En Bolivia las resistencias por el territorio, la Naturaleza y los Derechos Humanos en contextos extractivos son lideradas en su mayoría por mujeres.
El rol que juegan siendo sostén de sus familias y como voz de denuncia frente al Gobierno y empresas privadas las expone a riesgos que quedan en gran parte impunes.
Entre 2015 y 2022 defensoras ambientales han sido víctimas en sus propias comunidades de ataques físicos, estigmatización y difamación por mencionar algunos casos.
El quebrantamiento del sistema judicial y su dependencia del poder político gobernante, las coloca en una situación de desprotección e incertidumbre.
La cooptación de sus organizaciones y la falta de garantías desde el propio Estado boliviano ha generado un panorama cada vez más violento para ellas.
Como respuesta a estas vulneraciones, han optado por la autoprotección colectiva y los procesos de articulación y fortalecimiento locales.
A pesar de la crisis se sigue apostando por un modelo económico que depreda áreas protegidas y profundiza la brecha de desigualdad, pobreza y vulneración de derechos de pueblos indígenas.
Defensoras han denunciado el doble discurso del respeto por la Naturaleza y los derechos indígenas del Gobierno: la realidad en Bolivia es totalmente diferente.
En 2022 se firmó el Acuerdo de Escazú, que vela por la justicia y derechos para los defensores, sin embargo, son los intereses privados y del propio Gobierno que prevalecen por sobre el bienestar de la población. ¿Qué o quienes los protegen?
Compartimos el Informe Defensoras, una sistematización que resume las amenazas y riesgos a las que se exponen las protagonistas de las diferentes resistencias frente al extractivismos en Bolivia. Descárgalo a continuación:
