Caso Sipotindi: consumación de hechos que las comunidades vienen denunciando hace tiempo
La mañana del viernes 22 de mayo de 2020, el periódico Correo del Sur, citando una nota de prensa de YPFB, publica la confirmación oficial que hace la empresa estatal petrolera de tres casos positivos de Covid-19 en el pozo Sipotindi X-1, en el municipio chuquisaqueño de Macharetí[1].
Por información directa de pobladores, ratificada a este medio el mismo 22 de mayo por el Alcalde de Macharetí, el señor Eduviges Chambaye, se pudo saber que la reacción de los responsables de la empresa fue tardía, puesto que, desde hace más de 2 semanas, algunos trabajadores y comunarios ya habían denunciado de la existencia de posibles casos de COVID entre los trabajadores, gran parte de ellos provenientes de otros lugares, particularmente de Santa Cruz.
Las observaciones de las autoridades y población locales señalan su preocupación por la aparente poca efectividad de las medidas de bioseguridad que deberían asumir las empresas involucradas en el proyecto exploratorio hidrocarburífero en Sipotindi, particularmente YPFB y la empresa subcontratista china Sinopec International Petroleum Servicie S.A.
El Alcalde Chambaye manifiesta que “como el personal de estas empresas viene de Santa Cruz, la falta de medidas estrictas de bioseguridad pone en riesgo la salud de todos los trabajadores y de la población local”.
Denuncias de comunidades del entorno del Campo Petrolero Los Monos
Este hecho se suma a otras denuncias de similares características que ya hicieron comunarios y representantes de organizaciones cívicas en localidades vecinas, dentro y en los alrededores del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado Aguaragüe.
En el mes de abril pasado, varias personas del entorno del campo Los Monos, en las comunidades Iyambae, La Costa, Tricolor, El Puente Capitán Ustariz, entre otras, denunciaron que vieron entrar y salir camionetas con trabajadores.
El 17 de abril, E. C., una informante de la comunidad Iyambae, que pidió reserva por temor a amenazas de represalias que recibió de altas autoridades del ministerio de Hidrocarburos, relató a este medio que vio como unas 20 personas en 3 camionetas realizaban este ingreso, lo cual confirmaba sus sospechas de la realización de cambio de turnos del personal, es decir entran nuevos trabajadores y salen otros. Ello, según la informante, pone en riesgo la salud de las comunidades, pues los trabajadores son de distintos puntos del país (particularmente Santa Cruz), lo cual señala que no se está respetando la Cuarentena.
Los cambios de turnos implican romper las restricciones de la cuarentena. Y si bien las altas autoridades han dicho que se están cumpliendo los protocolos, las comunidades exigieron poder verificar ese cumplimiento.
Asimismo, esta misma informante relató que vieron varias camionetas (probablemente de la empresa Servipetrol, subcontratista de la Empresa Chaco, y probablemente de otras empresas también), trasladando gente por caminos que fueron cerrados por las comunidades guaranís, justamente precautelando su salud en la Cuarentena. Esas camionetas estarían violando esos cercos a los caminos de acceso a comunidades indígenas. Sin embargo, este hecho no lo pudo verificar, debido a la inmovilización por la cuarentena.
El caso de las comunidades del entorno del Megacampo Margarita
El mismo 17 de abril, S.T. una autoridad local de las comunidades del entorno del Megacampo Margarita (Palos Blancos, Yuati, Itaparara, Zapaterandía, Cumandaroti, Puerto Margarita, entre otras) denunció a este medio que, desde el inicio de la Cuarentena, las empresas subcontratistas de REPSOL, entre ellas CUAPECOM; IST; Río Nuevo; Carlos Caballero, continuaron desarrollando sus actividades con total normalidad.
Ella manifestó que existe una gran preocupación en la población e incluso dentro de los trabajadores de la Planta por estas actividades normales de las subcontratistas, puesto que siguen realizando rotación de turnos de personal, lo que implica que llega y sale gente del interior, sobre todo de Santa Cruz. No se sabe si hay algún control sanitario a esas personas.
S.T., aclara que trabajadores de algunas de esas empresas se hospedan en el mismo pueblo y también en el Campo Margarita hay gente de las comunidades locales que trabajan ahí, por lo que las interacciones son frecuentes entre población y trabajadores. Por ello, el riesgo de contagio está latente.
Asimismo, los pobladores y los trabajadores de la Planta ven que continúan ingresando camiones con materiales, incluso materiales importados, muchos desde Chile. “Por las medidas de la Cuarentena todas esas actividades deberían estar paralizadas, pero no es así”, afirma nuestra informante[2].
En ambos casos (comunidades del entorno del Campo Los Monos y comunidades del entorno de Margarita), las informantes relatan que se sienten amenazadas con procesos judiciales por autoridades del ministerio de Hidrocarburos.
