En San Ignacio de Velasco, ocho comunidades indígenas denuncian graves afectaciones a su salud y medio ambiente por el uso intensivo de agrotóxicos en fumigaciones aéreas. Los testimonios recogidos evidencian la responsabilidad del Estado boliviano por el incumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos, ambientales y sanitarios. La exposición constante a sustancias tóxicas ha degradado sus territorios, afectando los sistemas de vida tradicionales y poniendo en riesgo su supervivencia colectiva.

Ante esta situación, se exhorta al Estado a cumplir con su normativa nacional e internacional, garantizar la protección del medio ambiente y la salud, y detener el uso indiscriminado de agrotóxicos. Asimismo, se solicita al Relator Especial sobre Sustancias Tóxicas, Marcos Orellana, una visita in situ y el establecimiento de un diálogo con las autoridades bolivianas para impulsar medidas urgentes.

Las recomendaciones incluyen: regulación estricta de las fumigaciones, estudios sobre degradación ambiental, prohibición del privilegio de confidencialidad en el comercio de plaguicidas, fortalecimiento de la participación comunitaria y protección prioritaria a mujeres, niños y adultos mayores.

El documento concluye con un llamado a la corresponsabilidad de las empresas y al fortalecimiento del sistema de salud para atender los casos de intoxicación y contaminación.