La ONU advierte sobre riesgos para la libertad de asociación en Bolivia.
La relatora especial Gina Romero expresó su “profunda preocupación” por los Decretos Supremos 5673 y 5675. Advierte que las nuevas normas podrían aumentar el control estatal sobre las organizaciones de la sociedad civil, limitar su autonomía e imponer cargas administrativas.

También cuestiona la falta de procedimientos y garantías claras para suspender o revocar registros, así como la posibilidad de condicionar el trabajo de las organizaciones a las prioridades del Estado.

La relatora pidió al Gobierno explicar cómo estas disposiciones se ajustan a las obligaciones internacionales de Bolivia en materia de derechos humanos y qué garantías protegerán a las organizaciones frente a posibles medidas arbitrarias.