El 26 de marzo, el pueblo de Camiri inició una Huelga General Indefinida con bloqueos de caminos, exigiendo la refundación de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la nacionalización de empresas transnacionales. Los camireños rechazaron la indiferencia de líderes autonomistas e indigenistas, y denunciaron el silencio cómplice del presidente del Comité Cívico de Santa Cruz y del prefecto, a pesar de los beneficios económicos significativos para el país.
Consciente del sacrificio de otros pueblos, Camiri enarbola la “Agenda de Octubre” y llama a unir fuerzas sociales en la lucha por una verdadera nacionalización e industrialización de los recursos naturales, crucial para el desarrollo y la seguridad energética. En respuesta a la huelga, el gobierno ha recurrido a la represión militar y policial, resultando en numerosos heridos y afectados, mostrando una vez más su tendencia a utilizar la violencia en lugar del diálogo.
