En Bolivia, pese a que las autoridades hablan de derechos, las empresas extractivas siguen criminalizando a las personas que defienden el medioambiente y su territorio.

En el marco del proceso penal contra los defensores de Tariquia, YPFB y Petrobras Bolivia presentaron una apelación contra la decisión del juez de Entre Ríos que en una audiencia el pasado 24 de junio determinó libertad irrestricta para los defensores de Tariquía, aunque decidió dar continuidad al proceso penal. La apelación fue denegada por la sala penal II del Juzgado Departamental de Tarija, argumentando defectos procedimentales.

Sin embargo, el hecho de que estas dos empresas petroleras estatales persistan en la criminalización contra los defensores ambientales de Tariquía es muestra de una actuación errática de ellas y contraria a los compromisos y obligaciones que los estados de Bolivia y Brasil han asumido para proteger los derechos ambientales y, particularmente, proteger a los personas y organizaciones que defienden el medioambiente y el patrimonio natural.

Además del Acuerdo de Escazú, la recientemente Opinión Consultiva 32/25 sobre Emergencia Climática y Derechos Humanos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece claramente la obligación de los Estados para proteger a los defensores ambientales:

En virtud del derecho a defender los derechos humanos, los Estados tienen un deber especial de protección hacia los defensores de los derechos ambientales que se traduce en obligaciones concretas, incluyendo, entre otros aspectos, protegerlos, investigar y, en su caso, sancionar los ataques, amenazas e intimidación en su contra, y contrarrestar la “criminalización” de la defensa del medio ambiente…

(OC 32/25, párr. 18, p. 232).

Pone en claro que las empresas estatales deben cesar el injusto proceso penal contra los defensores ambientales de Tariquía.