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Petropress 28 | La Ley 222 afecta radicalmente a la Consulta Previa

Detrás del caso TIPNIS, el objetivo del gobierno es eliminar los territorios indígenas, los derechos indígenas y las áreas protegidas. No sólo forzando el manejo irresponsable de la legislación y recurriendo a la represión violenta injustificada, sino también movilizando a sectores o grupos sociales contra aquellos que se le oponen, en este caso contra los indígenas.

El Gobierno busca eliminar territorios y derechos indígenas mediante la Ley 222, que anula la Ley 180 y compromete la consulta. Esta ley, gestionada por ministerios con intereses propios, no cumple con el Convenio 169 de la OIT y limita el derecho a una consulta informada, favoreciendo proyectos que afectan a los pueblos indígenas.

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