sus medios de vida, acceso al agua y prácticas culturales. Frente a ello, crecen los conflictos y la resistencia de comunidades que exigen ser escuchadas y participar en decisiones sobre sus territorios.