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Minería en Áreas protegidas y territorios frágiles de Bolivia

1.  Área Natural de Manejo Integrado Apolobamba

El ANMI Apolobamba, es una de las reservas naturales de carácter nacional más afectadas por la actividad minera aurífera. En los últimos años se han profundizado las actividades en varias zonas del área protegida, llegando a destruirlas y donde nunca más, podrán recuperarse sus características y cualidades ambientales.

Mapa de la actividad minera de 2012 y su comparación con 2018.
Las actuales políticas nacionales están propiciando el incremento de áreas mineras en esta reserva natural.

La continua otorgación de derechos mineros y consolidación de los existentes representan un alto riesgo para esta área protegida. Los impactos de la minería pueden evidenciarse en las diferentes ecorregiones que componen el ANMI Apolobamba y es evidente que continúan asentándose y masificándose proyectos de explotación aurífera, afectando los principales ríos y cuencas, generando alto impacto ambiental.

      


 

2. Municipio de Mapiri, La Paz

El municipio de Mapiri es una zona de extracción aurífera, que ha traído consigo una gran problemática ambiental que no puede contenerse ni remediarse con los irrisorios montos de regalía municipal que reciben.

Los datos del Senarecom señalan que Mapiri, recibió el año 2020 la suma de 2,6 millones de bolivianos y 4,58 millones de bolivianos en 2021. Montos por demás indignantes para el nivel de destrucción y devastación que tiene que soportar el sector.

Cambios en la cobertura vegetal desde 1990 por incremento de actividad aurífera en en Mapiri.
La promulgación de la Ley minera 535 ha constituido en uno de los hitos más preocupantes en relación a las políticas de Estado y esta actividad.

La Ley fue construida con y para los actores mineros y no contempla la diversidad social y ambiental de nuestros territorios.  Estas políticas se pueden representar a partir de la desnaturalización de varias zonas en el país, en este caso el municipio de Mapiri, el cual ha sido casi completamente definido como área minera (entre contratos entregados antes de la Ley 535, contratos actuales, adecuaciones, solicitudes, reserva de áreas y compatibilización de derechos mineros).

Esta desnaturalización territorial y social constituye en una amenaza para los equilibrios existentes en las zonas que están siendo afectadas con el avance indiscriminado de la minería, mas aun cuando cada vez existen menos restricciones para obtener derechos mineros.

   


3. Amazonía boliviana. Río Beni y río Madre de Dios.

Datos a diciembre de 2022, revelan que son 2533 cuadrícula comprometidas a lo largo del río Madre de Dios en los municipios de Riberalta y Guayanamerín. Ésto representa 63.525 hectáreas que serían explotadas para la extracción de oro.

Aunque muchos de estos derechos todavía están en trámite para la obtención del contrato respectivo, varias de ellas se encuentran operativas y representan un alto riesgo a la estabilidad ambiental y social de esta parte de la amazonia boliviana.

Desde la aprobación de la Ley minera 535 en 2014, la proliferación y avance de la minería ha sido impulsada por políticas estatales que, hasta estos días, continúan favoreciendo al sector minero, posibilitando operaciones y entrega de derechos en marco de una normativa favorable y flexible.

Ya es un hecho, que todo el curso del río Beni y Madre de Dios esta siendo entregado como derecho minero, principalmente a empresas privadas. Y no solamente la parte de los ríos, sino también sectores adyacentes. Esta realidad se replica en otras cuencas y ríos amazónicos comprometiendo incluso países vecinos como Perú, Brasil y Colombia.

Mapa realizado con datos de la AJAM 2022.