La CONTIOCAP se pronunció sobre estas denuncias en el Aguaragüe[3]
En un pronunciamiento público emitido el pasado 20 de mayo, la Coordinadora Nacional de defensa de Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas, CONTIOCAP, se refirió específicamente a las denuncias de persistencia de actividades extractivas hidrocarburíferas (o actividades paralelas o complementarias) pese a la emergencia sanitaria, y con serias dudas sobre las medidas de bioseguridad, poniendo en riesgo a la población local. En el numeral 4 del Pronunciamiento 03/2020, la CONTIOCAP afirma:
Las actividades petroleras (y otras secundarias) en la región del Chaco y en especial aquellas que se vienen desarrollando al interior del Parque Nacional y Área de Manejo Integrado Serranía del Aguaragüe, han continuado durante la emergencia sanitaria, poniendo en zozobra a nuestras comunidades indígenas y campesinas. Ante la denuncia que realizamos, las autoridades nos han respondido en forma genérica afirmando que cumplen con los protocolos de bioseguridad, sin especificar qué tipo de protocolos vienen cumpliendo.
Cuestionamiento al extractivismo en Áreas Protegidas
La CONTIOCAP hace propicias estas denuncias en el Aguaragüe y en el contexto de la emergencia por el COVID19, para recordar al gobierno transitorio de la sra. Jeanine Añez, que muchas comunidades y pueblos indígenas del país, vienen exigiendo el cese de actividades extractivas en Territorios Indígenas y Áreas Protegidas, en cumplimiento de sus derechos reconocidos en la Constitución. Asimismo, la CONTIOCAP alerta sobre el riesgo que, tras la pandemia, la política económica del país no solo no abandone el extractivismo, sino con el pretexto de “reactivación económica” se amplíe e intensifique más la actividad extractiva, tan adversa a la garantía de los derechos de los pueblos indígenas:
Nos preocupa que en vez de anular el inconstitucional DS 2366 (20 mayo 2015), que abre nuestras Áreas Protegidas a la actividad hidrocarburífera, se esté haciendo todo lo contrario, aprobar nuevos decretos que atentan nuestra vida. Y sabemos que, superada la pandemia, con el argumento de reactivación de la economía, nuestros territorios y las áreas protegidas serán brutalmente atropellados por los gobiernos en sus distintos niveles, poniendo en mayor riesgo de exterminio a nuestros pueblos y nuestra gran diversidad biológica que poseemos como país.
“El gobierno debe abstenerse de tomar medidas que ponen en alto riesgo la salud pública”
En la parte final (numeral 9) la CONTIOCAP recomienda al actual gobierno que, “en cumplimiento de Convenios Internacionales, preste la debida atención a directrices de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH[4], en relación a garantizar los derechos de los pueblos indígenas en esta crisis generada por la pandemia COVID-19, y en las políticas económicas a futuro, basadas en la reevaluación del tipo de economías que ocasionó esta crisis”.
De la misma manera, entre las directrices que ha emitido la Oficina del Alto Comisionado para los DDHH de la ONU[5] está una muy precisa para la problemática que abordamos en este boletín:
El requisito de permanecer en cuarentena también exigirá que el Estado, en alianza con los pueblos indígenas, adopte medidas para controlar la entrada de personas no indígenas (…) en tierras indígenas[6]
Para superar el extractivismo, la CONTIOCAP destaca el hecho que los países desarrollados, escuchando las recomendaciones de científicos, están empezando a considerar “el retorno a la agricultura regenerativa con base en la conservación de la biodiversidad y la producción local, además de condiciones agrícolas justas”.
Recuerdan al gobierno de transición que:
Debe abstenerse de tomar medidas que ponen en alto riesgo la salud pública, la integridad de nuestros territorios y ecosistemas. Debe limitarse a administrar la transición política del país y coordinar las medidas de acción y prevención ante la epidemia del COVID 19.
Para informarse más sobre el tema:
-Jemio, Miriam Telma. La mancha negra se extiende en el Aguaragüe: https://www.connectas.org/la-mancha-negra-se-extiende-en-el-aguarague/
-Campanini, J., Villegas, P., Jiménez, G., Gandarillas, M. Las fronteras extractivas en Bolivia. El caso de la biodiversidad en el Aguaragüe. CEDIB, Cochabamba, 2014. Disponible en formato PDF en web: https://cedib.org/publicaciones/las-fronteras-extractivas-en-bolivia-el-caso-de-la-biodiversidad-en-el-aguarague/
-Video documental: CEDIB. Aguaragüe: Pasivos ambientales y nuevas operaciones hidrocarburíferas en el Parque. https://cedib.org/post_type_videos/aguarague-pasivos-ambientales-y-nuevas-operaciones-hidrocarburiferas-en-el-parque/
[1] https://correodelsur.com/local/20200522_ypfb-ratifica-informe-sobre-los-tres-casos-positivos-de-covid-19-en-sipotindi.html
[2] Esta denuncia la han venido haciendo también en otros medios: https://elpais.bo/transito-de-petroleros-crea-inseguridad-en-comunarios-de-palos-blancos/
[3] Texto del pronunciamiento en: https://www.facebook.com/contiocap/photos/pcb.871585986668751/871575086669841/?type=3&theater
[4] CIDH, Resolución nº 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, adoptada por la CIDH el 10 de abril de 2020 (Disponible en internet en: https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/Resolucion-1-20-es.pdf).
[5] «Directrices esenciales para incorporar la perspectiva de Derechos Humanos en la atención a la pandemia por Covid-19”, publicado el 10 de abril de 2020. (Disponible en internet en: https://oacnudh.hn/wp-content/uploads/2020/04/V1.1_Directrices_ONU-DH_Covid19-y-Derechos-Humanos-hn.pdf)
[6] “Directrices esenciales para incorporar…”, p. 5.
